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Lo que parecía innegociable dejó de serlo: Estados Unidos excarceló este miércoles al colombiano y ficha clave del chavismo Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, y lo hizo a cambio de la liberación de al menos 10 ciudadanos estadounidenses y otros 20 venezolanos, considerados opositores y presos políticos, que se encontraban privados de la libertad en el país vecino.
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Los anuncios del miércoles, según Txomin Las Heras Leizaola, presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, son un avance en el marco de los acuerdos de Barbados, entre el gobierno de Maduro y la oposición a su régimen. Ese documento, siendo una especie de continuación sobre lo pactado en la mesa de diálogo entre las partes instalada en México, aterrizó compromisos en materia política y electoral, con miras a las presidenciables de 2024. En el proceso, el papel de Estados Unidos ha sido “importante”, dice el experto.
En palabras de Eglée González Lobato, analista política y electoral venezolana, las negociaciones en México y Barbados son una senda de la “vida política” actual en su país; en paralelo, está la senda de negociación con Estados Unidos (en la que el alivio de sanciones a la industria petrolera ha sido uno de los puntos clave), cuyos avances, no obstante, parecen con frecuencia ir atados a lo que sucede en el otro escenario.
Fue precisamente después de los anuncios de Barbados, hechos en octubre, que Estados Unidos adoptó una nueva suavización de sanciones para las industrias del petróleo, el oro y el gas en Venezuela. No obstante, condicionó la continuidad de la medida a la habilitación de los candidatos presidenciales que hoy están sancionados por el régimen, así como a la liberación de presos políticos.
Lo anunciado el miércoles “es una bocanada de aire en el sentido de que se están dando pasos de confianza para lograr tanto el levantamiento de sanciones como el compromiso de llevar a cabo unas elecciones libres y competitivas, que implican la habilitación de candidatos que fueron sancionados por la Contraloría de forma inconstitucional”, explica González-Lobato.
Se refiere, por supuesto, a María Corina Machado, la ganadora indiscutible de las elecciones primarias de la oposición. Aunque Machado inicialmente se había negado a poner su caso en consideración de Tribunal Supremo de Justicia, para que su inhabilitación sea revisada, finalmente se acogió al mecanismo puesto en marcha por el régimen en el contexto del alivio de sanciones por parte de Estados Unidos.
Así, González-Lobato no descarta un “resultado” del TSJ en este sentido. “El propósito sería que todo esto avance como un logro significativo, sobre todo para los acuerdos por la gente, que tiene como objetivo solventar o dar respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela y no dejarlo todo solo en plano político”.
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La excarcelación de detenidos en Venezuela podría parecer cuando menos sorpresiva sabiendo que entre los nombres de los liberados está el de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, acusado de conspiración y traición a la patria en el marco del proceso de las primarias y el referendo sobre el Esequibo (territorio en disputa entre Venezuela y Guyana) hace apenas unos días.
Las órdenes de captura contra Abdul y otros 13 opositores al gobierno, emitidas a comienzos de este mes, fueron leídas en su momento como una “patada de ahogado” por parte del régimen, al saberse de alguna forma derrotado por la masiva participación en las primarias y la dudosa acogida del referendo sobre el Esequibo (celebrado el 3 de diciembre) e impulsado por Miraflores. Entonces, ¿por qué el aparente cambio de actitud en cuestión de días?
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que el “asunto de Saab es fundamental para el régimen” (González-Lobato lo pone en términos de un “punto de honor”). De otro lado, dice Rodríguez, Estados Unidos ha demostrado más que nunca que en materia de relaciones exteriores no tiene aliados, sino intereses.
En este caso, los más evidentes son, en el mediano plazo, el energético: tratar de garantizar que Venezuela (el país con mayores reservas de crudo del mundo) vuelva a ser un proveedor confiable para el hemisferio frente al aislamiento de potencias petroleras como Rusia y la inestabilidad en Medio Oriente. Eso, no obstante, tomaría tiempo dado el deterioro de la industria venezolana.
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Pero acaso más inmediato es el interés migratorio. “Estados Unidos necesita la colaboración del gobierno venezolano para llevar de vuelta [a Venezuela] a muchos migrantes irregulares”, dice Las Heras, algo que se ha venido dando con los vuelos de deportación desde Estados Unidos que Caracas ha vuelto a recibir en las últimas semanas.
Para la administración Biden, este punto es crucial dadas las cifras récord de venezolanos cruzando la frontera con México que se han registrado en los últimos meses y los flujos adicionales que van cruzando por el Darién (con el norte del continente como destino), pero además en medio de coyunturas sensibles como la discusión del presupuesto federal en Washington y la cuenta regresiva para que se inicie el año electoral, en el que el asunto migratorio, sin duda, será uno de los centrales en la agenda.
“Saab parecía ser la persona que podía dar acceso a información sobre las fuentes de financiación [del régimen] y sobre cómo [este] escapaba y evadía las dinámicas de sanciones internacionales a través del sistema financiero”, dice Rodríguez. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos parecen lo suficientemente valiosos como para “renunciar” a una de las fichas más clave de todas.
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