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El escándalo de Odebrecht en Colombia cumple ya siete años, y todavía sus repercusiones judiciales no paran. El escándalo de la multinacional brasileña, que habría permeado campañas presidenciales y pagado coimas a senadores a cambio de grandes obras de infraestructura, pasó por los despachos de la Fiscalía, la Procuraduría, las altas cortes y hasta en instancias de arbitramento. En 2018, la corrupta firma casó una pelea con el Estado en un tribunal de arbitraje en el que pretendía cobrarle $3,8 billones para pagar deudas que acumuló luego de que en 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suspendiera el contrato de la obra de la Ruta del Sol 2, tras conocerse que Odebrecht sobornó a funcionarios públicos para quedarse con la obra.
Sin embargo, ese tribunal decidió que Colombia debía pagarle una suma muy inferior a la pedida ($211.273 millones). Incluso, en mayo de 2021, el Consejo de Estado dejó en firme el laudo arbitral y le dio punto final a esa discusión judicial. Hasta este momento. El Espectador conoció que esta alta corte emitió hace pocas semanas un fallo en el que también negó una pretensión de Odebrecht para dejar sin piso jurídico el laudo arbitral. El Consejo acaba de negar una demanda de la constructora que pretendía tumbar la determinación de la SIC de 2017, emitida por el entonces superintendente Pablo Felipe Robledo y que, en los últimos años, había avanzado fuera de los focos, pues en 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la había negado en primera instancia.
El argumento central de la corrupta Odebrecht era que la decisión de Robledo no fue transitoria y que carecía de un control judicial por parte de alguna autoridad. Aunque el Consejo de Estado negó el argumento de la empresa, esa anulación sí ha sido controvertida durante los últimos años. Esa determinación generó que los brasileños abandonaran la obra, y no respondieran por un solo peso, que conecta al centro del país con la región Caribe. Según el análisis del alto tribunal, el entonces superintendente obró de acuerdo con sus competencias con el fin de “cesar los efectos de las conductas presuntamente violatorias de la libre competencia económica” cometidas por Odebrecht y sus socios de Corficolombiana y Carlos Solarte.
“La decisión de terminación y liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2 no se materializó en virtud a lo dispuesto en la resolución acusada (la de la SIC), sino que se generó con ocasión al acuerdo de terminación y liquidación suscrito de mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol (controlada por Odebrecht), el 22 de febrero de 2017. En ese sentido, la actuación de la SIC demandada no impidió continuar el proceso administrativo sancionatorio, en este caso, por cuanto con posterioridad a su expedición, el 28 de diciembre de 2020, la propia SIC declaró la violación a la libre competencia e impuso sanciones por infringir el orden económico”, dice el fallo del Consejo de Estado.
Este es otro de los fallos que emite este alto tribunal sobre el caso Odebrecht, ya que en julio de 2023 este se pronunció a su favor al tumbar una millonaria multa en su contra. Luego de estudiar el caso de la acción popular que promovió el entonces procurador general Fernando Carrillo, el Consejo de Estado echó para atrás la multa de más de $800 mil millones que había impuesto, en primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca. Esta decisión, además, le despeja el camino a Odebrecht y a sus socios en la Ruta del Sol 2, pues el Consejo de Estado también tumbó la inhabilidad que le había impuesto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para contratar con el Estado.
El contexto de esta decisión se dio en enero de 2017 (un mes antes de la suspensión de la SIC al contrato), cuando Carrillo interpuso una acción popular para que se suspendiera definitivamente el contrato de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y su socio Episol, filial de Corficolombiana, obtuvieron pagando sobornos a García Morales, el exviceministro del segundo gobierno de Álvaro Uribe y que estaba a cargo del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La acción popular fue fallada en diciembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que emitió un fallo condenatorio en contra de Odebrecht y sus socios y les ordenó pagar una multimillonaria multa de $800.156 millones por los hechos de corrupción en la Ruta del Sol 2.
Los cabos sueltos en el caso Odebrecht
En cuanto a procesos de la jurisdicción administrativa, el caso Odebrecht tiene dos asuntos claves por fallar. El primero, como contó este diario en junio de 2023, la corrupta empresa demandó a la DIAN, luego de que esta le impusiera una millonaria multa por $305.000 millones. El caso se remonta a mayo de este año, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó un recurso judicial de Odebrecht en el que, en pocas palabras, decía que la DIAN le había cobrado muchos más impuestos de lo que realmente debía pagar la empresa durante los últimos años que operó su esquema mafioso en Colombia para sobornar a funcionarios de alto nivel.
En este nuevo caso, la constructora le pide al Tribunal que anule cuatro resoluciones emitidas por la DIAN, en las que le exige pagar una suma mayor a la que la firma reportó para pagar en sus declaraciones de renta de 2014 y 2017. Odebrecht afirma que, por esos años, debían pagar $6.240 millones, mientras que la DIAN dice que son $305.000 millones; es decir, cerca de US$74 millones, dinero que equivale, aproximadamente, a más de 11 veces el soborno que entregó la multinacional para quedarse con la construcción de la Ruta del Sol 2. En este expediente no ha habido fallo y se espera que el expediente termine en segunda instancia en el Consejo de Estado.
El otro caso pendiente, que ya está en manos del alto tribunal, está relacionado con una nueva acción judicial en contra del ya famoso laudo arbitral. Esta vez, quienes buscan tumbarlo son los bancos que les prestaron la plata a Odebrecht y sus socios para construir la Ruta del Sol 2: AV Villas, Occidente, Popular y Bogotá. Aunque aún no es muy claro cuándo habrá fallo, lo que sí se sabe es que nuevamente el Consejo de Estado será el escenario judicial que definirá un capítulo clave del caso más importante de corrupción de los últimos años en Colombia y Latinoamérica.
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Por David Escobar Moreno
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