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A los jefes de las estructuras criminales históricas de Medellín no les gusta que les digan capos ni patrones. Incluso hace dos años instauraron una tutela para que se les ordenara a los medios y a los funcionarios públicos a llamarlos de otra forma: “Nosotros queremos ser líderes positivos, no patrones.” Detrás esa petición hay una contradicción insalvable. Niegan su jefatura criminal, pero al mismo tiempo aseguran que el clima de violencia en la ciudad depende de sus “buenos consejos”: “Entonces llegan y nos encanan a los que tenemos una ideología y nos separan, y las mismas fuerzas del Estado empiezan a meter chismes para que pelemos entre nosotros. Y por arte de magia nos juntan y baja más del 40 % el homicidio en la ciudad; ¿qué más tenemos que explicar?”. Desde junio de 2023, los representantes de las bandas están juntos en la cárcel de Itagüí en medio de un proceso de paz que es, sobre todo, una conversación informal, una especie foro de apaciguamiento que no tiene marco legal ni compromisos concretos ni metodología clara ni transparencia alguna.
La presencia de negociadores de la “Paz Urbana” en el acto de gobierno en la plazoleta de La Alpujarra los ha puesto en otro nivel. Les ha entregado una legitimidad y una vocería que nunca ha sido clara. Nadie sabe muy bien a quién representan esos líderes, aunque ellos dicen tener ascendencia sobre doce mil jóvenes que delinquen en la ciudad. El presidente juega con candela al poner a la plana mayor de las grandes bandas de Medellín, según ellos ya resocializados y ejerciendo un liderazgo social, en el centro de sus disputas políticas y de una campaña en ciernes. Esos negociadores de hoy y patrones de ayer también hacen política: para nadie es un secreto su gran influencia en el Presupuesto Participativo en los barrios; la módica suma de 285.000 millones de pesos en 2024. Ellos mismos hablan sin misterios de su papel electoral: “Somos esos líderes que la comunidad escucha y si vos decís ‘es que a mí parece que esta persona puede ser alcalde por esto, esto y esto’, la comunidad presta atención a eso y dice que si a uno le parece que es un buen líder, que va a ser un buen alcalde, la gente escucha”. Son palabras de uno de los diecinueve negociadores que hace cerca de dos años entregó, junto con dos compañeros, una larga entrevista al portal Verdad Abierta. Los tres entrevistados prefirieron hablar sin revelar sus nombres.
La gobernanza criminal en Medellín no es un secreto para nadie. La herencia de Pablo Escobar dejó una estructura de dominio ilegal que regula una parte las prácticas sociales, de las economías legales e ilegales y de la política. Es cierto que los excapos y los nuevos mandos tienen una gran incidencia sobre las cifras de homicidios en la ciudad. Medellín lleva seis años con un equilibrio en la reducción de los asesinatos que comenzó en el último semestre de la primera administración de Federico Gutiérrez, mucho antes de la llegada de Petro al poder y de la instalación de la mesa de Itagüí. Una reunión informal de los duros en La Picota, en 2019, sería el hecho que marcó el inicio de la fase de apaciguamiento.
El Gobierno no logró impulsar la ley de sometimiento en el Congreso. Eso ha hecho que los experimentos de paz urbana sean inestables y sin perspectiva. Ahora el presidente dice que quiere ir con la fiscal hasta Itagüí para examinar que beneficios jurídicos se pueden entregar por la dejación de las armas, como si se tratara de hacer cuentas en una libreta. Ya Buenaventura ha dado lecciones de la fragilidad de estos procesos, pero ahora hay un nuevo y peligroso ingrediente: el presidente ha comenzado a usar la palabra de los “exduros” contra sus enemigos políticos, les ha dado un rango que ni ellos esperaban y los ha graduado de copartidarios.
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