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La alteración del orden público en el Bajo Cauca no le da tregua al Gobierno Petro. Lo que empezó con un paro minero, de esencia campesina, se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de su gabinete, por los efectos a nivel nacional que trajeron los reclamos desde una docena de municipios en Antioquia y Córdoba. El presidente Petro anunció que el Clan del Golfo estaría detrás de los eventos delictivos que solo en la noche de este domingo dejó tubería descompuesta y un peaje incinerado. Resaltó que el grupo ilegal había “roto el cese al fuego”. El Clan, en contraste, culpó a otros grupos armados y dijo estar en disposición de diálogo. Expertos creen que la violencia puede ser un mensaje del grupo entero, de una de sus facciones o una estrategia de disuasión armada.
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Víctor Barrera, investigador del equipo de Conflicto y Paz del Cinep, considera que relacionar las acciones del paro únicamente con el Clan es desconocer las voces campesinas que auténticamente viven de la minería. A principio de mes, la Fuerza Pública destruyó nueve dagas mineras, las cuales fueron presentadas como resultados contra la criminalidad. Todo mientras los mineros reclaman sostener su “minería informal”. Sin embargo, para Barrera, el Clan habría aprovechado el paro minero y la atención que logró en un territorio de su entero control, para desestabilizar la región. Los golpes de la Fuerza Pública han afectado las rentas de la organización, las cuales, justo en esos municipios, dependen en gran proporción de la minería ilegal y de, en algunos casos, la inversión en infraestructura para la extracción.
Luego de ello, Barrera propone tres hipótesis con respecto a la posible manipulación del Clan. Primero, que podría ser solo un acto de disuasión de los operativos de la Fuerza Pública. “Una segunda hipótesis que no rivaliza con la primera es que aquí podría haber la intención de demostrar fuerza para conseguir mejores condiciones en un eventual proceso de sometimiento con el gobierno. Sabemos que no están satisfechos y denuncian la captura de algunos de sus miembros durante el cese al fuego bilateral. Incluso, podrían buscar el estatus político”, aseguró. En una última hipótesis, Barrera agrega que una facción del Clan buscaría “patear el tablero de la negociación” y hacer sentir su voz dentro del mismo grupo criminal.
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Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad El Externado, considera que es razonable pensar que el Clan tiene cartas en el asunto, por las vías de hecho usadas. Le parece improbable que una organización campesina tenga los métodos y, sobre todo la voluntad, de incinerar un peaje, utilizar explosivos y, al mismo tiempo, bloquear estratégicamente la vía al mar. Y va al fondo del asunto: “La idea de paz total tiene muchos problemas. No parece estar acompañada de una estrategia integral de seguridad. El Gobierno se equivoca en declarar un cese al fuego sin condiciones, sin claridad, sin mecanismos de verificación y sin unos mínimos que deberían cumplirse. Las posibilidades de no cumplir un cese, con reglas vagas, son muy altas”, concluyó.
La postura de la docente de la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, Nasly Cárdenas, coincide con Barrera y Cuervo. La experta considera que el Clan está ejerciendo presión al Gobierno en materia de negociación, especialmente, porque varios miembros y cabecillas de la estructura tienen una herencia paramilitar y “conocen los provechos que puede sacar de la negociación”. Para Cárdenas, el escenario del paro minero enmarca un panorama económico en el que se suele mover el Clan para mostrar su poderío. Trajo a colación el paro armado que realizaron durante mayo del año pasado, haciendo hincapié en que, además, pueden ejercer presión de forma territorial.
Para Cárdenas está claro que el Clan se está moviendo estratégicamente en tres escenarios: el control territorial; el escenario de negociación y la ofensiva en contra de otros grupos armados al margen de la ley. “El control territorial del Clan es amplio y, por tanto, ejercer esta estrategia de presión bajo distintos flujos sociales y con un impacto minero sí funciona como estrategia y tiene efecto directo en la alteración al orden público”, explicó en diálogo con este diario. La experta resaltó que el paro minero es el escenario minero para el Clan porque hay temas sociales y económicos de por medio.
Por otro lado, y analizando el trasfondo de las acciones bélicas, Ángela Olaya, analista de la Fundación Conflict Responses, considera que el proyecto de sometimiento que el gobierno le ofreció a las bandas criminales no es lo suficientemente atractivo para el Clan del Golfo. “La ley como está establecida en este omento, pareciera que tiene más incentivos para no someterse. Parece que está más dirigida a los combos, pero no a grupos como las Agc. Habrá que ver después de las modificaciones que se le hicieron con el Consejo de Política Criminal y con las conversaciones que tuvieron con Estados Unidos. Se debe especificar el tiempo en cárcel y qué va a pasar con la extradición”, concluyó.
¿Cómo va el sometimiento?
Aunque para los expertos consultados, los actos delictivos del Clan sí hacen parte de una estrategia de presión al Gobierno, el grupo, a través de un comunicado de cinco puntos, le salió al paso a esa hipótesis. Resaltó que continúan con la intención de negociar. “Aquí estamos con humildad, pero con dignidad, en defensa de los intereses del pueblo que nos ha apoyado durante toda nuestra existencia. Seguimos interesados en el proceso de paz que adelanta el Gobierno como lo demuestra el hecho de la reciente designación de abogados para el espacio socio jurídico que ha anunciado el Gobierno”, dice el documento.
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El abogado Ricardo Giraldo, quien defiende los intereses del Clan, durante la semana pasada le dijo a varios medios de comunicación que no se ha concretado una negociación formal. El Espectador conoció que fueron apenas unas llamadas las que se adelantaron con el Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sin ahondar en mucho detalle. Se prevé que durante los próximos días tengan un encuentro formal. El senador Iván Cepeda, quien sigue de cerca el marco de la paz total, en diálogo con este diario dijo que la ley de sometimiento ni siquiera se ha radicado en el Congreso, pero promete ser la base para una negociación con el Clan.
No obstante, para el político es claro que, si el Clan quiere tener un diálogo, debe “dar muestras inequívocas de que están en eso”. Deberían omitir hostilidades y hacer un alto al fuego, agregó Cepeda. Además, destacó que si el Clan está usando los hostigamientos como estrategia de presión al Ejecutivo, “se están equivocando. El Gobierno no va a utilizar estrategias para llevar a la mesa a alguien, pero tampoco va a admitir que haya una especie de actitud irregular”, concluyó el senador. Por ahora, Petro estudia si romper el cese al fuego bilateral. Por su parte, el Clan del Golfo reiteró su voluntad de dejación de armas. Sin embargo, en medio de esta tensa situación de orden público sigue estando la política de paz total y hasta dónde puede llegar la voluntad de ofrecer un marco de sometimiento a la justicia.
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