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Los colombianos nos hemos repetido durante mucho tiempo que si hubiese un torneo mundial que el país puede ganar por goleada es el de la corrupción. Con o sin VAR, no importa si hay repechaje, ronda de clasificación, examen de dopaje, final de partido único o juego de ida y vuelta. Si la perdiéramos sería por pura corrupción y en eso nos las sabemos todas.
El hueco que la corrupción le deja al país es tan grande que cada año se lleva 50 billones de pesos. Eso es muchísimo más de lo que valdría el metro de Bogotá. Subterráneo o elevado. Si lo hicieran. Pero para comparar con asuntos más tangibles, la reforma tributaria del gobierno Petro recaudará este año $20 billones, apenas el 40 % de lo que Colombia pierde anualmente por la corrupción.
La corrupción ha existido en tan variadas presentaciones que en muchos casos incluye asociación con carteles de la drogas, guerrillas o grupos de autodefensas. La parapolítica, la Farcpolítica y el mismo proceso 8000 son algunos ejemplos. Y como es un mal tan común, todos los políticos, de todos los partidos, en todas las elecciones, prometen siempre que ahora sí van a acabarla.
El tema acaba de volver a debate con una fórmula diseñada por la fundación Pares y el Instituto anticorrupción, quienes la están ambientando entre políticos de varias bancadas bajo la premisa de que lo que se necesita en Colombia es un Juicio Nacional Anticorrupción dirigido por una sala transitoria especialmente creada para tal fin y que funcione anexa a la Corte Suprema de Justicia.
La idea desató inmediata reacción en los partidos políticos y en el Congreso. Por los lados del gobierno, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Mauricio Lizcano, salió este lunes a apagar el incendio diciendo en Twitter que “he hablado con el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga y me ha informado que no ha trabajado ningún proyecto de ley para la creación de nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia. Luego, queda claro que es falso que el Gobierno esté trabajando en modificar la Corte Suprema”.
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Según sus promotores, la sala transitoria deberá “investigar y juzgar casos complejos y estructuras criminales en todos los ámbitos de la sociedad colombiana que se han servido de la corrupción como medio para el favorecimiento indebido de sus intereses privados, desviando el poder público y fomentando la cultura de ilegalidad”. ¿Y eso cómo se hace? La iniciativa plantea tres ejes fundamentales: entregar un mandato a Naciones Unidas para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia (CICIC), tramitar un acto legislativo que permita crear la sala transitoria que desde la Corte Suprema de Justicia adelantará el citado juicio; y crear una ley estatutaria para reglamentar el funcionamiento del juicio nacional.
El citado juicio, dicen en la corporación Pares, se haría para desarticular estructuras criminales a partir de una política diseñada específicamente por la CICIC persiguiendo la corrupción de alto impacto público en riesgo de impunidad. La sala, dicen debe tener una duración de tres años y competencia para los casos que involucren graves violaciones de derechos humanos. Sus 28 magistrados serían designados por un Comité de Escogencia integrado por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, el Secretario General de la ONU, una organización de la sociedad civil nacional dedicada a la lucha contra la corrupción, una organización internacional en la lucha contra la corrupción y una organización de víctimas del conflicto armado.
Respecto a la propuesta de creación de la CICIC, el antecedente internacional más cercano es el de la Comisión de investigación contra la corrupción en Guatemala (CICIG), igualmente concertada entre Naciones Unidas y ese país y gracia a la cual fue posible llevar a la cárcel a poderosos políticos. De hecho, tres presidentes de la República fueron investigados por la CICIG y uno de ellos (Otto Pérez Molina) fue condenado por corrupción. En esa época la CICIG estaba bajo dirección del hoy ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.
La controversia
Por los lados de los partidos políticos la idea de crear una comisión de estas en Colombia no gusta mucho, pero prefieren reservarse par a hablar oficialmente cuando se abra el debate formal en el Congreso.
El Espectador consultó también sobre el tema a Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y docente universitario. Piensa que la propuesta es “desconsiderada con el papel de la Corte Suprema y con todo el sistema de justicia que tanto ha trabajado en la lucha contra la corrupción”.
Herrera advierte varios problemas con la idea entre ellos el de quebrantar la autonomía judicial, politización de la justicia, alterar peligrosamente la toma de decisiones en sala plena, comparar el caso colombiano con el de países como el de Guatemala, con contextos muy diferentes, según el analista.
Finalmente, señala en donde hay que abrir nuevos cupos dentro del sistema judicial es en la base, creando más juzgados, por ejemplo. Colombia tiene en la actualidad 23 magistrados en la Corte suprema de Justicia, 31 en el Consejo de Estado, nueve en la Corte Constitucional, seis en el Consejo de la Judicatura y siete en la Comisión nacional de disciplina judicial.
Los estragos de la corrupción
¿Cómo es que se esfuman anualmente $50 billones por culpa de la corrupción? En incómodas cuotas. Desde el escándalo de Interbolsa ($ 340.000 millones perdieron los inversionistas), pasando por el de Caprecom (el saqueo a la EPS pública costó al país $ 550.000 millones) y el de Saludccop ($ 1, 4 billones).
Otros recordarán más el desfalco a Bogotá durante la administración de Samuel Moreno ($ 2 billones por sobrecostos en obras y contratos). O el robo a La Guajira ($50 mil millones en obras), o el caso de Agro Ingreso Seguro, en el que hubo $ 46 mil millones en subsidios irregulares para políticos y empresas privadas. Ni hablar del caso de la refinería de Cartagena, Reficar, que le salió costando al país $ 17 billones y es considerado uno de los mayores desfalcos de Colombia.
Y hay muchos casos más: Dragacol, la Yidispolítica, el proceso 8000. Aunque lo ideal hubiera sido que estos casos no ocurrieran, todos han sido investigados por la justicia colombiana y si el país conoce a sus responsables ha sido gracias a la acción de los jueces, fiscales y magistrados encargados de tales procesos.
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