Fallo a favor de exjuez acusado por Fernando Londoño de ser colaborador del narcotráfico

De acuerdo con su abogado, Adalberto Carvajal Salcedo, “además de la reparación económica lo más importante, es la reparación moral del buen nombre de un abogado y su familia. También es de gran importancia que en este caso contribuye a destacar la autonomía de los poderes públicos, y el respecto que el Poder Ejecutivo debe tener ante los fallos del Poder Judicial”.

Todo se remonta a 2002, cuando el entonces juez de Ejecución de Penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, le dio el beneficio de la libertad condicional a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, el mundo se le vino encima. Pero hubo alguien en particular que se fue lanza en ristre contra el funcionario judicial: el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien salió a decir que Suárez era un “miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”. Sin embargo, Londoño nunca pudo probar que lo que estaba diciendo era cierto.

Por ello el 13 de septiembre de 2004 fue sancionado por la Procuraduría porque, en su criterio, la información suministrada por Londoño Hoyos “no fue veraz, en la medida en que careció de la prueba que respaldara sus dichos, primero calumniosos y luego injuriosos contra el funcionario judicial de Tunja, y contra la autoridad que ese operador jurídico representaba, esto último con lo cual agredió gravemente a una autoridad legítimamente erigida o establecida en el orden superior”. De la misma forma, Suárez, por medio del abogado Carvajal, demandó al Ministerio del Interior por lo sucedido.

El 7 de octubre de 2010, un juez administrativo de Tunja le dio la razón a Suárez; sin embargo, el fallo fue impugnado y entonces el caso llegó al Tribunal de Boyacá que no hizo otra cosa distinta a reiterar que las declaraciones de Londoño fueron violatorias del derecho al buen nombre del exjuez, cuya decisión, valga decirlo, fue luego confirmada por el Tribunal Superior de Tunja. Este es una nueva derrota judicial para el exministro, sancionado, igualmente, por interceder a favor del consorcio italiano Recchi cuando se desempeñaba como ministro y por la adquisición irregular de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa.