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Desde que Concepción Baracaldo asumió como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en septiembre de 2022, su nombramiento ha sido blanco de críticas. Su poca experiencia en la protección de niños, niñas y adolescentes parece haberle costado el cargo. Ayer el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que aceptaba su renuncia y que en su reemplazo estará Astrid Cáceres, quien venía desempeñándose como subdirectora de la entidad. (Lea: ¿Quién es Astrid Cáceres, nueva directora del ICBF?)
“Saludo el nombramiento de Astrid Cáceres como directora de ICBF. ¡Su trayectoria asegura que los programas para los niños se cumplirán! ¡Por favor mire hacia La Guajira!”, trinó la senadora Aída Avella. El senador David Luna, por su parte, aseguró que Petro acertó en solicitar y aceptar la renuncia de Baracaldo y añadió que “la designada Astrid Cáceres tiene experiencia, capacidad y competencia. Ojalá logre reencaminar el objeto de la institución: proteger a los niños colombianos”.
Cáceres, profesional en educación infantil con maestría en educación y desarrollo comunitario, había asumido hace unas semanas como subdirectora general para atender las denuncias de violencia sexual contra niños indígenas en Guaviare. En esta zona también lideró la investigación del ICBF sobre violencia sexual, la cual estableció que, en los últimos cuatro años, se reportaron 69 denuncias penales por afectación a las comunidades jiw y nukak.
Durante la alcaldía de Petro fue subdirectora de Primera Infancia en la Secretaría de Integración Social. También formó parte de su equipo para el empalme de Presidencia en temas de inclusión social y reconciliación, de la subdirección de Calidad para la Primera Infancia del Ministerio de Educación. Además fue consultora de Unicef, contratista en el Fondo Colombia en Paz para el proyecto del servicio de desarrollo infantil en medio familiar en entornos rurales en municipios PDET y docente. (Puede leer: Petro acepta la renuncia de Concepción “Concha” Baracaldo a dirección del ICBF)
Las problemáticas en la contratación del ICBF
No es la primera vez que el ICBF está en el centro del huracán por el nombramiento de directores que no tenían conocimiento sobre primera infancia, como sucedió con Baracaldo. “Elvira Forero la asumió entre 2006 y 2011, Diego Molano lo hizo de 2011 a 2013 y Karen Abudinen en 2017 y 2018, por nombrar algunos ejemplos. Hace muchos años una persona idónea no dirigía el Instituto, pero al menos se rodearon de gente que conocen de la infancia, de adolescencia y de contratación”, anota Ángela María Robledo, exrepresentante a la Cámara.
El problema no solo ha sido que algunos de los antiguos directores no contaran con la experiencia necesaria para el cargo. Asimismo, era problemático que nombraran a personas poco idóneas en cargos importantes. Para Ana María Ángel, exdirectora de Nutrición del ICBF, “desde que se posesionó Baracaldo las personas que estuvo vinculando no tienen ningún conocimiento del campo de acción de salud pública ni sobre temas relacionados con la niñez”. Recientemente, de hecho, se presentó la renuncia del subdirector Juan Carlos Urrutia y del secretario José Antonio Parrado.
A los ojos de Robledo, lo que ha sucedido es solo una muestra de las dificultades que ha enfrentado la entidad en los últimos años. “El ICBF tiene presencia en todos los departamentos, pero en muchos ha sido cooptado por políticos de la región y, aunque ya se ha puesto la alerta sobre el tema, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo en algunas regiones. Esto también pasa por la cantidad de recursos que maneja”, anota. (Le puede interesar: Álvaro González Hollmann es el nuevo director de Primera Infancia del ICBF)
De acuerdo con Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y quien ha sido una de las políticas más críticas con lo que está sucediendo en esta entidad, el presupuesto también es algo que no se puede perder de vista en esta conversación. Según cifras de la entidad, para 2023, el presupuesto del Instituto incrementó en un 6,25 %, que pasó de $8 billones a $8,5. Sin embargo, advierte, con la inflación con la que cerró 2022, que fue de 13,12 %, esta plata no es suficiente.
“Esto lo que implica es que el Instituto no puede comprar hoy lo que adquiría en 2022. Además, hay menos recursos para contratar a profesionales y centros de protección, para mantener los programas y para la alimentación de niños y niñas que están en hogares con madres comunitarias”, explica. Al no contar con el presupuesto necesario se suma un tercer problema: la tercerización y la precarización de trabajadores.
El estudio “Técnico y análisis de planta de personal”, que publicó en junio de 2022 la secretaría general del ICBF, señaló que “para cubrir la totalidad de la operación de la entidad se requieren 6.413 cargos adicionales a los 8.856 con los que cuenta la planta en la actualidad”. Para cumplir esta meta, añadió el texto, se tendrían que formalizar la totalidad de los contratos actuales, cubrir todas las vacantes y crear los 265 cargos que faltan, pues actualmente el ICBF tiene 15.004 colaboradores, pero para operar con el marco funcional requiere 15.269.
Si el ICBF le apuesta a la creación de estos 6.413 puestos, lo que representa la formalización de la totalidad de los contratos, e impulsar la apertura de las 265 plazas adicionales, de acuerdo con el estudio deberá destinar cada año $438.265 millones. “Con el objetivo de poder viabilizar este escenario es necesario gestionar recursos adicionales por $152.529 millones y destinarlos en su totalidad a la contratación”, añade el documento.
Pero al no contar con el dinero para abrir estos nuevos puestos, se seguiría presentando sobrecarga laboral en los trabajadores de planta y contratistas, como lo ha denunciado en varias oportunidades el sindicato. En la actualidad, el equipo humano del ICBF es responsable de los programas, estrategias y servicios de atención para tres millones de colombianos en 33 sedes y 215 centros zonales. (Lea también: Petro puso a Colombia a hablar de bienestarina; pero hay que aclarar una gran confusión)
El otro ingrediente que se le suma a este cóctel es el de los trabajadores contratados por prestación de servicios, un problema latente en el sector público. Del total de trabajadores del ICBF, el 59 % son de planta y un 41 % por prestación de servicios, según el informe. “La mayor preocupación es que al terminar este tipo de contrato se pierde mucho, como la capacidad de formación que tuvo esa persona en la entidad, la continuidad de los programas en las regiones y el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes”, aclara Ángel. Estos son solo algunos de los retos que recibirá la nueva directora.
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