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Por más de siete horas, los senadores y representantes estuvieron discutiendo únicamente proyectos que benefician a las mujeres en la que llamaron la “plenaria M”. Y aunque fueron numerosas las iniciativas que aceleraron su trámite e incluso lograron su aprobación, varias legisladoras y funcionarias alertaron que en el Congreso hay denuncias por violencia de género que no se están atendiendo debidamente.
La jornada en el Capitolio inició desde temprano y, mientras los senadores entraron a la plenaria, varias mujeres se encontraron con frases en los espejos de los baños que señalaban una presunta impunidad con los agresores de varias contratistas. “Los que protegen a mi jefe me acosan a mí”, “aquí a los acosadores les renuevan el contrato” y “la sororidad les quedó en discurso” fueron algunos de los mensajes que se leyeron por unas horas en los espejos antes de ser borrados.
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Eso no quedó allí, pues más tarde, un grupo de funcionarias se pararon frente a la plenaria de la Cámara para pedir acciones urgentes. Con letreros en manos señalaron que se trata de una problemática que ocurre desde “siempre”, pero que sigue sin atenderse a pesar de que hay herramientas.
En efecto, las mismas senadoras reconocieron que el protocolo que tiene la corporación para la atención de las víctimas de violencia de género no está funcionando correctamente, pues no cuenta con un presupuesto asignado o un equipo de abogados y psicólogos que lleve el proceso con las víctimas. Tampoco se conoce en qué han quedado las denuncias que han llegado vía correo.
De acuerdo con documentos a los que accedió El Espectador, desde la creación del protocolo, que fue hace un poco más de dos años, se han denunciado al menos nueve casos de violencia de género. De estos, siete corresponden a mujeres víctimas y dos a hombres con edades que oscilan entre los 21 y 28 años.
Lo que se sabe es que algunas de las denunciantes hacen parte de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de algún representante o senador, son personal de servicios generales o colaboradoras de algunas secretarías o direcciones del Congreso.
Entre esos casos está el de Tania Acero, quien aseguró que renunció a su puesto en la plenaria de la Cámara para no tener que ver más a su presunto agresor, el fotógrafo del Congreso Juan Camilo Díaz, quien optó, por recomendación de su abogado, por no dar declaraciones, pero previamente rechazó los señalamientos.
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Acero accedió al “Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual en el Ámbito Laboral y Contractual en el Congreso“ y también llevó el caso hasta la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y otras entidades.
“Tengo una denuncia por violencia sexual, de género y acoso. Accioné la ruta de violencia en el Congreso, que dicta que se tiene que tener acompañamiento psicológico, debe haber abogado y hacérsele seguimiento al caso por parte de la víctima y el presunto victimario, pero nada de esto está sucediendo, no me han hecho seguimiento”, sostuvo Acero.
La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien ayudó a configurar la ruta cuando presidió la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, explicó que si bien dejó instalados varios mecanismos estos no han sido desarrollados.
“No hay acciones concretas y suficientes de prevención y sensibilización ni equipo especializado contratado para atender los casos, que lo hubo en su momento. No ha pasado nada de fondo, ni en la justicia ordinaria ni al interior del Congreso con los casos que atendimos, trasladamos y denunciamos”, mencionó.
Pizarro agregó que la problemática también la viven las mismas senadoras y mencionó que tiene una queja radicada en la Comisión de Ética contra el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) por presunto hostigamiento. Incluso, aseguró que tomará acciones legales por fuera del Legislativo debido a los gritos, comentarios y ataques del senador. Por su parte, Hernández ha venido asegurando que la congresista ha sido irrespetuosa con él.
Igualmente, las funcionarias denunciantes dejaron claro que son muchos más los casos que se han presentado al interior del Capitolio, pero por temores a represalias o a la exposición mediática las víctimas han preferido callar y no activar la ruta o emprender medidas legales.
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Esto lo amplía la abogada Paulina Beltrán, quien le hizo un estudio al protocolo y mencionó que se puede estar hablando de un subregistro de casos por lo mencionado, las mismas fallas del mecanismo e incluso debido a las relaciones de poder que hay en el Congreso.
“Tenemos casos en las que han encerrado a asesoras en las oficinas, otro sobre uno de los pasantes de la Comisión Séptima que tiene antecedentes de acceso carnal violento y estuvo acosando a varias mujeres. El protocolo no asegura el anonimato, tampoco hay un proceso sancionatorio”, dijo Beltrán.
Igualmente, el protocolo no establece con precisión las funciones que debe asumir el Congreso y las direcciones, pues estas se superponen entre la Comisión Legal, las direcciones administrativas y la Presidencia de Senado y Cámara, cuyo presidente, Jaime Raúl Salamanca, pidió a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas.
Fue un buen día para muchas iniciativas legislativas (la ley de huérfanos por feminicidio, actualización de la Ley de Mujer Rural, sanción a la prácticas de conversión), pero las mujeres dejaron claro que sería poco lo que se está haciendo en el recinto para frenar los abusos y agresiones contra ellas.
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