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Esta es la primera entrevista que usted, fiscal Betancur, da en medios. ¿Por qué?
Álvaro Betancur: las actuaciones de los jueces, los fiscales y los magistrados deben ser tan ajustadas al principio de legalidad y al debido proceso, que deben defenderse por sí solas en las instancias que corresponden, no en los micrófonos. Pero, en este caso particular, estimamos con el doctor Daniel Hernández que era necesario que la ciudadanía tuviera una versión nuestra sobre todas las infamias, calumnias y mentiras que han dicho ciertas personas, quienes han hecho de caja de resonancia de personas que están condenadas por estos hechos.
¿Creen entonces que esta es una campaña de desprestigio en su contra?
A. B.: en el grupo en el que me encuentro adscrito se manejan procesos de connotación nacional, como el caso Hyundai. Las circunstancias de estas investigaciones generan retaliaciones. Hemos tocado a personas importantes que, de una u otra forma, buscarán desacreditarnos.
Daniel Hernández: son tantos los enemigos que hemos hecho a través de estos años, que no podría determinar quiénes están detrás de todo esto, pero son enemigos de alto nivel y de alto poder. Ya pasó en el caso Odebrecht, donde se nos señaló de irregularidades en audiencias en las que ni siquiera participamos. Se ha manejado información errónea en otros casos para desprestigiarnos como fiscales.
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¿El exfiscal Néstor Humberto Martínez o algún superior suyo les ordenó o sugirió interceptar ilegalmente a alguien?
A. B.: no, jamás.
D. H.: nunca en mi vida recibí una orden así, si la hubiera llegado a recibir lo habría denunciado, porque no aceptaría que ningún funcionario superior jerárquico me ordene algo ilegal. Ni el doctor Eduardo Montealegre, ni el doctor Jorge Perdomo, ni el doctor Néstor Humberto Martínez, ni la doctora María Paulina Riveros me ordenaron o pidieron ninguna cosa, por mínima que fuera, que fuera ilegal.
A ustedes dos los relacionan como si fueran de las entrañas de Néstor Humberto Martínez. O, peor, como sus “vuelteros”. ¿Es así?
A. B.: nada más alejado de la realidad. no conocí al doctor Néstor Humberto Martínez antes de 2016. Llegué a la Fiscalía a trabajar al despacho de la doctora María Paulina. Y se me asignó el caso del contrato de estabilidad jurídica de Odebretch, del que Otto Nicolás Bula fue intermediario en busca de que se aprobara en el Ministerio. Como se sabe, el doctor Néstor Humberto era el abogado del concesionario para esa época. Y en una declaración bajo la gravedad del juramento, filmada en la cárcel La Picota, le pregunté directamente a Bula si el entonces fiscal general, de manera directa o indirecta, se había reunido con él para la época del contrato y si él le había participado en el trámite del lobby o del pago de coimas para esos efectos. El señor Bula respondió que él ni sabía quién era el abogado del concesionario.
D. H.: llevo más de 17 años en la Fiscalía, no soy de ninguna rosca.
Néstor Humberto Martínez fue abogado del principal investigado del caso Hyundai, Carlos Mattos. ¿Usted conocía de antemano esa relación laboral?
A. B: no, la desconocía. Me enteré por los medios. Esa investigación arrancó en 2016 y la recibí en enero de 2018, prácticamente dos años después. Ya venía caminando. Lo que hice fue empezar a dar las puntadas finales.
Ustedes afrontan dos escenarios judiciales. Uno ante el Consejo de la Judicatura, por cuenta de un anónimo. Otro por las declaraciones ante la JEP de dos exfuncionarios de la Fiscalía, reveladas por “Semana”. Los dos apuntan a lo mismo: que ustedes, supuestamente, estarían detrás de “chuzadas” ilegales. ¿Qué efectos causan estos señalamientos en sus procesos?
A. B.: impacta en nuestros casos porque hemos sido recusados. Están buscando que ya no seamos los fiscales de casos que ya se encuentran algunos en juicio, etapa preparatoria u otros que están por salir a la luz pública. El pasado lunes, por ejemplo, teníamos la audiencia de acusación de Laude Fernández, exdirector de inteligencia del DAS y exrepresentante legal de BRG (caso “chuzadas”), y su abogado radicó una solicitud de recusación ante la Fiscalía para separarnos de esa actuación. En ese caso soy el fiscal titular. Y este jueves, también en una audiencia preparatoria del juicio contra Álex Vernot (abogado de Carlos Mattos, acusado de haber ofrecido un soborno a un testigo del caso Hyundai), su defensor dijo que, ante los últimos acontecimientos, se veía en la necesidad de verificar si, efectivamente, su cliente había sido objeto de interceptaciones o seguimientos ilícitos por parte nosotros.
Pero, ¿acaso usted no haría lo mismo en la posición de esos abogados?
A.B.: No estoy criticando lo que ellos hacen. Simplemente digo que esto entorpece el trámite normal del proceso, porque esta audiencia preparatoria se hubiera podido terminar y seguiría el juicio oral. Pero ya esto va a demorar y dilatar más el caso.
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¿La conclusión de ustedes, entonces, es que los quieren sacar como sea de esos casos?
A. B.: claramente. Creemos que es una situación articulada, pues una cosa es consecuencia de la otra: las denuncias, las publicaciones en los medios que le han hecho eco a este tema y las recusaciones en los procesos que estamos adelantando. Aunque no puedo hacer un señalamiento directo sobre alguien.
D. H.: lógicamente, quieren desprestigiar la investigación que se adelanta por las interceptaciones ilegales (los casos contra Laude Fernández, el exfiscal Fabio Martínez Lugo, el analista Luis Carlos Gómez Góngora) y quieren desprestigiar al fiscal que inició esto hace más de seis años, quien recibió el apoyo de Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. De hecho, el fiscal Martínez ordenó una auditoría a todas las salas o sistemas de interceptación, cosa que nunca se había hecho en la historia de la Fiscalía. Aquí lo que se pretende es que no lleguemos a la verdad y que no podamos descubrir lo que está pasando en el interior del sistema y los tentáculos que tiene.
¿Quién está detrás de todo esto?
A. B.: puede ser una retaliación. Luis Carlos Gómez Góngora (uno de los denunciantes contra Betancur y Hernández) se encuentra privado de la libertad y purgando una condena por el trabajo que hicimos. Lo capturé, lo acusé y, a pesar de que se le había ofrecido principio de oportunidad con inmunidad total no quiso aceptar. Incluso se les ofreció protección para él y su familia con salida del país. Todo para que informara qué otras personas en la Fiscalía eran parte de esa red de interceptaciones ilegales. Nunca quiso hacerlo y ahora nos acusa.
D. H.: estoy seguro de que hay muchas personas en el interior de la Fiscalía preocupadas por hasta dónde iban a llegar estas investigaciones.
¿Qué lograron documentar sobre Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo, quienes ahora los acusan a ustedes de “chuzadores”?
A. B.: todo comenzó en 2018 con el caso de las “chuzadas”, en el que están procesados María Alicia Pinzón (conocida como la hacker), el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y el mayor (r) Luis Quiroga. Los tres empezaron a colaborar y entregaron 160 carpetas sobre los casos en los que hicieron supuestas interceptaciones ilegales. Ahí apareció el caso Avianca, y se encontró el número del capitán Julián Pinzón, miembro de la Asociación de Aviadores Civiles (Acdac). Con ese número se inició toda la investigación.
¿Y eso cómo se relaciona con las denuncias en contra de ustedes hoy?
A. B: el coronel (r) Salinas nos dijo que la información de Avianca le llegó a través del funcionario del CTI (Roberto Carlos) Montenegro. Al preguntarle a Montenegro, él nos contó que quien solicitó la información fue su jefe, Luis Carlos Gómez Góngora, uno de los coordinadores de las salas de interceptaciones. Fue quien se reunió con Laude José Fernández (exrepresentante de BRG) para que le ayudara a investigar a los miembros del sindicato de aviadores (Acdac).
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¿Ahí se dieron cuenta de que el sistema Esperanza fue vulnerado?
A. B.: empezamos a revisar los números que nos aportaron en las 160 carpetas para ver si se cruzaban con líneas interceptadas por la Fiscalía. A su vez, el exfiscal Néstor Humberto Martínez le ordenó a Marcela Yepes hacer una revisión a todas las salas de interceptaciones. Allí encontramos irregularidades en muchas líneas, entre ellas la del capitán Pinzón. Ahí empezamos a ahondar en cada uno de los procesos.
¿Creen ustedes que el atentado contra la doctora Marcela Yepes está relacionado con este supuesto plan para afectarlos como fiscales?
D. H.: tiene total relación. Hablé con la doctora Yepes después de su atentado y ella misma me advirtió que me cuidara, ya que ella sabía que era el fiscal de esas investigaciones. Con sus informes de auditoría pudimos descubrir las primeras interceptaciones ilegales del jefe de la sala (Diamante), Luis Carlos Gómez Góngora, y del exfiscal Fabio Martínez Lugo. No debe olvidarse que este caso inició porque nosotros solicitamos al Departamento de Interceptación de Comunicaciones que se nos informara si los 1.200 números de teléfono que encontramos en los archivos de las casas de interceptaciones de Ipiales y Cali habían sido interceptados por el sistema Esperanza de la Fiscalía. Mire, nunca hemos querido esconder nada. Al revés, nos fuimos de frente. Si hubiéramos tenido alguna clase de pecado no nos hubiéramos metido en la candela.
¿Cuántas irregularidades documentó la auditoría de Marcela Yepes?
Más o menos 2.700 números están en entredicho. Y hay una segunda auditoría que aún estamos verificando.
Todo el mundo habla del sistema Esperanza de la Fiscalía, que es el que graba. ¿Cómo funciona exactamente?
A. B.: la plataforma graba con base en la señal que envían los operadores de telefonía celular.
¿Cómo entra un número al sistema Esperanza?
A. B.: primero tiene que existir una noticia criminal en el sistema SPOA. El fiscal del caso debe dar la orden de interceptación, la cual se fundamenta en labores de los investigadores de campo. Son ellos quienes rinden un informe para justificar por qué una línea debe ser interceptada y deben explicar cómo obtuvieron ese número, identificar a quién pertenece y la importancia de la información que se conseguirá. Finalmente, se hace la solicitud ante el sistema Esperanza en un formato especial, que se diligencia con un lapicero de tinta azul para evitar que sea fotocopiado. Hay protocolos muy precisos. Eso no es así de simple como lo están mostrando.
¿Es posible que el registro de un número interceptado desaparezca?
A. B.: no. El mejor ejemplo es que el caso de las “chuzadas”, donde terminaron detenidos Gómez Góngora y Martínez Lugo, lo pudimos descubrir porque quedaron esas huellas digitales. Además, tras las denuncias de los últimos días, se logró verificar que el teléfono del negociador Álvaro Leyva fue interceptado en 2013, según el informe que presentó el fiscal (e) Fabio Espitia. Y eso se supo así de rápido porque hay una trazabilidad de todas las llamadas interceptadas.
¿No se puede borrar ningún número del Sistema Esperanza?
A.B.: No, porque la interceptación no la hace la Fiscalía, sino que se libra un oficio a los operadores de telefonía celular y ellos, a su vez, desvían las llamadas al sistema y ahí es cuando se realizan las escuchas.
¿Puede un funcionario de las salas de interceptación ser cooptado por una red ilegal para “chuzar” una línea y luego borrar el registro?
A. B.: no, es imposible, porque todo el sistema exige la trazabilidad. Además, todas las interceptaciones tienen control de legalidad por parte de los jueces.
Pero lo que demostró el caso de Luis Carlos Gómez Góngora es que, si bien el sistema Esperanza tiene protocolos, sí es vulnerable…
A. B.: no por el sistema, sino por las personas que lo utilizan. Si fuera, como se ha planteado en los medios, que en el sistema se puede obviar el trámite escrito y documental, y que cualquiera puede dar una orden verbal e interceptar, no hubiéramos podido capturar a Luis Carlos Gómez Góngora ni lograr su condena. Tampoco al exfiscal Martínez Lugo.
¿Existen salas de interceptación por fuera de la Fiscalía?
A. B.: no. Si existen, son ilegales.
¿Es fácil determinar si una línea telefónica fue “chuzada” ilegalmente?
A. B: es fácil siempre que se tenga el número telefónico, porque en los motivos para avalar esas órdenes de interceptación no siempre se dice de quién es la línea.
Si la corroboración de que ustedes no “chuzaron” a nadie es tan simple técnicamente, ¿por qué hoy están tan cuestionados?
A. B.: es una estrategia articulada. Hay personas que nos quieren sacar de los casos. El tema “chuzadas” no involucra solo a los que están procesados. Creo que solo se sabe un 5 % de lo que ocurrió. Son muchos años en los que se han cometido interceptaciones ilegales en la Fiscalía. Lo que queremos es limpiar la casa, establecer qué otras personas se han prestado para esto o si hubo omisiones en sus funciones. Ojalá la línea investigativa que trazamos no se trunque.
D. H.: del caso de las “chuzadas” solo se sabe el 1 %.
¿Y qué hacemos para conocer el resto?
D. H.: déjennos trabajar, por favor. Dejen trabajar a los fiscales que le hemos metido el pecho a esto y que hemos sido capaces de destapar la olla podrida. A Gómez Góngora y Martínez Lugo les faltan todavía varias imputaciones por lo que hicieron, y todavía faltan por revisar gran cantidad de números que posiblemente pueden ser interceptaciones ilegales.
¿Ustedes tienen la conciencia tranquila?
D. H.: totalmente.
A. B.: totalmente
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¿Acaso no hay más fiscales en la Fiscalía? ¿Por qué todos los casos difíciles les llegan a ustedes?
D. H.: hay muchos fiscales más berracos que nosotros. El problema es que no todo el mundo se le mide a esto. Precisamente por las consecuencias que estamos teniendo. Pero, claro, hay fiscales estupendos y valiosísimos para la entidad.
A. B.: Claro que hay grandes fiscales. Lo que pasa es que a nosotros nos tocaron casos muy mediáticos.
¿Cómo arrancó la amistad entre ustedes?
A.B.: Somos dos personas que quieren lo que hacen, que creen en la justicia y que le brindan un servicio a la comunidad. Daniel y yo comenzamos a trabajar en el caso de Otto Nicolás Bula, en junio de 2017, cuando fui designado por la doctora María Paulina Riveros. Yo venía de ser juez, pero Daniel toda la vida ha trabajado como investigador. Ahí nos volvimos amigos.
D.H.: Nos conocimos en el despacho de la señora vicefiscal por un amigo en común. Luego empezamos a trabajar algunos temas. Álvaro venía de ser juez en Roldanillo, Valle, algunas veces me consultaba sobre algunos aspectos de la Fiscalía. Pronto empezamos una amistad, porque somos personas que tenemos las mismas afinidades, somos honestos, y podemos confiar ciegamente el uno en el otro.
¿Ustedes al menos reconocen errores en alguna de esas investigaciones que hoy les cuestionan?
D. H.: no hemos cometido errores, hemos tenido la mala fortuna de estar frente a procesos connotados y publicitados. La gente ha exigido cosas más allá de lo posible. En el caso Odebrecht hemos realizado una investigación fuerte y seria, hemos descubierto con Álvaro más de $65.000 millones en coimas, distintos a los US$11 millones que Odebrecht reconoció en Estados Unidos. Y aún así no parece haber sido suficiente, y aún así se considera que se está tapando. Nadie ha dicho que los brasileños no han querido contar la verdad, y eso no es culpa de Daniel Hernández o Álvaro Betancur, aunque siempre nos endilgan eso. Después llegamos a investigar el caso de Carlos Mattos, un proceso que estaba durmiendo el sueño de los justos, un caso que el doctor Álvaro reactivó con una sólida investigación.
¿Hoy cuál es su balance de todo esto?
D. H.: estoy aburrido, estoy mamado. Mire, llevo 17 años en esto, empecé como técnico judicial, amo esta profesión, pero estoy tan cansado que por primera vez en mi vida he pensado en renunciar. Aunque ahorita no puedo, porque mi familia depende de este trabajo.
A. B.: la verdad, esto es muy frustrante. Sobre todo para alguien como yo, que venía de ser un juez de un municipio pequeño en el norte del Valle. Cuando ves tu nombre en medios, cuando lees “el cuestionado fiscal”, es muy difícil asimilarlo, mucho más para la familia de uno. El llamado es también a la cordura para que los medios manejen la información de una manera más clara, sin apasionamientos.
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¿Qué les respondió el fiscal (e) Espitia cuando ustedes le pidieron ser investigados?
A. B.: no he hablado con el doctor Fabio. Con el señor vicefiscal (Jaime Camacho) sí, y es obvio que ya debe haber una investigación en curso.
¿Aceptarían apartarse de los procesos por los que hoy son cuestionados?
D.H.: no me gustaría dejarlos, me gustaría poderme ir dejándolos listos, con condenas, con una verdad para el país.
A. B.: creo que hemos hecho un trabajo importante. Mire, es como si ustedes tuvieran una investigación periodística y por algún señalamiento que hicieran contra ustedes todo el trabajo pasara a manos de otra persona. Así me siento. Si lo que buscan es sacarnos de los procesos, pues sepan que en la Fiscalía hay un grueso de fiscales trabajadores e inteligentes que continuarán desarrollando esta labor. Pero, personalmente, quisiera continuar.
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