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En los últimos años, las imágenes de crímenes, accidentes y muertes en los espacios públicos son cada vez más frecuentes, a través de la marea incesante de información en la era digital. Estos registros han llevado a sentencias, escándalos y, en particular, a la indignación ciudadana, sobre todo cuando se tratan de videos sobre la actuación de la Fuerza Pública y cómo desarrollan procedimientos.
Casos como la muerte de Javier Ordóñez o las actuaciones durante el paro nacional son algunos casos que se conocieron gracias a las grabaciones tanto del sistema cámaras de seguridad como de los miles de teléfonos inteligentes en manos de la gente. Pero en ocasiones no hay grabaciones o las que están en poder de particulares corren el riesgo de ser manipuladas.
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Por eso, para tener las imágenes completas de los hechos, sin alteración, la Alcaldía sumó un elemento a la vigilancia: las cámaras corporales (bodycams) para la Policía. La iniciativa no solo es una apuesta por mejorar su imagen, sino también las investigaciones.
Algo clave si se tiene en cuenta que, según cifras de la Policía de Bogotá, en lo corrido de 2022 se adelantaron 2.208 investigaciones contra uniformados, que resultaron en 158 sanciones (7 % de los casos) y 59 destituciones, producto de procesos disciplinarios.
Por ahora es un plan piloto que comenzará en el sur de la ciudad. “Son 400 cámaras corporales, para que tengamos una prueba adicional cuando capturamos a un delincuente, evitamos un atraco o identificamos una banda delincuencial, así como para prevenir cualquier caso de abuso de autoridad”, dijo la alcaldesa Claudia López.
De esta manera, esta tecnología, que se ha vuelto el estándar en las fuerzas seguridad, es parte de un contrato por $48.000 millones para mejorar la operación de los cuadrantes comunitarios, inicialmente en la localidad de Kennedy, así como la transparencia y la investigación criminal.
¿Cómo funcionarán?
Los dispositivos que los uniformados portarán en el pecho los recibirán al principio del turno y grabarán todas las interacciones con la ciudadanía por 10 horas. “Una de las ventajas es que no permiten ni el borrado ni la edición de videos. Asimismo, permite grabar más de 10 horas continuas, lo que cubre el turno completo del sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes”, explicó Julio García, experto en videoseguridad de Motorola, contratista a cargo de la operación.
Pero, ¿cómo se verá? De acuerdo con la empresa fabricante, estas graban a color, en 1080P y 30 cuadros por segundo, en formato horizontal y con un ángulo similar a un “ojo de pescado”, para tener una visual más amplia que con una cámara normal. Finalizado el turno, la información encriptada se carga en el Centro de Evidencia Distrital, donde solo se podrá acceder por personal de la Policía, usualmente bajo requerimientos de algún tipo de investigación judicial.
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Y debe ser así, según el experto en seguridad Andrés Nieto, porque toda grabación de Estado está bajo reserva y está protegida por la Ley de Hábeas Data. “Tal como paso con las cámaras de videovigilancia de tótem, las móviles y aquellas biométricas, estas imágenes tienen reserva. Aun así, es una herramienta importante para mejorar la legitimidad de la Policía, así como el comportamiento de los ciudadanos, pues sabiendo que hay grabación van a buscar no solo comportarse mejor, sino evitar otro tipo de confrontaciones”.
En ese sentido, estudios sobre la efectividad de estas herramientas (aunque no concluyentes) indican que pueden llegar a reducir el costo de las investigaciones criminales y, en algunas ciudades, se han reportado descensos en las quejas contra la Fuerza Pública.
No obstante, persisten dudas sobre consecuencias no deseadas de grabar todo el procedimiento. Una de ellas que, al crear un registro de video formal de las infracciones, los agentes puedan reducir acciones preventivas de vigilancia, que son de su discrecionalidad, y limitarse a medidas formales de aplicación de la ley, como lo concluyó un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2021.
Otra de las preocupaciones es el costo de mantenimiento del proyecto. “El problema fundamental es el costo del mantenimiento, del inventario y de transmisión de datos, porque requieren prácticamente un plan de datos que permita transmitir en tiempo real o de un servidor que guarde todas las imágenes, algo bastante elevado que, en la mayoría de oportunidades, no es tan sustentable en lo largo del tiempo”, aseguró Nieto.
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Por el momento estas primeras 400 cámaras son un punto de partida que permitirá evaluar su costo y efectividad. De dar resultados, podría extenderse a otras ramas de la Fuerza Pública e incluso a otros campos como los servicios de salud o los funcionarios distritales. El plan piloto está en marcha.
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