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A orillas del lago Neuchâtel, en Suiza, se levanta una estructura de más de 30.000 metros cuadrados en forma de cubo, inaugurada en 2009. Con tres grandes edificios interconectados y nombrados como “Agua”, “Tierra” y “Aire”, las instalaciones son el lugar en el que la tabacalera Philip Morris International (PMI), una de las más grandes del mundo, desarrolla lo que, asegura, serán productos menos nocivos que el cigarrillo. Allí trabajan cientos de personas, entre ingenieros, científicos y técnicos de 40 nacionalidades, en una inversión que la compañía cifró, inicialmente, en más de 9,000 millones de dólares. Es difícil que alguien en Colombia se hubiese enterado de la existencia de “El Cubo”, como es llamado este complejo, si no fuera porque doce congresistas colombianos fueron invitados a visitarlo hace unas semanas.
La visita constaba de tres días y era financiada por Philip Morris International. Tenía, según dicen desde la compañía, una agenda estrictamente académica. “Consideramos que es legítimo que nosotros podamos educar a las personas que toman decisiones, sin ningún tipo de expectativa”, aseguran desde la empresa. El objetivo, continúa PMI, era que los congresistas conocieran las instalaciones, los equipos y sus procesos de desarrollo. “Para evitar suspicacias, como que esto se hizo antes de los debates en el Congreso, como PMI decidimos aplazar la sesión, manifestando a los congresistas que preferimos que no se generen ese tipo de distracciones que quiten el foco de la discusión central: la regulación”.
La invitación se conoció justo cuando el Congreso se propone debatir en esta legislatura por lo menos dos proyectos de ley que pretenden regular productos como los vapeadores y cigarrillos electrónicos que, de no ser discutidos, se hundirían por tiempos en el Congreso. El problema, dice Carlos Andrés Jiménez Barragán, integrante de Red PaPaz (una organización civil que propende por la limitación del consumo de tabaco y sus similares), es que “nuestro país es signatario de un tratado internacional contra el tabaco que habla, entre otras cosas, de la interferencia de la industria en estas discusiones. En ese orden de ideas, no está permitido que los representantes de la industria del tabaco tengan estos procesos de interferencia dentro de debates de este tipo”. (Puede ver: Gobierno radicó ponencia de la reforma a la salud para su tercer debate)
Jiménez se refiere con eso al Convenio Marco para el Control del Tabaco, un tratado internacional que entró en vigor en 2005 y que se esfuerza no solo en abordar la amenaza a la salud pública causada por el consumo de tabaco a través de medidas para limitar la demanda y oferta de estos productos, sino que también busca limitar, bajo estrictas condiciones, la participación de la industria tabacalera en estas discusiones. El artículo 5.3 del acuerdo establece que “las Partes (los países que suscriben el acuerdo, entre los que está Colombia), actuarán para proteger estas políticas de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional”.
“El Convenio Marco es muy claro diciendo que incluso cuando no se exige una contraprestación a cambio y se expresa que no hay un compromiso en el sentido del voto del parlamentario, el solo hecho de aceptar la dádiva y la posibilidad de reuniones privadas es violatorio. Las reuniones con la industria deben hacerse en escenarios estrictamente públicos”, dice Blanca Llorente, directora de Investigación de la Fundación Anáas, una organización de la sociedad civil que desde 2013 apoya varios aspectos del control del tabaco.
La mención de Llorente es importante por una distinción: el acuerdo no prohíbe completamente la intervención de la industria tabacalera en discusiones sobre políticas de salud pública alrededor del tabaco; de hecho, durante estos meses se han realizado por lo menos dos audiencias públicas en el Congreso, donde estas compañías han podido defender sus posturas hacia una regulación, pero sí las restringe a espacios completamente públicos. Esa es una de las razones que expone PMI para defender la legitimidad de su invitación: “Todo se hizo manera transparente. La invitación se hizo a nombre de la compañía, de su aceptación tenía que salir una resolución emitida por la presidencia de la Cámara o Senado donde públicamente se decía qué congresistas iban a asistir. Todo siempre estuvo sobre la mesa”.
La invitación se envió a 12 congresistas, pero solo cuatro de ellos aceptaron ir (antes de que fuera cancelada): Carolina Arbeláez Giraldo (Cambio Radical), Juan Camilo Londoño Barrera (Alianza Verde), María Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal) y Víctor Manuel Salcedo Guerrero (Partido de La U). Lo particular de este último frente a los demás, sin embargo, es que Salcedo fue ponente de uno de los proyectos que pretende una regulación estricta de estos nuevos productos (como electrónicos y vapeadores).
“Nosotros los congresistas no somos sabios, no tenemos que saber de todos los temas. Mientras más nos llenemos de razones, mejor. Es importante conocer. Siempre en cada proyecto hay quien diga su opinión y hay que escucharlos a todos”, dice Salcedo. De hecho, él también fue invitado a Panamá hace unos veinte días a un congreso organizado por grupos que defienden la postura de que estos nuevos productos pueden ser menos riesgosos que los cigarrillos tradicionales (un evento que se hizo de manera paralela a la cumbre contra el tabaco que desarrolló la OMS, también en Ciudad de Panamá).
“Allá dije lo mismo que he dicho en la Comisión Séptima: que quiero regular. Planteé y llevé estudios de las universidades en Colombia, uno de ellos que dice que ya hay 59 muertos por el uso de esos dispositivos. ¿No les gustó? Bueno, yo dije que iba a plantear lo mismo que he dicho en el Congreso”, señala Salcedo.
“Tenemos plena certeza de la legalidad y pertinencia de la actividad académica programada, como parte de un legítimo derecho a la participación ciudadana y a la generación de espacios de educación y conocimiento. Por lo anterior, rechazamos las afirmaciones y publicaciones que han catalogado esta actividad como una interferencia indebida de la industria cuando su único propósito ha sido compartir información pública”, finaliza PMI. En el trasfondo de esta nueva polémica está el intento de Colombia por regular unos productos en marcado crecimiento: solo durante 2022, al país llegaron casi seis millones de cigarrillos electrónicos, la mayoría, producidos en China.
¿Cómo regular?
Son dos los proyectos que acaparan en especial la atención del Congreso, de la industria y de las organizaciones civiles en esta legislatura. Uno de ellos es el de la congresista Carolina Giraldo Botero, del partido político Alianza Verde, que pretende crear nuevas medidas fiscales (como impuestos) para desincentivar el consumo de estos productos. “En la actualidad, Colombia es el quinto país de Latinoamérica con los precios de cigarrillos más bajos, además, los vapeadores o cigarrillos electrónicos no tienen impuesto”, dicen desde su equipo. El proyecto superó sus primeros debates y ahora está en plenaria de Cámara. “Necesitamos que lo agenden para debatirlo, porque si lo dejan en la cola, el proyecto se hunde por los tiempos del Congreso”, dice la representante Giraldo.
El segundo es liderado por la senadora Norma Hurtado, que también va para su último debate y que, de no discutirse, se hundiría. “Los cigarrillos electrónicos en Colombia hoy están en un vacío legal. Las grandes tabacaleras, que distribuyen estos productos, no los quieren ver inmersos en la ley 1335 del 2009, no quieren tener la misma regulación, dicen que son diferentes y que generan una posibilidad de reducción de riesgo y que no debemos encasillarlos en ese marco regulatorio. Allí empezó el dolor de cabeza”, le decía Hurtado a El Espectador en una conversación a finales de 2023.
Esa es, en términos resumidos, las posturas en esta discusión: quienes propenden porque el país adopte una regulación diferenciada para estos productos, y quienes proponen que queden bajo la ley 1335 de 2009, conocida como la “Ley Antitabaco”. Es una norma que incluye medidas para la prevención del consumo del tabaco y la exposición al humo de tabaco en el país, como la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados y la limitación de la publicidad y promoción de estos productos, entre otras cosas. La propuesta de Hurtado es, en términos simples, incluir en esas limitaciones y prohibiciones que ya existen, a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros similares. (Puede ver: El impuesto saludable, sale caro no aplicarlo)
Esa idea no le gusta a la industria. “Creemos necesario y esperamos que haya una regulación. Se ha dicho que la industria no quiere una regulación y eso es mentira. Pero, creemos que la regulación que debe haber es una diferenciada con base en la reducción de riesgo y daño”, dice Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de ALTERPRO (el gremio que agrupa a British American Tobacco Colombia, Inversiones GLU Cloud, Relx International y Coltabaco – Philip Morris International). La llamada “reducción de riesgo y daño”, como hemos explicado en El Espectador, defiende que estos nuevos dispositivos pueden representar una alternativa menos perjudicial en comparación con los cigarrillos tradicionales.
No hay un consenso completo sobre esa idea. Hay países como Reino Unido en donde la Agencia de Salud Pública de Inglaterra (Public Health England – PHE) ha sido particularmente proactiva en reconocer el potencial de los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar, y ha respaldado su uso en ciertos contextos muy controlados. La Organización Mundial de la Salud ha señalado, a su vez, que la evidencia científica aún está en evolución, y que se necesita más investigación para comprender completamente los riesgos y beneficios asociados con estos dispositivos. En general, sin embargo, este organismo se ha mostrado preocupado por la falta de regulación y la posibilidad de que estos productos lleguen a las nuevas generaciones y se conviertan, de facto, en un ingreso al mundo del tabaco.
En Colombia, en una respuesta que el Invima le envió a la senadora Hurtado a finales de 2023, la agencia de salud colombiana señala que “teniendo presente que no existe suficiente evidencia científica para determinar las cualidades de los cigarrillos electrónicos y vapeadores como método de cesación ni sobre seguridad que ofrece para la salud humana, de conformidad con el concepto proferido por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos biológicos, se concluye que este producto no es considerado ni un dispositivo médico, ni un medicamento”. El proyecto de Hurtado, que pretende que a estos productos se les enmarque bajo la misma regulación de los cigarrillos “tradicionales”, también tiene el aval del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio. Esa es la postura que también defienden organizaciones como la Fundación Anáas y Red PaPaz, que consideran que esto es lo “mínimo” en esta discusión.
En el Congreso hay diferentes visiones. “Lo ideal es que las regulaciones para cada sustancia y métodos deberían de ser diferenciadas porque: uno, cada sustancia tiene sus riesgos y daños y, por tanto, hay formas diferenciadas de reducirlos o mitigarlos; y dos, el éxito del prohibicionismo es encasillar a ´todas las drogas´ es una misma bolsa de peligrosidad, cuando no es así”, dice Daniel Carvalho, representante antioqueño. Para Carvalho “que se visite una fábrica no me parece algo indebido, aunque pueda levantar sospechas. Esto pone otra vez sobre la mesa la importancia de regular el lobby en Colombia”.
Que el país opte por ese camino de regulación que propone la senadora Hurtado tiene, según la visión de ALTERPRO, unos riesgos. “Lo que nos genera dudas es su aplicación. Cuando usted revisa artículo por artículo la Ley 1335 de 2009 se da cuenta de que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, hay un producto a nivel internacional que se conoce como las bolsas de nicotina, que son bolsas que se ponen en el labio para absorber la nicotina. ¿Cómo le aplica disposiciones de no consumo en espacios cerrados a esos productos? Entendemos los productos que puedan emitir algún tipo de vapor, pero no se ha hecho el ejercicio de revisar la ley según la categoría de los productos. La ley 1335 se creó para los cigarrillos, no para una categoría de productos innovadores que son diferentes, como estos”.
La regulación diferenciada que propone el gremio, dice, se basa no solo en el reconocimiento de la reducción de riesgos, sino también en otros principios como que estos no lleguen a manos de niños y adolescentes, la limitación en la publicidad y una información clara a los usuarios para que sepan, “con toda claridad, que aunque estos productos representan menos riesgos, siguen teniendo riesgos”, finaliza Gutiérrez. Las próximas semanas serán claves para definir qué camino tomará Colombia en este campo.
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