Un sistema de salud en crisis de hostilidad

Fue una semana de noticias sobre el sistema de salud que dejan la sensación de un caos plagado de hostilidad al que hay que buscarle salida si queremos evitar un desastre. Mientras la Corte Constitucional le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Salud para pagarles las deudas a las EPS e IPS que se tienen a corte de diciembre de 2019 (¡ya van para cinco años!), el Tribunal de Cundinamarca inadmitió la acción popular del Ministerio contra las EPS por la ausencia de reservas técnicas. Mientras tanto, el contralor en funciones amenazó con denunciar penalmente a las EPS por falsificación de documentos públicos entregados al ente de control fiscal. Todo al tiempo de que el presidente anunciara reformas en las EPS intervenidas para empezar a transitar hacia un modelo de prevención y de financiación directa. Entre tanta neblina, nos parece útil identificar que todos los actores interesados podrían llegar a consensos y aprovechar el proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso.

Partamos de un punto en el que todos los involucrados están de acuerdo: el sistema de salud tiene un serio problema de financiación. Por donde se le mire hay deudas, herramientas ineficientes de girar recursos y mucha frustración. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), lo puso en términos sencillos: “Los colombianos gastamos más en salud que el presupuesto asignado para ello. Con reforma o sin reforma, con EPS o sin EPS”. Vale la pena añadir: el problema lleva décadas sin ser resuelto, lo que aumenta su magnitud y hace que cualquier discusión tenga que lidiar con el lastre de soluciones a medias.

Esto lo muestra la reciente decisión de la Corte Constitucional. Durante la administración de Iván Duque, el Gobierno se comprometió a pagarles a las EPS lo adeudado hasta diciembre de 2019 por tratamientos cubiertos por las entidades como trasplantes de órganos. En aquel entonces se tasó en $1,5 billones, deuda que se acumuló con más de $1 billón por los cubrimientos que se hicieron durante el COVID-19. Sin embargo, y pese a que estaba la promesa de pago para agosto de 2022, no se hizo. La Corte encontró que “para 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda” y le ordenó al Ministerio de Salud pagar en los próximos dos meses.

Ese déficit cobra relevancia porque todo el lío del Ministerio de Salud y la Contraloría con las EPS pasa por la falta de reservas técnicas y la ausencia de liquidez. Sintetizando un problema complejo, el Ministerio entabló una acción popular contra las EPS por no tener reservas que garanticen su buen funcionamiento. Luego, un informe de la Contraloría fue en la misma línea y señaló que 21 EPS tienen un hueco de $12,4 billones. En respuesta, Acemi, aunque reconoce la falta de reservas técnicas, dijo que los datos del informe eran imprecisos. Salido de tono, el contralor interino, Carlos Mario Zuluaga, respondió que “ninguna (EPS) le enseña al órgano de control (cómo) hacer vigilancia de los recursos públicos” y amenazó con acciones penales por otorgar supuesta información falsa a la Contraloría.

En El Espectador hemos cubierto en detalle el tejemaneje de todas estas discusiones, por lo que solo queremos centrarnos en un punto: tanta hostilidad hace que la reforma que está en el Congreso se sienta como una imposición más que un diálogo necesario. Eso es lamentable, porque los diagnósticos sobre lo que está mal son compartidos y abren la oportunidad para un consenso.

Es tiempo de retomar las mesas técnicas, de bajar el tono y de pensar en que una reforma ambiciosa necesita amplio apoyo. Se puede prevenir el desastre que se anuncia, ¿pero hay voluntad?

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