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Entre 1998 y 2019, el Ejército tuvo 13 comandantes. Al menos ocho de ellos han terminado vinculados al paramilitarismo o a falsos positivos. Entre 1998 y 2010, el Senado tuvo 12 presidentes. Cuatro fueron condenados por parapolítica. Los datos son parte de una de las hojas de ruta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar los crímenes cometidos por la Fuerza Pública u otros funcionarios con grupos paramilitares. El documento, conocido por este diario, concluye: “Los paramilitares tuvieron (al menos desde 1990) acceso directo y creciente a la cúpula de toma de decisiones dentro del Estado”.
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Se trata de un análisis sin precedentes que elaboró para la JEP uno de los pensadores más respetados en la ciencia política: el profesor Francisco Gutiérrez Sanín. Tras revisar decenas de condenas contra parapolíticos, expedientes contra militares y los estudios que han hecho académicos del mundo sobre el fenómeno paramilitar, el documento inicia con una premisa: “El paramilitarismo ciertamente no fue un simple títere del Estado. Mantuvo siempre márgenes ciertos de autonomía. A la vez, no hubiera existido ni se hubiera desarrollado como lo hizo sin una íntima articulación con estructuras de poder, no solo locales y regionales, sino nacionales”.
Este documento engrosa lo que será el Macrocaso 08 que abrirá la JEP, que se concentrará en un período más amplio: de 1978 a 2016. La tesis de Gutiérrez Sanín se alinea con algunos elementos del auto con el que la Sala de Reconocimiento abrirá en las próximas semanas ese nuevo caso. Por ejemplo, descartan de entrada las líneas de defensa clásica de los condenados por vínculos con paramilitares, a la vez que le dan al fenómeno sus debidas proporciones. En palabras del profesor, “paramilitarismo y Estado no fueron una sola entidad, ni tuvieron sus intereses perfectamente alineados”.
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El documento muestra cómo, en al menos 20 masacres cometidas por paramilitares, se comprobó la participación de políticos. Y cómo, de los 25 departamentos en los que hubo grupos de autodefensa entre 1997 y 2010, en nueve hubo al menos un gobernador condenado por parapolítica. No obstante, no considera que el Estado haya estado subordinado a los paramilitares. A juicio del profesor, ocurrió un “entrelazamiento” entre los dos: el paramilitarismo tuvo amplios márgenes de maniobra en sus regiones de influencia, los particulares que los impulsaron tuvieron incentivos para hacerlo y fue una forma de construcción de poder en buena parte del país, no una casualidad”.
Además de gobernadores y congresistas, el documento da cuenta de las relaciones que tuvieron las Fuerzas Militares y agencias como el extinto DAS con las autodefensas. “La relación entre paramilitares, Fuerza Pública y terceros fueron masivas y públicas. Se denunciaron múltiples veces, por múltiples actores, incluyendo la embajada estadounidense en Bogotá. Uno está tentado de hablar de un ‘secreto a voces’, pero muchas veces lo de secreto también resulta dudoso”, escribió Gutiérrez, reseñando casos como los de los generales (r) Iván Ramírez, Rito Alejo del Río o Fernando Millán.
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Además, el profesor suma a toda la ecuación el rol de unos personajes que ha investigado anteriormente: los “intermediarios regionales”. Personas con liderazgo en las regiones, bien conectadas en las capitales, que “típicamente tenían un tentáculo en el mundo gremial -por ejemplo, asociaciones de ganaderos o de comerciantes-, otro en la política y otro en el sector seguridad”. Estos personajes, señala Gutiérrez, fueron el “tejido conectivo” para entrelazar a paramilitares con el Estado, y citó ejemplos como Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, los ganaderos Jesús Alberto Osorio, José Joaquín García o Carlos Clavijo y hasta el exsenador Otto Bula.
Finalmente, en su análisis, el profesor descarta las líneas de defensa más comunes a las que acuden militares y funcionarios acusados de vínculos con paramilitares. Por ejemplo, que solo financiaron a los paramilitares obligados o a las malas. Gutiérrez explica que la financiación es una discusión menor, pues los terceros “a menudo crearon los grupos, porque también tuvieron un lugar privilegiado en su dirección, tanto orgánica como informal. Se beneficiaron masivamente de su accionar”. El profesor agrega que la defensa de que era imposible saber lo que estaba pasando se cae de su peso, pues Estados Unidos advirtió en diferentes ocasiones de las relaciones de militares y políticos con paramilitares.
Otra defensa común es que, así como hubo infiltración del paramilitarismo en algunos sectores del Estado, también existió oposición. Y si bien Gutiérrez considera que sí la hubo, él mismo señala que la infiltración fue “devastadora”. El profesor pone como ejemplo las 24 masacres cometidas por paramilitares en alianza con funcionarios públicos: “Piénsese en la probabilidad de lanzar 24 veces una moneda y obtener en todos los lanzamientos ‘cara’. Intuitivamente, se puede adivinar que esa probabilidad es mínima (…) Esa es precisamente la plausibilidad de la afirmación según la cual el Estado trató de proteger a la población de atrocidades -en este caso de masacres-, pero no pudo”.
Todos estos elementos llevaron al profesor Gutiérrez Sanín a recomendarle a la JEP que parta de que “las responsabilidades potenciales (de los investigados) van mucho más allá de la financiación o la tolerancia a la extorsión, e incluso de la omisión”, frente al actuar paramilitar. Asimismo, que “hay responsabilidades relativas a creación y diseño de los grupos, dirección, promoción activa e incentivación”. Es decir, que la justicia especial debería entender el contubernio entre Estado y paramilitarismo como una relación de la que ambas partes sacaron frutos y que incidió, de manera directa, en la violencia. Según lo que este diario conoce del nuevo macrocaso, esas serán, precisamente, las premisas.
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