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Desde hace algunos días la molestia y la incomodidad rondan entre la mayoría de magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿La razón? Una “jugadita” —al menos así fue interpretada en el alto tribunal— de la defensa de Arturo Char Chaljub, expresidente del Congreso, investigado por presunta corrupción electoral en el Atlántico. Dicha maniobra jurídica buscaba excluir del conocimiento de ese expediente, quizás uno de los más importantes y complejos que estudia hoy la Corte, al magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles.
La historia es así: José Luis Barceló, expresidente de la Corte y defensor de Arturo Char, designó hace algunas semanas como su abogado suplente a Raúl Cadena Lozano. Esto no tendría nada de extraordinario si no fuera porque Cadena Lozano es gran amigo del magistrado Alarcón Granobles, al punto de que este ya se había declarado impedido en otro proceso donde Cadena Lozano figura como defensor.
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Se trata del caso de Óscar Barreto Quiroga, exgobernador del Tolima y actual senador conservador, llamado a indagatoria por la Corte Suprema por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por presuntas irregularidades en 12 contratos por casi $35.000 millones. El magistrado Héctor Alarcón Granobles manifestó su impedimento ante la Sala en ese expediente, donde Raúl Cadena Lozano aparece como defensor principal del congresista Barreto Quiroga. Allí aseguró que ha tenido “vínculos fraternales y de hermandad” con el abogado Raúl Cadena Lozano desde hace más de 25 años, cuando ambos coincidieron como magistrados auxiliares de la Sala de Casación Penal. Además, añadió, esa amistad ha perdurado en el tiempo, a tal punto de compartir con frecuencia escenarios familiares. La Sala de Instrucción estudió la petición del magistrado Alarcón y el 15 de junio pasado aceptó apartarlo de ese proceso.
A pesar de semejante antecedente, Raúl Cadena Lozano se sumó a la defensa legal de Arturo Char Chaljub en calidad de abogado suplente de José Luis Barceló. Su aterrizaje en el proceso fue apenas hace un mes, cuando la Sala de Instrucción ya había decretado el cierre de la etapa de investigación y se disponía a valorar si había mérito o no para acusar al poderoso exsenador barranquillero por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Antes de la llegada de Cadena Lozano al caso, el magistrado Héctor Alarcón había participado en la discusión del expediente. Estuvo de acuerdo con que se abriera investigación formal contra el detenido exparlamentario en noviembre de 2022 y que se ordenara su captura en septiembre de 2023. También participó en el debate en el que la Sala resolvió la situación jurídica de Arturo Char Chaljub con medida de aseguramiento en centro carcelario.
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En otras palabras, el magistrado Héctor Alarcón venía sumándose al voto mayoritario de la Sala en contra de los intereses de Arturo Char Chaljub. No obstante, tras la designación del abogado Raúl Cadena como defensor suplente hace un mes, el jurista Alarcón se vio en la obligación de declararse impedido. La Sala de Instrucción analizó con detenimiento el asunto, y aunque en el proceso del senador Óscar Barreto le aceptó el impedimento y lo apartó del caso, en este proceso no lo hizo, pues consideró que, justamente por su amistad con el abogado Cadena Lozano, se había fabricado un escenario para sacarlo por la puerta de atrás del expediente. Una “jugadita” jurídica que le salió al revés a la defensa del exsenador Char Chaljub. Dicho de otro modo, el abogado Raúl Cadena sabía que al aceptar esta defensa lo más probable era que la Corte excluyera del expediente a su amigo Héctor Alarcón, como aconteció con el proceso del senador Óscar Barreto.
No obstante, ocurrió lo contrario. El 24 de noviembre, los magistrados Marco Antonio Rueda, Misael Rodríguez, César Reyes Medina y el conjuez Jorge Enrique Gutiérrez negaron el impedimento de su colega Héctor Alarcón. La magistrada Cristina Lombana fue la única que se apartó de la decisión mayoritaria (Francisco Farfán, el otro magistrado, está de licencia por el escándalo del caso Gnecco). El Espectador estableció que la Corte llamó la atención en su decisión sobre el principio de “lealtad procesal”, que obliga a abogados y operadores de justicia a obrar de manera recta y proscribe cualquier tipo de trampa, recurso torcido, artimaña o inmoralidad. En ese sentido, sostuvo la Corte, la “lealtad procesal” puede resultar vulnerada si se fabrica un impedimento, como ocurrió en este episodio. Es decir, la Corte interpretó esto como una estrategia contra el magistrado Héctor Alarcón y por eso no aceptó apartarlo del caso Arturo Char.
La Corte lo puso más o menos en los siguientes términos: si un abogado provoca una situación como esta no puede pretender que su amigo magistrado se separe del conocimiento de un proceso en el que venía tomando decisiones en derecho. La Corte, de hecho, citó en su decisión una sentencia emblemática de la Corte Constitucional al respecto: “La creación de causales de impedimento del juez, a voluntad del sindicado cuando el proceso ya está en marcha, no es otra cosa que una expresión de deslealtad procesal que debe ser proscrita y sancionada”. Así mismo, el alto tribunal citó el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que dice que no habrá lugar a impedimento cuando surja del cambio de defensor de uno de los sujetos procesales. Aunque la Corte no acusa a los abogados José Luis Barceló y Raúl Cadena de hacer una “jugadita”, ni tampoco pide investigarlos, esta decisión claramente es una constancia de su molestia por su comportamiento.
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El Espectador buscó al exmagistrado José Luis Barceló, defensor titular de Arturo Char, pero no fue posible una comunicación; sin embargo, fuentes cercanas a él manifestaron que él es un jurista respetado y jamás acudiría a acciones desleales para defender sus causas. Explicaron que Darío Bazzani Montoya, defensor suplente que venía acompañándolo, tuvo que retirarse del caso para atender asuntos académicos en la Universidad Externado y que, por esa razón, buscó a su amigo Raúl Cadena Lozano, quien había trabajado con él como magistrado auxiliar en la Corte, para que fuera abogado suplente. Además, porque sabía que Cadena Lozano ya había defendido antes al exsenador Char, por lo que conocía del proceso. Este diario también buscó al abogado Raúl Cadena, quien manifestó que no se pronunciaría sobre la decisión de la Corte. “No es mi estilo como abogado litigar en medios. Todo lo que le tendremos que decir se lo diremos a la Corte”, dijo.
Hay otra particularidad: en las confesiones de la excongresista Aida Merlano ante la justicia sobre la supuesta empresa criminal que lideraron Arturo y Alejandro Char, Julio Gerlein y otros para comprar votos en el Atlántico, resultó salpicado el abogado Raúl Cadena Lozano, así como dos litigantes más: Diego Muñetón y Teodoro Deyongh. Según Merlano, los tres la visitaron en la cárcel El Buen Pastor como presuntos emisarios de la familia Char y de Julio Gerlein para transmitirle ofertas de dinero a cambio de su silencio. El pasado 19 de octubre, por el presunto delito de soborno en actuación penal, fueron citados a diligencia de imputación por parte de la Fiscalía los abogados Muñetón y Deyongh y el empresario Julio Gerlein, pero no se pudo realizar la audiencia porque Muñetón fue el único que se conectó a la diligencia. Todavía no se ha reprogramado esta imputación. En cuanto al abogado Raúl Cadena, su caso sigue en indagación preliminar en la Fiscalía.
Por estos hechos, el pasado 5 de octubre la Comisión de Disciplina Judicial les formuló cargos a los abogados Muñetón y Deyongh. No obstante, declaró la prescripción disciplinaria de la investigación a favor de Raúl Cadena Lozano, pues pasaron más de cinco años desde que ocurrieron los hechos denunciados —su visita a Merlano en El Buen Pastor, en septiembre de 2018— sin que se hubiera llegado a un fallo de fondo. Antes de que se cerrara su caso en ese organismo judicial, Cadena arremetió contra Merlano, enumeró un listado de supuestas contradicciones en sus versiones y señaló: “La mejor aliada de la señora Merlano es la calumnia”. Tras haber sido exonerado por prescripción en ese caso disciplinario, Raúl Cadena Lozano se sumó a la defensa de Arturo Char ante la Corte, lo que dio origen a la controversia que ha relatado este artículo. Para el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Aida Merlano, “el señor Cadena es un abogado sin escrúpulos”.
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Más allá de esta controversia sobre el abogado Raúl Cadena y la jugadita que le salió mal a la defensa de Arturo Char, hace poco tuvo lugar otro episodio en la Sala de Instrucción de la Corte. El pasado 28 de noviembre, cuatro días después de no haber aceptado el impedimento del magistrado Héctor Alarcón, y con el voto suyo, el alto tribunal negó la petición de la defensa del exsenador para que se revocara la medida de aseguramiento. La Corte advirtió que su privación de la libertad es necesaria a fin de asegurar las pruebas del caso. A esa conclusión llegó tras valorar las evidencias y las graves acusaciones que obran contra Arturo Char, de su hermano Alejandro (alcalde electo de Barranquilla por tercera vez), del empresario Julio Gerlein, de la excongresista Merlano Rebolledo y de su entonces fórmula política Lilibeth Llinás, entre otros, en el sentido de participar presuntamente de un acuerdo criminal para torcer las elecciones regionales en el Atlántico en marzo de 2018.
En resumen, a pesar de su amistad con el abogado Raúl Cadena, el magistrado Héctor Alarcón Granobles no pudo ser apartado del expediente contra el exsenador Arturo Char Chaljub y será uno de los juristas que decidirá en los próximos meses si se le acusa o no por los presuntos delitos que hoy lo mantienen tras las rejas. Un dato final que resulta clave para entender todo este asunto: dado que los magistrados que integran la Sala de Instrucción son seis, la mayoría para tomar decisiones se logra con cuatro votos. Actualmente solo hay cinco magistrados debido a la licencia que pidió Francisco Farfán para defenderse por su caso. Son Misael Rodríguez, Héctor Alarcón, César Reyes, Marco Antonio Rueda y Cristina Lombana, de los cuales la magistrada Lombana fue la única que salvó su voto cuando la Corte resolvió dictarle medida de aseguramiento al exsenador Arturo Char Chaljub, el 4 de septiembre pasado.
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