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La Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó para comentarios el proyecto de resolución con el que se busca implementar la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), una iniciativa que se comenzó a gestar en 2019.
El objetivo de la PTM es verificar en tiempo real, y mediante un registro de transacciones en línea, la comercialización de los minerales en el país para prevenir su producción y distribución informal, hacer seguimiento y crear medidas para regular el sector.
La ANM también explicó que el sistema servirá de prueba para que los comercializadores comprueben que las compras realizadas no exceden las cantidades autorizadas a los explotadores mineros autorizados.
La trazabilidad también permitiría entender cómo se mueven estos recursos, su procedencia y tener un registro tributario, similar a la facturación electrónica para el comercio, que se realizará a través de “la implementación de herramientas tecnológicas que evidencien los datos reales de los volúmenes de producción”, según el documento.
De fondo, el sistema está pensado para cerrarle el paso al comercio irregular de minerales en Colombia, que se ha convertido en una nueva (y lucrativa) fuente de ingresos para grupos criminales, especialmente en zonas remotas.
Además de alimentar el engranaje de criminalidad y violencia, la explotación irregular de minerales (oro, principalmente) también se ha convertido en un motor de deforestación en zonas como Parques Naturales o áreas protegidas. Según algunos cálculos, el 80 % del oro que se exporta desde Colombia tiene un origen ilegal, y una parte de este viene de zonas como la Amazonia.
De acuerdo con Carlos Andrés Mejía, experto en trazabilidad, la PTM resolverá preguntas sobre “quiénes son, dónde están, cómo producen, a quién le venden, cómo les pagan, entre otras. Vamos a saber quién consume esos minerales, las cifras de exportación y de consumo interno para entender cuál es el valor agregado para el país de estos minerales y la procedencia de los recursos”.
La PTM incluirá todos los minerales y será obligatoria para los titulares, explotadores y comercializadores mineros autorizados, así como para las plantas de beneficio y los consumidores finales registrados en el Registro Único de Comercializadores Mineros (Rucom).
Vale la pena mencionar que el Rucom es la base de datos en la que se inscriben las “comercializadoras de minerales como requisito para tener acceso a la compra y/o venta de minerales, así como publicarse los titulares de derechos mineros que se encuentran en etapa de explotación y que cuenten con las autorizaciones o licencias ambientales respectivas”, de acuerdo con el Ministerio de Minas.
El sistema está hecho, según Mejía, para generar información certera y que el Estado pueda tomar decisiones para cada eslabón de la cadena de suministro y se entiendan los procesos. “La idea del sistema es identificar todos los eslabones y los flujos del sector, porque hay cadenas de suministro bien complejas, como la del oro, que está muy relacionada con el tema de la delincuencia organizada y el lavado de activos. Con esto esperamos que, en un par de años, el Estado entienda qué es lo que está pasando, sepa quién produce y se descarte o confirme el mito de que el 80 % del oro que se produce en Colombia es ilegal”, explica.
Así las cosas, la plataforma permitiría “estimular lo bueno y desincentivar lo malo. Es decir, para quienes lo estén haciendo bien, ponerles todo a su disposición para que lo hagan mejor y más sencillo, y quienes lo estén haciendo mal, poder identificarlos y ponerles responsabilidades fiscales y tributarias”, dice Mejía.
De acuerdo con el Minminas, la plataforma también buscará que los sistemas permitan la interoperabilidad, el intercambio y la consulta de información con entidades que tengan funciones relacionadas con el control y la vigilancia en la cadena de suministro de la actividad minera, como Génesis, Rucom, Anna Minería y Control a la Producción.
“La Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM) actualizará los saldos de los explotadores mineros autorizados conforme a su reporte de producción, con el fin de registrar las transacciones de comercialización de minerales; para el caso de los comercializadores, estas deberán llevar a cabo los reportes de compras para aumentar sus saldos, y en el inicio de operación de la PTM deberán reportar los saldos que posean antes de la puesta en marcha de la plataforma”, explica la resolución.
Además de operar como registro de transacciones, la plataforma buscaría obtener un mayor recaudo por cuenta de estas actividades extractivas, pero también podría abrir el camino para incrementar la inclusión financiera de pequeños y medianos mineros.
La puesta en operación
La entrada en operación de la PTM se realizará en varias etapas, entre julio de 2025 y abril de 2026. La primera comenzaría el 1º de julio de 2025 con las compras a Títulos Mineros de Proyectos de Interés Nacional y Gran Minería en etapa de explotación.
Para la implementación de la PTM se deberían establecer una serie de medidas tecnológicas para blindar la autenticidad de los documentos y las transacciones.
Por ejemplo, se buscará cifrar el documento de Registro de Comercialización de Minerales, garantizando que no sea alterado y se asociará cada producción minera registrada, “identificándose el mineral desde su producción hasta su exportación o consumo interno; se verificará al vendedor en cada transacción una vez realizada la consulta en el Rucom o en Anna Minería, según corresponda; se verificará la existencia de saldos que soporten la venta para los titulares mineros y comercializadores, y la verificación de la no superación del cupo anual de los mineros de subsistencia”, se lee en el documento.
Los retos y posibles problemas
De acuerdo con Mejía, “la PTM debe ser capaz de solucionar los principales problemas de la legalidad de la minería en la comercialización: suplantación de productores, falsificación de documentos, testaferrato y evasión tributaria”.
Para este experto, la PTM necesitará unos puntos para que sea exitosa. Por ejemplo, la validación de identidad mediante sistemas biométricos contrastados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto, según Mejía, terminará con la suplantación de productores.
Otro requisito sería que los documentos electrónicos generados en las transacciones deberían estar sellados electrónicamente con estampas acreditadas por la ONAC. De esa manera, se controlaría la falsificación de documentos.
También la PTM tendría que desarrollar una herramienta de analítica de datos que le “permita evaluar la legalidad de cada una de las transacciones de comercialización que se están haciendo. Evitar que entren operaciones inusuales y sospechosas, como un posible lavado de activos”.
Por la escala de sus ambiciones, la plataforma tiene grandes retos en temas de su aplicación, considerando que más allá de la gran minería (que ejercen corporaciones con mayor supervisión y escrutinio por parte de las autoridades), el renglón que concentra los mayores temas de ilegalidad (y, en algunos casos, criminalidad) se da en la mediana y pequeña minería, especialmente en esta última.
Buena parte de estas actividades las realizan pequeñas operaciones mineras, que en muchos casos son actividades de subsistencia y, por su misma naturaleza, se mantienen al margen de la formalidad.
Llegarles a estos renglones es, quizás, uno de los principales desafíos de establecer y operar, de forma exitosa y eficiente, un sistema como el que se plantea con la PTM.
Para Santiago Arango, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, la PTM es interesante, pero es una propuesta muy amplia y su implementación no se ve fácil “tanto desde el punto de vista de la apropiación y familiarización de la tecnología, como el desarrollo tecnológico de la misma”.
Arango agrega que la obligatoriedad que plantea la resolución es retadora, pues es difícil ejercerla en un sector como el minero, por los factores que ya se expusieron.
Finalmente, cuando el sistema se implemente, “se va a requerir pedagogía para todos los actores del sector, como mineros, comercializadores, exportadores, autoridades, sistema financiero y opinión pública. La voluntad y el conocimiento sobre las cadenas de suministro serán los mayores retos de implementación”, agregó Mejía.
Además de la inversión que tendrá, la ANM requerirá para el funcionamiento de la PTM, la contratación de un equipo de trabajo para su administración y una mesa de ayuda que atenderá aspectos técnicos y funcionales que se puedan generar en la operación.
Los costos, según la resolución que estará para comentarios hasta el 2 de septiembre, los estimará la ANM en los 12 meses siguientes de su entrada en operación.
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Por Lucety Carreño Rojas
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