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No dedico mis columnas a denuncias contra personas, pues no soy periodista investigativo sino un simple opinador. Pero si uno constata comportamientos indebidos que inhabilitan éticamente a una persona para un cargo público, es un deber ciudadano criticar esas conductas. Eso sucede con Guillermo Reyes, quien podría ser el ministro de Justicia del nuevo gobierno pero no debería por haber incurrido reiteradamente en plagio.
Confieso que esta crítica no me es fácil: fui colega de Reyes por varios años en la Corte Constitucional y tuvimos una relación cordial. Pero esta crítica es ineludible no sólo por el interés general del tema sino además porque los comportamientos indebidos de Reyes mancillan la memoria de Juan Jaramillo, un querido colega y amigo, fallecido prematuramente. Esta crítica a Reyes es entonces también una defensa de la memoria y del trabajo intelectual de un amigo entrañable, quien no puede defenderse personalmente, aunque uno de sus hijos, Diego, lo haya hecho en su nombre, en forma valiente y admirable.
Reyes plagió en dos ocasiones un artículo de Juan. Esto lo demostró en 2015 un detallado artículo de La Silla Vacía, llamado “Guillermo Reyes, ¿plagiador en serie?”. También lo indiqué en una columna sobre el mismo tema en ese año, cuando Reyes aspiraba a registrador. Y los trinos de Diego Jaramillo son contundentes.
En 2004, en el libro El nuevo orden político electoral en Colombia, Reyes reprodujo no algunas líneas, ni siquiera unos pocos párrafos (que ya sería grave), sino páginas y páginas del artículo de 1998 de Juan llamado “Los órganos electorales supremos”. Reyes reprodujo como si fueran propios las tesis y al menos 35 párrafos de ese artículo. Pero eso no le bastó. En 2014, cuando Juan ya había muerto, Reyes publicó el libro Régimen electoral y partidos políticos, en el que reproduce nuevamente como propias las tesis y páginas enteras del artículo de Juan.
Reyes se ha defendido de estas denuncias con tres argumentos, todos inaceptables: primero, ha dicho que Juan no consideraba que sus derechos de autor le hubieran sido violados. Pero, en su momento, la viuda de Juan, Gabriela, lo desmintió y aclaró que ese plagio mortificó a Juan, quien por ello se quejó en 2007 ante la editorial por el plagio de 2004. Otra cosa es que Juan, por su legendaria bonhomía, no haya presentado acciones judiciales contra Reyes.
Segundo, ha sostenido que el asunto fue corregido con una fe de erratas a esos libros, pero ese argumento es inaceptable: las erratas son por errores menores en un texto, no para excusar un plagio de páginas enteras. Y en todo caso, ¿por qué persistió en el plagio en 2014 a pesar de la queja de Juan ante la editorial en 2007?
Tercero, ha sostenido que el caso fue investigado por la Fiscalía y que esta lo cerró por no haber delito. Pero esto es falso: como lo mostré en unos trinos, el archivo de la Fiscalía se refiere a otra denuncia en su contra por plagio en su tesis doctoral, pero no al plagio a Juan. Además, el archivo es por un tecnicismo y es que el artículo 270 del Código Penal exige que el plagio ocurra en un texto publicado. Como la denuncia se basaba en una versión no publicaba de la tesis, la Fiscalía concluyó que no podía haber delito. Pero la Fiscalía no analizó si en su tesis doctoral Reyes se había o no apropiado de textos y análisis de otros autores.
En este país tan lleno de atrocidades, un plagio puede parecer un asunto menor, pero no lo es: es el robo del trabajo intelectual de otra persona y un engaño, que afecta la fe pública y la credibilidad de la labor académica. Si bien no todo plagio es delito, todo plagio es condenable. Al menos quien lo comete no debería ser ministro de Justicia de un gobierno que quiere cambiar este país.
*Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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