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“Las niñas no se tocan”, gritaba una multitud de personas mientras golpeaba hasta la muerte a Ana Rosa Díaz Aguilar en la ciudad de Taxco, norte del estado de Guerrero, en México. La mujer era una de las señaladas de secuestrar y matar a Camila Gómez Ortega, una niña de ocho años que había sido invitada por su hija a jugar en su residencia el pasado miércoles para jugar en una piscina. El caso pone de nuevo en la mesa la creciente tendencia de hacer “justicia por mano propia” en la región, antes de que se desarrolle cualquier investigación.
La prueba que vinculó directamente a Díaz Aguilar como sospechosa del asesinato de la desaparición de Gómez fueron dos grabaciones de cámaras de video de las casas aledañas a su residencia en el barrio de La Florida. En estas imágenes se puede ver que la niña sí llegó a la vivienda de Díaz Aguilar a reunirse con su amiga, pese a que la mujer le dijo a la familia Díaz Ortega que la menor nunca llegó al domicilio.
En los videos también se puede observar a Díaz Aguilar sacando una bolsa grande de basura y un cesto de ropa que sube al baúl de un taxi. La familia de Gómez Ortega habría sido extorsionada para recuperar a la menor, según comentaron después. En este momento empezaron las alertas. El cuerpo de la niña fue encontrado horas más tarde en la carretera Taxco-Cuernavaca, sobre la madrugada del Jueves Santo.
Apenas los videos salieron a la luz pública, los vecinos del barrio La Florida le exigieron a las autoridades que procesaran a Ana Rosa Díaz, a su pareja y a su hijo, quienes también habrían participado del presunto plan de secuestro y asesinato de la menor. Una multitud advirtió que, de no ser arrestados, buscarían “justicia por su propia mano”. Sobre el mediodía del jueves, los vecinos del sector se hartaron de la falta de respuesta de las autoridades. Según medios locales, familiares de Gómez sacaron a los sospechosos del asesinato de su residencia y fueron expuestos ante los vecinos, quienes empezaron a agredirlos.
Ana Rosa Díaz recibió varios golpes y, aunque fue trasladada al hospital para ser atendida, estos fueron tan certeros que le causaron la muerte. Su hijo, Alfredo, también habría sido declarado con muerte cerebral el viernes tras la paliza recibida por sus vecinos. Incluso el perro de los acusados, un pitbull, según reportaron cuentas en X, fue agredido por los vecinos, luego de tratar de defender a su dueña mientras era brutalmente golpeada. El animal fue enjaulado y llevado a un grupo de animalistas.
Aunque la Fiscalía General del Estado de Guerrero prometió una investigación sobre el caso, la imagen que ya quedó plasmada en este episodio es, nuevamente, la de la inacción de las autoridades locales, quienes se quedaron estáticas cuando la turba estalló de manera violenta contra los sospechosos de la muerte de Gómez.
Los linchamientos, como el que se registró en Guerrero esta semana, son un fenómeno violento que es cada vez más preocupante en Latinoamérica, pero particularmente en México, donde las cifras crecen cada año. Solo entre 2016 y 2022, el país registró 423 casos de linchamiento y otros 196 intentos de estos, según un reporte de los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilsa Veloz Ávila.
“Estos ajusticiamientos (…) manifiestan un alto grado de indignación moral (…) y que expresan la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración”, exponen los investigadores en su artículo.
El sociólogo mexicano Julián Flores también le comentó al medio La Razón que estas acciones se multiplicaron hasta por cinco entre 2020 y 2023, ante los problemas de la rama judicial, el aumento de la delincuencia y el agotamiento de la sociedad. Según dice el experto, al inicio de la década se documentaban entre 20 y 35 casos anuales, pero para 2023 las cifras ascendieron hasta casi 100 casos, que incluyen la muerte o desaparición del acusado.
“Lo que está haciendo la población es llegar a una solución, en este caso es el linchamiento, pero sin un argumento burocratizante; es decir, se han dado cuenta que las autoridades engorrosamente burocratizan y no te lleva hasta una respuesta real y, en menos de lo que cante un gallo, estas personas que están cometiendo delitos salen salvos; entonces, la gente genera rencor social”, le comentó el sociólogo a La Razón.
La situación es tan alarmante que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México advirtió en un informe de 2019 que este fenómeno se hacía cada vez más complejo, por lo que había que trabajar en la sensación de abandono por parte del Estado. También hay que hacer especial énfasis en las áreas más marginadas, pues, según reportes, los municipios donde se presentan más linchamientos también suelen ser muy pobres.
Que este fenómeno esté tan inmerso en el ecosistema social es preocupante, pues para René Alejandro Jiménez Ornelas, experto en sociodemografía de la violencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto se puede tornar en una situación incontrolable. Incluso hay casos en los que las personas linchadas y asesinadas no han sido responsables de lo que se les acusa, sino víctimas de rumores y de acciones apresuradas sin investigación. Acá hay un trabajo en doble vía: ciudadanía y autoridades.
“Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigir el cumplimiento jurídico de la ley, evitando los procesos de corrupción como sistema. Todos los esfuerzos deben encaminarse a la búsqueda y respeto de un Estado de derecho”, le dijo el experto de la UNAM a Univisión. En cuanto a los gobiernos, estos deben entender que lo que la ciudadanía le está diciendo es que no es que no hay mecanismos para denunciar, sino que estos no brindan los resultados ni la confianza necesaria para responder a las necesidades de la población, según los analistas.
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