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Yapacaní es una ciudad y municipio de Bolivia, ubicada en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz; está a cerca de 124 km al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tiene poco más de 50.500 habitantes. Una ciudad pequeña que se enfrentó con su realidad más fea la semana pasada cuando se conoció cómo un hombre mayor, un anciano, abusó de una niña de 11 años, hoy embarazada.
La niña fue abusada durante meses bajo amenazas y sus familiares solo se dieron cuenta de la situación cuando la menor de edad se quejó de movimientos “raros” en su vientre; fue llevada a revisión médica y el diagnóstico fue devastador: la niña tenía 23 semanas de embarazo. Una tía presentó la denuncia y una solicitud para interrumpir el embarazo; el anciano violador está en la prisión esperando sentencia.
El caso, que saltó a los medios, se convirtió en un debate a nivel nacional: grupos pro aborto reclamaron el procedimiento para la menor, pero los provida pidieron permitir que el embarazo termine. De acuerdo con información publicada por la prensa local, ante la presión la mamá y la menor de edad cambiaron de opinión frente a la interrupción del embarazo.
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Hace unos días fue publicada una carta escrita a mano firmada por la niña en la que dice que desistió de proseguir con la interrupción del embarazo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia señaló que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura” en referencia al caso de una menor de 11 años que resultó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro.
La niña está con su madre en un albergue de la Iglesia Católica y según dice esa institución, no quiere un aborto; su madre ha dicho a la prensa local que quieren que el bebé nazca y después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
Pero la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, cree que la niña fue influenciada por su mamá. “De acuerdo con los informes a los que accedimos, la forma en la que fue presionada y arrinconada por miembros de la Iglesia, que se han identificado como del Arzobispado, le ha generado dudas y miedo a la menor para que retroceda en su decisión de interrumpir legalmente el embarazo”, asegura la Defensora del Pueblo.
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“Ella decidió hacerse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló ‘yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí’. Las otras dos formas de intervención [de la madre y de la Iglesia] son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor”, afirmó Nadia Cruz.
Riesgos para las niñas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entró en el debate, que comenzó hace una semana y que ha generado todo tipo de reacciones. “El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, recalca la CIDH.
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En redes sociales y en manifestaciones cientos de bolivianos reclaman que dejen a las niñas ser niñas y no madres. La Defensoría advirtió que emprenderá medidas legales para que “se encamine de nuevo el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor”.
Las víctimas de violencia sexual deben acceder a los servicios de salud y a la información para “tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento” y el Estado debe blindarlas frente a “opiniones e información no científica”, insiste por su parte la CIDH.
La legislación boliviana estipula que el “aborto incondicional” es constitucionalmente inadmisible, pero cuando es consecuencia de un delito de violación “no se aplicará sanción alguna”.
En Bolivia, desde 2014, una sentencia determinó que una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en tres casos: violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro. Este caso reúne todas las condiciones.
Embarazo infantil
El embarazo infantil y adolescente es un problema en el hemisferio, con cerca de 10 millones de casos al año, advierte la CIDH, en un informe sobre violencia y discriminación.
Este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma disponer de información según la cual en Bolivia una de cada tres niñas sufre algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años.
Según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil -añade- ha habido 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes en el país hasta abril de 2021.
Violencia contra las niñas
La vida y el futuro de millones de niñas en Bolivia está en riesgo. Así lo advirtió el movimiento Plan Internacional en un informe publicado en abril de este año.
“La pandemia y el confinamiento implicaron un gran impacto en la vida de las niñas del país. Sus derechos se vieron directamente afectados, ya que dejaron de asistir a la escuela, muchas tuvieron que convivir con sus agresores, no accedieron a servicios de salud sexual y reproductiva, las familias tuvieron problemas económicos. Ellas están expuestas a mayores riesgos y sus derechos están siendo afectados”, mencionó Emma Donlan, Directora País de Plan International Bolivia.
Los índices de violencia hacia la niñez y hacia las mujeres son alarmantes: el año pasado se registraron 51 infanticidios y 108 casos de violación durante el confinamiento. Hasta abril de 2021, la Fiscalía General del Estado reportó 7 infanticidios y hasta marzo, del presente año, 282 casos de violación a infantes, niños, niñas y adolescentes.
Plan Internacional también encontró que los embarazos precoces muchas veces son resultado de estupro o abuso infantil. “Las niñas y adolescentes más vulnerables viven en áreas rurales donde 2 de cada 10 menores de 20 años han estado alguna vez embarazadas”, señala el informe.
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