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Los centros de detención transitoria en Bogotá se han convertido en escenarios de hacinamiento y muerte. Actualmente la sobrepoblación supera el 150 % y en menos de un año han asesinado a cinco personas. El último caso, registrado públicamente, fue el de Luis Alberto Ortiz Palomino, de 28 años, a quien atacaron en la estación de Policía de La Candelaria. Producto de los golpes, murió dos días después en un centro asistencial.
Para verificar la realidad de los diferentes centros de detención transitorios en Bogotá, y si no hay contratiempos, la Corte Constitucional realizará visitas de inspección, que comenzarán hoy en las estaciones de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y la terminal de Transporte. La jornada de verificación continuará el próximo 14 de marzo, en las de San Cristóbal, La Candelaria, Teusaquillo, Engativá y Usaquén. El panorama no ha cambiado.
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La jornada es respuesta a las constantes denuncias de los familiares de los reclusos, que llevó a la Corte Constitucional a analizar la crisis en los centros de detención transitoria. Producto de la revisión de diferentes tutelas radicadas en el país, expidió hace un año la sentencia SU122/22, en la que, no solo extendió la declaración del “Estado de Cosas Inconstitucional” en los centros de detención transitorios, sino que emitió una serie de órdenes a entidades territoriales y nacionales que, tal parece, siguen en veremos.
Para verificar el cumplimiento, creó una sala de seguimiento, la cual, al conocer los recientes casos en la capital (especialmente los asesinatos), “identificó la imperiosa necesidad de realizar inspecciones judiciales a varios centros, para verificar la situación de las personas recluidas y el cumplimiento o ejecución de las órdenes impartidas por la Corte”. Las inspecciones ya están programadas, pero el panorama al que se enfrentarán los magistrados no será distinto al que se ha venido denunciando en los últimos cinco años.
La sentencia y las cifras
En la sentencia, el alto tribunal le dio dos meses al Inpec para trasladar a cárceles a los condenados y quienes tuvieran prisión domiciliaria, sin trabas administrativas. A las entidades territoriales, por su parte, les dio cuatro meses para garantizar condiciones mínimas a los reclusos como alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar. Y, en caso de persistir el hacinamiento, dio año y medio para habilitar nuevos sitios provisionales de reclusión.
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Ordenó también, garantizar cobertura en salud a los internos; hacer brigadas jurídicas periódicas; capacitar a jueces y fiscales sobre el carácter excepcional de la detención preventiva y mecanismos de terminación anticipada del proceso; revisar la cantidad de jueces de ejecución de penas necesarios para atender oportunamente los casos de quienes piden libertad, y apoyar medidas de descongestión, entre otras órdenes con plazos claros para aumentar los cupos y atacar el hacinamiento.
No obstante, lo que se encontrará, tras un año de su decisión, es que estos centros siguen a tope. Basta con una imagen: en el espacio, inicialmente destinado para dos internos, se tienen que acomodar cinco. Las cifras generales indican que en Bogotá hay 20 sitios de reclusión, que en total tienen infraestructura para albergar 1.227 presos, pero el reporte de la última semana de febrero revela que hay 3.140, es decir, la sobrepoblación llega al 155 %.
A pesar de que la Corte le advirtió al Inpec abstenerse de generar trabas administrativas que impidan dejar en libertad a quienes tengan derecho; trasladar detenidos con prisión domiciliaria al sitio donde deben cumplir la medida, y a los condenados a las cárceles, las cifras recientes indican que, del total de detenidos, 2.737 ostentan la calidad de imputados y 363 ya condenados.
La visita de este lunes se concentrará en Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y la terminal de Transporte, donde se registran altos índices de hacinamiento. Según datos del informe de finales de febrero, en Usme tenían a 105 en un espacio para 20 detenidos (16 condenados); en Ciudad Bolívar, a 235 en un espacio para 60 (13 condenados); en Bosa, a 236 en un espacio para 35 (21 condenados); en Kennedy, a 284, en un espacio para 60 (31 condenados), y en la Terminal de Transporte, a 39 en un espacio para 10.
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Y si a esto se le suman las precarias condiciones sanitarias y de salud, son todos ingredientes para una “bomba carcelaria”. El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, viene haciendo seguimiento y reiterados llamados a las autoridades distritales por el respeto de los derechos humanos de 88 casos urgentes de personas privadas de la libertad en las Estaciones de Policía y la URI de Puente Aranda, que requieren atención inminente por su grave estado de salud.
“Todo vulnera el estándar internacional y nacional de derechos humanos de estos sujetos de especial protección, pues como lo dijo la Corte Constitucional, el hacinamiento y la no distinción de personas condenadas con imputadas en los centros carcelarios, conlleva a conductas de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, indicó el personero de Bogotá
Lo que encontrarán hoy los magistrados, lo vienen advirtiendo la Procuraduría y la Personería: la vulneración de los derechos de los privados de libertad persiste y las medidas de la administración para resolver la problemática han sido “insuficientes y sin el impacto esperado”. Se espera que, con la visita, se dinamice la respuesta de las autoridades encargadas de cumplir la sentencia y, de esta manera, controlar el desbordado hacinamiento en los centros de detención en Bogotá.
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Por Alexánder Marín Correa
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