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Un memorando recientemente desclasificado y difundido el lunes, confirma que las agencias de inteligencia estadounidenses han descartado una afirmación clave que el presidente Donald Trump presentó para justificar la invocación de un estatuto de tiempo de guerra para deportar de manera sumaria a venezolanos a una prisión de El Salvador.
El memorándum, que encaja con los hallazgos de inteligencia de los que informó por primera vez The New York Times en marzo, afirma que las agencias de espionaje no consideran que la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, controla una banda criminal, el Tren de Aragua. Esa determinación contradice lo que Trump afirmó al invocar la ley de deportación, la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Aunque el entorno permisivo de Venezuela permite operar al TDA, es probable que el régimen de Maduro no tenga una política de cooperación con TDA y no esté dirigiendo el movimiento y las operaciones de TDA en Estados Unidos”, decía el memorando, que se refiere al Tren de Aragua por sus iniciales.
La publicación del memorándum socava aún más la justificación del gobierno de Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros y pone en tela de juicio sus enérgicas críticas a la cobertura periodística posterior. Después de que el Times publicó su artículo, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal y calificó el reportaje de engañoso y perjudicial. Un mes más tarde, tras una cobertura similar en The Washington Post, el gobierno redobló la apuesta, citando las revelaciones de ambos artículos como motivo para remover las restricciones del gobierno para investigar a quienes filtran información.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo público el documento, un memorando conocido como de “sentido de la comunidad”, en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa. La fundación facilitó una copia al Times.
Lauren Harper, presidenta de la cátedra Daniel Ellsberg sobre secreto gubernamental de la fundación, dijo que el memorándum no concordaba con la descripción que hacía el gobierno de su contenido como una grave amenaza para la seguridad pública.
El gobierno “desclasificó casi inmediatamente la misma información en respuesta a una solicitud de FOIA”, dijo refiriéndose al mecanismo de solicitud de información estadounidense.
Harper prosiguió: “La desclasificación demuestra que el material debería haber sido público desde el principio, y no utilizado como excusa para suprimir el intercambio de información con la prensa”.
La Casa Blanca, el Departamento de Justicia y directora de Inteligencia Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Hasta mediados de marzo, cuando Trump la invocó, la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras declaradas. Establece que el gobierno puede expulsar sumariamente a los ciudadanos de un país que esté en guerra con Estados Unidos o que participen en una invasión o incursión depredadora en territorio estadounidense.
Inmediatamente después, el gobierno envió aviones que trasladaban venezolanos a una tristemente célebre prisión de alta seguridad en El Salvador sin el debido proceso. Desde entonces, los tribunales han bloqueado que se realicen nuevos traslados en virtud de la proclamación. Mencionando pruebas de que algunos de los hombres enviados allí probablemente no eran miembros de pandillas, la Unión Americana de Libertades Civiles ha pedido a un juez que ordene al gobierno de Trump que traiga de vuelta a los venezolanos para que participen en audiencias normales de migración.
A primera vista, la Ley de Enemigos Extranjeros parece exigir que exista un vínculo de los individuos expulsados con un gobierno extranjero. Trump declaró que el Tren de Aragua había cometido delitos para desestabilizar Estados Unidos “bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.
Pero el Times informó días después de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había difundido el 26 de febrero unas conclusiones que apuntaban a lo contrario. La valoración compartida era que el gobierno de Venezuela y la pandilla eran adversarios, aunque algunos funcionarios venezolanos corruptos tuvieran vínculos con algunos miembros de la pandilla. También se decía que la organización criminal carecía de mando y control centralizados y estaba demasiado desorganizada para cumplir algún tipo de instrucción.
El Times también informó que solo el FBI disentía en parte y pensaba que existía algún tipo de vínculo, pero se basaba en información que las demás agencias —como la CIA y la NSA— consideraban poco creíble.
El gobierno de Trump pidió al Consejo Nacional de Inteligencia, formado por expertos de alto nivel en análisis y política de seguridad nacional que dependen de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, que volviera a examinar las pruebas disponibles.
El 7 de abril, dicho consejo elaboró el memorando publicado el lunes. El Washington Post informó sobre el memorando, que seguía siendo clasificado, a mediados de ese mes, lo que enfureció aún más al gobierno.
El memorando, ahora disponible al público, decía que la comunidad de inteligencia sustentó su conclusión en una serie de factores. Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a miembros del Tren de Aragua y han “participado periódicamente en enfrentamientos armados con el TDA, resultando en la muerte de algunos miembros del TDA”, decía el memorando, lo que demuestra que el gobierno trata a la pandilla como una amenaza.
Aunque hay indicios de que algunos “funcionarios venezolanos de nivel medio o bajo probablemente se benefician de las actividades ilícitas de TDA”, decía el memorando, la estructura descentralizada de la pandilla haría “logísticamente difícil” que la organización en su conjunto actuara a instancias del gobierno.
El memorando también arrojaba luz adicional sobre la disidencia parcial del FBI.
Decía que, aunque los analistas del FBI estaban de acuerdo con la evaluación general de las otras agencias, también pensaban que “algunos funcionarios del gobierno venezolano facilitan la migración de los miembros de la TDA de Venezuela a Estados Unidos y utilizan a sus miembros como apoderados en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos para avanzar en lo que consideran el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar a los gobiernos y socavar la seguridad pública en estos países”.
El FBI basaba su observación en “personas detenidas por participar en actividades delictivas en Estados Unidos o por entrar ilegalmente en el país”. Pero “la mayoría” de la comunidad de inteligencia “juzga que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen están dirigiendo o permitiendo la migración de TDA a Estados Unidos no es creíble”, decía el memorando.
Al examinar las pruebas disponibles, el Consejo Nacional de Inteligencia consideró si los detenidos “podían tener acceso de forma creíble a la información comunicada” y si habían ofrecido detalles que pudieran corroborarse sobre el apoyo que el gobierno de Maduro supuestamente había proporcionado a la pandilla a cambio de seguir sus indicaciones.
Aunque se censuraron partes de esta sección, el memorando mostraba escepticismo. Los problemas legales de los detenidos, decía, podrían “motivarles a hacer declaraciones falsas sobre sus vínculos con el régimen venezolano en un esfuerzo por eludir la responsabilidad de sus crímenes y reducir cualquier castigo proporcionando información exculpatoria o ‘valiosa’ a los fiscales estadounidenses”.
A finales de marzo, señalaba el memorándum, funcionarios chilenos dijeron a la Corte Penal Internacional que sospechaban que el asesinato de un venezolano en Chile el año pasado había sido llevado a cabo por “una célula o grupo vinculado al Tren de Aragua que tenía motivaciones políticas” y se originó a partir de una orden del gobierno de Venezuela. El gobierno de Maduro negó esa acusación.
Pero el memorando también decía que otras áreas de la comunidad de inteligencia no habían observado ni recopilado pruebas de comunicaciones o flujos de financiación que demostraran que funcionarios del gobierno daban instrucciones a los líderes de la pandilla, a pesar de que tal relación probablemente requeriría interacciones “extensas” de este tipo.
Hasta ahora, los jueces se han mantenido al margen de cuestionar la veracidad de las afirmaciones fácticas de Trump al aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Al día siguiente del artículo inicial del Times, Todd Blanche, ex abogado defensor de Trump que ahora es fiscal general adjunto, anunció que el Departamento de Justicia había abierto una investigación penal por filtración.
En un comunicado, criticó el artículo, diciendo que la información que contenía era clasificada, pero también “inexacta”. Pero el memorándum desclasificado respalda la información del Times.
En una entrevista en el pódcast de Megyn Kelly la semana pasada, Gabbard dijo que la información sobre las conclusiones de la comunidad de inteligencia estaba “siendo investigada”. Quienes filtraron información habían “omitido selectiva e intencionadamente lo más importante”, añadió, señalando la creencia del FBI de que el gobierno de Maduro apoyaba las actividades de la pandilla en Estados Unidos.
Pero los artículos tanto de The New York Times como de The Washington Post mencionaban la opinión contraria del FBI.
El mes pasado, la fiscal general Pam Bondi escribió en un memorándum que iba a hacer retroceder las protecciones a las libertades de prensa en lo referente a investigaciones basadas en filtraciones, mencionando los artículos del Times y del Post como ejemplos perjudiciales de filtraciones de información clasificada.
En un caso de la Ley de Espionaje, los fiscales deben demostrar que alguien divulgó a sabiendas y sin autorización información relacionada con la defensa que podría perjudicar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero. La desclasificación del memorándum por parte del gobierno plantea dudas sobre cualquier caso que pudiera plantearse en relación con los artículos del Times y del Post.
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