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En un parqueadero de la vía Riohacha-Santa Marta, que tiene una tienda y un bar como fachada, permanecen inertes la última camada de carrotanques comprados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para cumplir el propósito que todo gobierno ha intentado cumplir en vano: tener un suministro constante de agua a las zonas más apartadas de este departamento en temporada de sequía.
En un piso sin pavimentar y alineados en hileras, los 20 vehículos acumulan polvo y empiezan a experimentar los desgastes asociados con el sol —algunos tanques han implosionado y se han desprendido partes— mientras su futuro sigue siendo incierto. A cargo de ellos se encuentra un funcionario de la empresa contratista, oriundo de Tuluá, que viene cada tres días a prenderlos y revisarlos, pero asegura estar a punto de tirar la toalla ante la falta de respuesta de sus jefes sobre el futuro de estos, pues la Unidad, ahora en cabeza de Carlos Carrillo, no está dispuesta a recibirlos.
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“El problema es que los vehículos, que están en buen estado, no tienen póliza de seguro para circular, un pequeño detalle. Si les compramos esto, podríamos estar participando en el detrimento patrimonial que podría configurarse en este caso”, indica Carlos Carrillo, director de la UNGRD. “Lo más probable es que tengamos que cobrar el seguro y liquidar el contrato”.
Se trata de un lío de más de $75 mil millones, que tiene a otros 60 vehículos sin utilizarse en el batallón Cartagena del Ejército (20) y en la base militar de Uribia (40). En esta se encuentran los que la UNGRD presentó con pompas a finales de 2023 y a los que se les pegó un sticker con los rostros de presidente Gustavo Petro y el investigado exdirector de la Unidad Olmedo López. Ya ordenaron quitarlos.
El origen de estos 80 vehículos se realizó durante la administración de López, quien fue denunciado por contratos con millonarios sobrecostos que fueron realizados, en parte, por la empresa Impoamericana Roger S.A.S., una presunta empresa de papel que se ganó la millonaria licitación. El escándalo incluyó también una posible injerencia electoral en municipios de La Guajira, y entre otros, un posible lavado de activos, al ser pagos, algunos camiones, con dinero en efectivo.
Mientras la Unidad define que hacer con ellos, el fantasma de la sequía sigue presente en el departamento. A menos de un kilómetro de la base militar, en donde los carrotanques de 16 mil litros de capacidad están parqueados en una cancha de fútbol, en el municipio de Uribia el suministro de agua potable apenas llega a un 1 %, según cifras oficiales.
“El agua es la fuente para nosotros hacer muchas cosas, para sembrar, pero en general para alimentarnos. Esto se sufre a nivel departamental, pero el impacto grande a nivel local, como es el caso de Manaure, que tiene una población indígena de casi el 90 % y que, de cada diez niños muertos por desnutrición, ha puesto seis, y el tema alimentario parte de tener agua”, explica Ángel Freire, vocero popular de la comunidad de Manaure, un municipio aledaño.
Para atender situación, después del escándalo y el cambio de mando de la Unidad, funcionarios de la UNGRD viajaron a varios municipios y rancherías del departamento para calmar “las aguas”, o más bien, prometer que estas llegarían. Sin embargo, tras varias reuniones, la sensación de las comunidades sigue siendo que las cosas no cambiaran.
El reto, que se complicó, de llevar el agua a La Guajira
La Guajira es un departamento disperso y extenso, y el único desierto habitado del país. De hecho, desde su territorio al norte, en donde las sequías son más graves, es más cerca llegar en lancha a las islas antillanas del caribe que a la capital del departamento. A esto se suma la complejidad política: en los últimos 12 años ha tenido 16 gobernadores, en medio de investigaciones por corrupción y malversación de recursos.
Según el gobernador actual, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, el problema “no es el agua en sí, sino llevarla a los hogares. Hay zonas cerca de las represas en donde se tiene un suministro relativamente constante, pero ante la escasez esto se vuelve una cuestión de poder de unas personas sobre otras, y eso no puede ocurrir”.
“Los desafíos del suministro y para atender las emergencias pasan necesariamente por un tema de vías, por el relacionamiento con las comunidades y la presencia activa que debemos del Ministerio del Interior. Pasa siempre en las emergencias y en las atenciones, los vehículos que se utilizan deben cumplir con unas especificaciones técnicas y el acceso a vías es muy complicado”, agrega.
Lo cierto es que, ante la falta persistente de agua en el departamento, se hacen labores titánicas para llevar el agua a las comunidades. Según cifras oficiales, en 2023, las autoridades llevaron más de 11 millones de litros de agua al norte de la Guajira, y más de 6 millones a las zonas del sur. En 2024, han llevado más de 2 millones de litros al norte.
“Hay comunidades a las que les llevan agua relativamente juiciosos cada cinco días, y no hay problema, pero en otros casos puede pasar un mes sin que nadie aparezca, y toca levantar la voz e insistir para que nos den respuesta”, indica Andreina Gnecco Pushaina, lideresa de la comunidad Ulishamana.
Por su parte, el Ejército y agentes de cooperación internacional realizan mantenimientos a los molinos de agua y los pozos profundos, frecuentemente afectados por daños que, según la comunidad, pueden pasar semanas sin ser reparados.
“El problema aquí no es de plata, ni un problema técnico, es, en mi opinión, simplemente mezquindad política. Nuestra tarea es cumplir esa obsesión del presidente Petro con La Guajira de solucionar este problema del agua con soluciones de fondo”, indica Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
No obstante, el escándalo de los carrotanques ha generado descontento entre las autoridades locales, que indican que las acciones se han realizado de forma desarticulada y que nunca se les consultó sobre las inversiones que realizó la Unidad. “Compraron un montón de vehículos que se abastecen con combustible ACPM que ni siquiera se vende en el departamento, y toca pagar para traerlo, hay que preguntarse eso cuanto vale”, indica un funcionario regional que pidió su nombre no fuera revelado.
Por su parte, según Óscar Pérez, vocero de las comunidades accionadas por la sentencia de la Corte Constitucional de 2017 sobre las comunidades wayú, indicó que “nunca se consideró contratar gente de la comunidad, que sufren problemas de empleo, para manejar los carrotanques y en su lugar se contrataron conductores de afuera del departamento que no conocían el terreno, y sus complejidades”.
Además, para suplir la falta de estos vehículos en el terreno se han contratado otros vehículos externos que, en ocasiones, son utilizados previamente en el transporte de combustible, y posteriormente para el transporte de agua, lo que genera un sabor en el agua que hace que las comunidades no la consuman cuando llegue al punto.
Los carrotanques, además, son solamente una de las acciones para atender las comunidades que no salió bien, como es el caso de la compra de mil de tanques de reserva, de los cuales solo se entregaron cerca de cien, mientras que hay otro contrato de plantas desalinizadoras, que también tendría contratiempos.
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“Es un contrato de $42.000 millones de estas las plantas que no se han entregado y no voy a ordenar su entrega, hasta tanto no esté claro que ese, a diferencia de los otros contratos, quedó bien hecho”, explica el director de la UNGRD.
Los lazos por unir
“El presidente Petro de cada diez palabras que dice, una es sobre La Guajira. Este un hecho que le reconocemos y le agradecemos, pero en estas cosas no basta con ser un buen samaritano, se necesitan una buena planificación y un trabajo articulado con el departamento”, indica el gobernador Aguilar, en medio de los crecientes debate por la autonomía regional en el país.
Por su parte, tras recientes reuniones del Gobierno Nacional de las comunidades, hay relativo desánimo de las comunidades frente a las soluciones, y, al ser veedores, están considerando imponer acciones ante la falta de acciones en el territorio. En particular, las comunidades piden que se les considere en la toma de decisiones. “Hemos perdido muchos años por desunión de las comunidades y sus liderazgos, pero hoy estamos unidos a través de una mesa técnica, y lo que queremos son soluciones”, indica Pérez, vocero de la comunidad de wayú.
“Una de las propuestas es que se utilicen las vías que tradicionalmente hemos utilizado los wayú. Además, vemos como alternativa la construcción de pozos profundos que trabajen con energía fotovoltaica, es decir, aprovechando la energía solar pues, en ocasiones, dependemos de los molinos de viento, pero tenemos tiempos durante el año en donde no hay brisas, esto también impacta que no tengamos el abastecimiento de agua durante todo el año”, explica Freire, vocero de las comunidades en Manaure.
Así las cosas, mientras los 11 millones de habitantes de Bogotá experimentan por primera vez medidas de racionamiento de agua por los niveles críticos de los embalses de suministro, en La Guajira, la falta de este recurso en los hogares, escuelas y hospitales es una realidad diaria sin una solución real.
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