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Decentas de veteranos guatemaltecos, armados con machetes, palos y piedras, irrumpieron a la fuerza en el edificio parlamentario. Rompieron un portón de hierro que resguarda el parqueadero del lugar, rompieron una puerta de metal y colocaron cadenas y candados para evitar que los diputados y trabajadores salieran del lugar.
Los exmilitares quemaron oficinas legislativas y cinco automóviles y tres motocicletas y ocasionaron heridas a cuatro periodistas, lesiones a varios policías; dos manifestantes fueron detenidos.
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¿Por qué la toma?
Los exmilitares guatemaltecos exigen una indemnización por sus servicios durante la guerra civil (1960-1996). La protesta fue convocada en rechazo a la supuesta negativa de los diputados de aprobar una iniciativa de ley donde les autorizan la indemnización de unos 15.000 dólares para cada soldado jubilado por su labor durante el conflicto armado interno, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos del Ejército. Si el soldado murió serían los familiares los que recibirían la suma.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso.
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Una promesa de campaña
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.
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Los excombatientes del conflicto armado interno, que piden una compensación por sus servicios al Ejército durante la guerra civil, se habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
Una toma violenta
Al mejor estilo de los manifestantes porTrump que en enero se tomaron el Capitolio en Washington, los furiosos veteranos de guerra recurrieron a la violencia antes de que se iniciara la sesión plenaria. Para ese momento había únicamente 12 de los 160 congresistas, quienes debieron resguardarse en oficinas, fuera del alcance de los manifestantes.
También se encontraba dentro de las oficinas legislativas el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien dijo a medios locales en un momento que la situación era complicada porque “nos tienen retenidos”.
De acuerdo con información oficial, validada por la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, al menos diez policías fueron heridos por los enfrentamientos, así como cuatro periodistas de los medios locales Nuestro Diario, Prensa Libre, Quorum y Nuestro Mundo y varios más fueron amenazados por su labor.
El reportero gráfico herido de Nuestro Diario, David Sanchielli, fue golpeado con una piedra en la cabeza por los manifestantes, que además le rompieron el equipo fotográfico a punta de machetazos, aseguró él mismo, tras ser atendido por el cuerpo de bomberos.
Retoman el control
Antimotines llegaron a la zona y por un rato permanecieron a cierta distancia de la protesta hasta que entraron en acción lanzando algunos gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que también llevaban botellas de vidrio y otros objetos contundentes.
Al menos cinco personas fueron atendidos por socorristas por algún golpe, heridas leves o afectados por los gases, según un vocero de los Bomberos Voluntarios.
El Ministerio de Gobernación (Interior) informó en su cuenta de Twitter que, con apoyo de la policía, “se logró la evacuación por completo del personal que permanecía en el interior del Congreso”.
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