Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En medio del paro camionero que vivió el país la semana pasada, el presidente Gustavo Petro trató de desviar las miradas de la opinión pública sobre un tema que se venía moviendo unas semanas atrás desde distintos frentes, pero que, hasta ese momento, estaba pasando de agache: el espionaje en Colombia. Aunque el jefe de Estado prendió las alarmas sobre el supuesto uso del software Pegasus, según él, para espiar a políticos y magistrados de las altas cortes, desde el Congreso y desde la misma casa de Nariño ya se habían puesto en marcha acciones para tratar de modificar las normas con las que se hace inteligencia y contrainteligencia en el país.
El Espectador conoció un proyecto de ley que aterrizó en el Senado impulsado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), congresistas del Pacto Histórico y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, con el que buscan que haya mayor control sobre las actividades de espionaje en el país. La iniciativa, que fue radicada el miércoles de la semana pasada y que tiene como ponente al senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, busca reformar algunos aspectos de organismos de inteligencia y sus actividades. Ese revolcón sería, según sus autores, “para reforzar la protección a los derechos humanos y fortalecer el marco jurídico de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, se fortalece el Sistema de Depuración de Datos y Archivos de inteligencia y contrainteligencia y se dictan otras disposiciones”.
Desde la DNI y desde el gobierno dicen que la reforma al interior de la entidad es necesaria desde hace un tiempo. Ahora, con las alarmas prendidas sobre quién y cómo está haciendo espionaje en el país, la iniciativa tiene mayor protagonismo. En síntesis, lo que se busca con el cambio de normativa de a entidad, es que haya mayor transparencia con las actividades de inteligencia y contrainteligencia. El ponente del proyecto, el senador Ariel Ávila, dijo en diálogo con El Espectador que “en síntesis, el proyecto busca que las entidades que hacen actividades de inteligencia y contrainteligencia tengan que rendir cuentas cuando sea necesario y que no se escuden siempre en que la información que tienen es reservada por asuntos de seguridad nacional”.
Dentro de los cambios que busca hacer la iniciativa conocida por este diario se resalta el que está en el artículo quinto, que establece los “principios de la Función de Inteligencia y Contrainteligencia”. En el apartado se habla de la rendición de cuentas que tendrían que hacer los organismos de inteligencia y contrainteligencia. “Deberán contar con mecanismos de control y rendición de cuentas expeditos, independientes e imparciales, que coadyuven entre ellos y otros mecanismos de rendición de cuentas para evitar extralimitaciones que puedan derivar en violaciones a los derechos humanos”, dice el proyecto.
Ese artículo es uno de los pilares fundamentales que tendría la reforma que buscan hacerle a la DNI y que ahora está en manos del Congreso. Según reza el documento, dentro de esa rendición de cuentas los organismos tendrán que “contar con facultades y experticia suficientes para tener acceso completo a la información recopilada por los organismos de inteligencia, a fin de contar con elementos necesarios para poder supervisar la necesidad y proporcionalidad de las operaciones, técnicas aplicadas y la ejecución de recursos los cuales deben observar los criterios de eficacia y eficiencia”.
Por otra parte, el presidente Petro en su alocución del pasado 4 de septiembre, mientras que el país esperaba que se refiriera al paro camionero —que estaba en su punto más álgido en ese momento—, se fue por otro lado. Petro expuso el informe con el que la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel (IMPA por sus siglas en inglés) le decía a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que Pegasus estaba desde 2021 en manos de la Dirección General de la Policía Nacional (DIPON). Sin embargo, para ese momento no muchos conocía que desde el 27 de agosto de este año el gobierno ya había firmado un decreto para modificar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Se trata del decreto 1077 de 2024 firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique; y el director encargado de la DNI, Jorge Arturo Lemus. Con Ese documento, “se modifica la Estructura del Departamento Administrativo – Dirección Nacional de Inteligencia y se dictan otras disposiciones”. El papel, como era de esperarse, fue rechazado por la oposición, como por ejemplo el senador de Cambio Radical David Luna, quien consideró que era un peligro para la seguridad y que le daba “poderes excesivos” a la entidad.
Tanto fue el descontento, que la propia DNI admitió que el decreto no era claro, pero aseguró que el miedo expresado por el senador Luna y otros miembros de la oposición, como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, no tenían fundamento, pues el decreto “de ninguna manera implica asignación de funciones o competencias distintas a las contenidas. Los cuestionamientos respecto a la novedad de dichas actividades carecen de fundamento”, dijo la DNI. Aun así, Luna llevó el tema a instancias internacionales, pues le envió una carta de advertencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la comunidad internacional “esté al tanto de los peligros que enfrenta la democracia colombiana”.
Por ahora, en el Congreso se alistan para estudiar la iniciativa que, dentro de otras cosas, le pondría mayores controles al las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Allí, además de demostrar que abrir algunas puertas para obtener información de tan alto nivel no va a perjudicar la seguridad nacional, como siempre se argumenta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más