Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La esperanza de encontrar una solución para el sector de la construcción en Bogotá quedó en veremos. Aunque por primera vez se sentaron a dialogar los representantes del Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Planeación y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sobre la suspensión de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, los resultados fueron nulos. Sucedió lo que ha venido pasando desde 2012: Camacol ataca al Distrito por “improvisar” y “actuar fuera del derecho”, y éste justifica cada una de sus acciones. Los afectados: 4.218 proyectos de construcción, que inscribieron los estudios en las curadurías, con base en la modificación del POT de 2013, el cual fue suspendido por el Consejo de Estado.
Los asistentes hoy al foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, esperaban la unificación de un concepto que les aclarara a las curadurías de la ciudad sobre qué norma otorgar licencias, si el POT de 2004 o en el de 2013. Sin embargo, la conclusión del encuentro, según Camacol, fue la siguiente: se necesita que los diferentes actores se sienten y den claridad al tratamiento de las licencias y que un pronunciamiento del Consejo de Estado que dé luces sobre al tema. Además, mantener la confianza en los jueces colombianos, quienes tienen todos los elementos para juzgar y pronunciarse de manera definitiva sobre el tema. En resumen, nada que no se haya dicho antes.
Sin embargo, vale la pena recopilar los argumentos que presentaron cada una de las partes. La primera en criticar al Distrito por la actual inestabilidad jurídica que se presenta en Bogotá fue la veedora Distrital, Adriana Córdoba, quien indicó: “No es la decisión del Consejo de Estado la que genera incertidumbre. La justicia no es el problema, sino la forma cómo la Alcaldía decretó esa norma. Asumieron el riesgo de expedir la modificación del POT por decreto y ahora deben actuar responsablemente para que la construcción no se vea afectada”. Un discurso similar fue el del viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera: “Estamos metidos en este ‘berenjenal’, porque el alcalde adoptó el POT por decreto. Lo que ha pasado en los últimos meses es que se han expido más medidas que siguen enredando la pita. No tenemos antecedentes judiciales de un caso como éste”.
Las medidas a las que aludió el viceministro fueron las siguientes: el concepto del Ministerio de Vivienda, que señala que las curadurías deberían expedir las licencias de acuerdo con el POT de 2004 (Decreto 190), y los tres decretos que expidió la Secretaría de Planeación para prevenir que aumenten los asentamientos en zonas de alto riesgo y que no se pierda la localización de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad.
Sobre los 4.218 proyectos que están en vilo, el ministro señaló que éstos “son solamente expectativas” y que podrían “ajustarse” al POT de 2004.
Estas palabras fueron bien recibidas por el secretario de Planeación, Gerardo Ardila: “Aquí llegamos a una diferencia por un sentido de lógica y corazón: las licencias que se presentaron después de la modificación del POT tienen confianza legítima y presunción de legalidad. No son simples aspiraciones. Nosotros actuamos en derecho. El Concejo no permitió discutir el POT y lo adoptamos por decreto, cuando no teníamos otra salida. Porque el POT de 2004 ya no alcanza, no es acorde con las necesidades de la ciudad. Confiamos en que el Consejo de Estado nos entregue una pronta respuesta, la cual seguramente será favorable, porque actuamos ajustados a la ley”.
El viceministro aceptó reunirse en privado con Ardila para buscar una solución conjunta ante este interrogante. Pero reiteró que “en unos años este caso será un referente jurisprudencial, porque advertimos que expedir la modificación del POT por decreto era ilegal”. La veedora entró a mediar y señaló que “se requiere de manera urgente una posición unificada. Las medidas tomadas por la administración, de reglamentar el POT de 2004 a través de decretos, es una solución que habíamos propuesto y es responsable”.
Un grupo de abogados con especialización en derecho urbano y administrativo dio su punto de vista sobre la situación actual. Según Felipe de Vivero y Juan Manuel González, el POT vigente es el de 2004, aunque el Consejo de Estado debería pronunciarse al respecto para que “no quede ninguna duda”. Según Vivero, el decreto 364 de 2013 (POT de Petro) perdió “su fuerza ejecutoria. Suspendida la madre, suspendidos los hijos. Debe haber un ajuste de los proyectos a la norma urbanística vigente”. Ninguno de los abogados invitados por Camcol estuvo de acuerdo con la argumentación jurídica del Distrito.
Causa curiosidad que el foro terminara con la presentación de unas cifras favorables en el negocio inmobiliario. Aunque sin duda existe incertidumbre en las cinco curadurías de la ciudad, las cifras de la Superintendencia Financiera demostraron que los activos administrativos aumentaron cerca de $4 mil millones entre febrero de 2013 y febrero de 2014. Concluía uno de los panelistas que "entre 2009 y 2014 los activos administrados en fiducia inmobiliaria han crecido 186%".
Conoce más
