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El accidentado trámite de las llamadas reformas sociales del presidente Gustavo Petro tendrá un nuevo obstáculo en el Congreso, esta vez por cuenta del reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la ley que le dio vida a la cartera número 19 del país, la de la Igualdad y Equidad, encabeza por la vicepresidenta Francia Márquez. Según el alto tribunal, en este caso existió un “vicio de procedimiento insubsanable”: no haber realizado un análisis de impacto fiscal, razón por la cual tumbó la norma.
Tras conocerse la decisión, sectores opositores al gobierno de Gustavo Petro se la adjudicaron rápidamente como una victoria, en parte porque todo inició con una demanda de políticos del Centro Democrático como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal e incluso el cuestionado y preso exsenador Ciro Ramírez. “El ministerio de la igualdad, como he señalado anteriormente, era pura burocracia”, señaló Valencia este jueves.
Sin embargo, más allá de haber impulsado la medida, también se anotaron un punto que tendrá un importante valor en el mediano y largo plazo. De acuerdo con la sentencia, que aún no se conoce en su totalidad, los congresistas tienen razón al argumentar que no es posible aprobar una ley sin aval fiscal; es decir, sin el concepto del Ministerio de Hacienda para garantizar que el Estado cuenta con el dinero necesario para costear lo propuesto.
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Según los demandantes, el Gobierno nunca explicó cómo se iba a mantener un ministerio tan robusto en materia burocrática, ya que arrancó con cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos que sumaron cerca de 740 puestos. Todo esto sumado a que la nueva cartera ha recibido importantes recursos para inversión y funcionamiento, pues tan solo este año cuenta con $1,8 billones.
Ese vacío en la ley del Ministerio de la Igualdad no es exclusivo, pues, según otras advertencias de sectores opositores, las denominadas reformas sociales del Ejecutivo tampoco cuentan con un aval fiscal claro. Congresistas de bancadas como el Centro Democrático y Cambio Radical, así como de otros sectores independientes, insisten en que hoy en día el país no conoce cuánto costarán las reformas pensional o de salud, lo que, de acuerdo con la Corte Constitucional, haría inviable la continuación de sus trámites.
Para la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y una de las que votó por archivar la reforma a la salud en la Comisión Séptima, el Gobierno está ante un llamado de atención para salvar sus apuestas. “La situación no es aislada. En el Senado he sido insistente en que el Gobierno sustente detalladamente el impacto económico de sus proyectos, una preocupación que se evidenció en la reforma a la salud y la reforma pensional. Cada propuesta debe ser evaluada considerando sus implicaciones financieras. La ley 819 de 2003 no es un formalismo que se puede pasar por alto”, aseguró.
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Desde Cambio Radical, la representante Carolina Arbeláez se sumó a esa postura y resaltó que tampoco tienen aval fiscal los proyectos de reforma a la educación e implementación de la jurisdicción agraria. La decisión incluso generó reacciones de gremios empresariales que tienen reparos a las reformas de Petro. “La inexequibilidad por ausencia de aval fiscal debe alertar al Senado y a la Cámara sobre otros proyectos, se necesita la información para que el país conozca el impacto de las iniciativas”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.
En este orden de ideas, el proyecto que empieza a correr mayor riesgo es el de la reforma pensional, el cual, de hecho, es el único que mantiene buenas opciones de ser aprobado antes del 20 de junio, fecha en que se cierra la segunda legislatura del Congreso. La iniciativa está a la espera de su tercer debate, en la Comisión Séptima de la Cámara, pero fue aprobado en los dos primeros sin claridad sobre su costo fiscal.
Aunque en octubre de 2023 el Ministerio de Hacienda presentó un concepto señalando que todo lo planteado en la pensional es “fiscalmente factible”, el Congreso se mostró preocupado por las cifras. Según el documento, si no se aprueba la reforma, el pasivo pensional llegaría a un 63 % del PIB en 2070, y si se aprueba sería del 73 %. En otras palabras, según la misma cartera, ese año tendrá que hacerse otra reforma para no entrar en déficit total en el 2100.
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En este escenario, la oposición ha anunciado que demandará la eventual ley si el Congreso la aprueba, pero también que se basará en la postura de la Corte Constitucional para trabar el debate. Así, una de las últimas grandes reformas de Petro que resiste en el Legislativo se enfrentará a un nuevo problema, que se sumará al debilitamiento del capital político del Gobierno por cuenta de escándalos como el de corrupción en Gestión del Riesgo y a la falta de tiempo, pues aún debe superar dos debates en seis semanas.
El panorama no cambia si se habla de la reforma a la educación, que también está pendiente de sus dos últimos debates en el Senado, pero no cuenta, hasta el momento, con un concepto técnico de Hacienda que convenza a los congresistas y a expertos del sector sobre la viabilidad de su implementación. La reforma a la salud, si regresa la próxima semana con un nuevo texto, también tendrá que enfrentar este mismo cuestionamiento.
Por ahora, en el Ministerio de la Igualdad reina la incertidumbre y solo unos pocos han dicho oficialmente que esperarán a conocer el fallo en su totalidad para definir el paso a seguir. Sin embargo, la reacción de la ministra y vicepresidenta Francia Márquez dio a entender que, aunque no comparten lo dictado por el alto tribunal, lo acatarán. Como el fallo indica que el Gobierno tendrá dos años para subsanar los errores con otro proyecto de ley en el Congreso, Márquez señaló que seguirán trabajando en la misionalidad de la entidad hasta 2026, año en el que también termina el gobierno Petro.
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Según ella, la medida “establece que tenemos hasta el 2026 para resolver. Con esto, damos tranquilidad a los colombianos y colombianas, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a seguir trabajando durante nuestro Gobierno”. Sin embargo, también lanzó un dardo contra la decisión. “Cómo es posible que una institución que va a trabajar por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer. Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, dijo este jueves durante una jornada de “Gobierno con los barrios populares”.
Entre tanto, la oposición insiste en celebrar su victoria y anuncia nuevas medidas contra otras decisiones del Gobierno, incluso recordaron que también demandaron el decreto que creó uno de los programas bandera del Ministerio de la Igualdad, el de Jóvenes en Paz; así como la ley que creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) y los decretos de varios nombramientos diplomáticos.
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