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El protagonismo del campo colombiano ha sido uno de los pilares del Gobierno de Gustavo Petro, pues busca implementar una reforma agraria que ayude a redistribuir la propiedad de la tierra en el país y que aumente la producción de alimentos. Además de cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz.
Esta es quizá la única apuesta clave del Gobierno que cuenta ya con leyes aprobadas al respecto, por lo que no necesita crear unas nuevas mediante el trámite legislativo del Congreso de la República.
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Por tratarse de una reforma tan amplia, vale la pena repasar en qué va y cuáles son las claves para entenderla.
🚜 ¿Para qué una reforma agraria?
El centro de esta iniciativa es, sin duda, redistribuir la propiedad de la tierra en Colombia, ya que es uno de los países más desiguales en cuanto a distribución de esta, con un coeficiente de Gini de 0,86 (entre más cercano a 1 implica mayor inequidad).
Por eso la compra de tierras es clave. Para el 30 de junio, el Ministerio de Agricultura había comprado 13.800 hectáreas. En este aspecto, la meta del Acuerdo de paz es de tres millones de hectáreas en un plazo de 12 años, aunque la ministra de la cartera, Jhenifer Mojica, dijo que en los cuatro años de Gobierno cumplirán con la mitad: 1,5 millones de hectáreas.
Esta compra y adjudicación es un proceso que ayuda a “generar mayores capacidades en los agricultores y especialmente en la agricultura familiar campesina para producir más alimentos, acceder a crédito, inversiones y a las garantías necesarias para que crezca la producción de alimentos”, afirma la ministra.
🌱 ¿Cómo se compran tierras?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibe las ofertas de compra, hechas por terceros. Cualquier persona puede ofrecer un predio. Posteriormente, la entidad se encarga de evaluarlo.
“Primero miramos que esté saneado material y jurídicamente. Que nadie allí que se oponga y que no tenga procesos de restitución. Revisamos que la tierra sea fértil para el cultivo de alimentos y qué se puede cultivar”, explica Gerardo Vega, director de la ANT.
Además, verifican la medición del predio y su ubicación. Después, van al terreno o por satélite establecen el precio del predio. Notifican al propietario del valor del avalúo y tiene 10 días para contestarnos si acepta la compra o no.
Este es un proceso largo que buscan agilizar mediante herramientas como el borrador del decreto reglamentario de la Ley 160 en 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”.
🏞️ ¿En qué lugares empezará primero la reforma?
El Magdalena Medio y la Costa Caribe son las zonas de mayor interés. De hecho, ya están definidos los núcleos de priorización para la reforma agraria.
De acuerdo con una resolución del Ministerio de Agricultura, se trata de cerca de 50 municipios en los departamentos de La Guajira, Santander, Cesar, Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. Más de la mitad de estos núcleos están concentrados en Sucre y Córdoba.
Así el Estado podría intervenir en “las comunidades campesinas, propietarios y productores en las transformaciones de la actividad productiva, el uso eficiente del suelo en la producción de alimentos, la redistribución de la tierra y el ordenamiento alrededor del agua y acciones hacia la adaptación al cambio climático”, según el Ministerio.
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🔎 ¿Por qué estas zonas?
La selección de los municipios mencionados anteriormente tuvo en cuenta varios elementos. Minagricultura realizó una serie de mapas de calor en los que cruzaron variables como la focalización elaborada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), tamaño predial, número de predios, ofertas de comprar viables, así como solicitudes de la propia comunidad.
Mojica enfatiza que la focalización es necesaria porque hay un rezago histórico en la ANT de solicitudes sin respuesta. “No vamos a poder atenderlas todas, pero sí vamos a empezar en un orden de prioridad, que tiene que ver con los núcleos. Si lo hacemos disperso, puede generar desorden y que siga avanzando la frontera agropecuaria”, añade.
Hasta ahora, el Gobierno ha recibido ofertas por 1.300.000 hectáreas. De ellas, son viables 655.000. Pero en las zonas norte del país y el Magdalena Medio se reducen a 137.000 hectáreas.
🚨 ¿Qué pasa si no hay ofertas? ¿Habrá expropiación?
Si bien la compra es la herramienta principal, la ministra ha sido clara al decir que usarán todos los mecanismos disponibles para la reforma agraria. Uno de ellos y el más polémico es la expropiación, que se encuentra en la Ley 160 de 1994.
En la norma consta que se “podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública”.
La ministra Mojica aclara que las personas que puedan estar sujetas a esta figura tendrán las garantías para enfrentar el proceso que será fallado por un juez y, en caso de aprobarse, se les comprará el predio de acuerdo al precio establecido en el avalúo comercial y no el catastral (que suele ser inferior).
👩🌾 ¿Quiénes son los beneficiados?
Los beneficiarios de la reforma son los campesinos, organizaciones campesinas, empresas comunitarias, cooperativas, juntas de acción comunal u otras formas asociativas ligadas a la actividad agraria.
Según el borrador de decreto del Ministerio de Agricultura, estos son algunos de los criterios de priorización:
- Empresas comunitarias o entidades asociativas conformadas por campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
- Mujeres rurales o asociaciones agrarias de mujeres.
- Jóvenes entre los 16 y 28 años, que se dediquen al agro.
- Profesionales y expertos de las ciencias agropecuarias que demuestren que sus ingresos provienen de estas actividades.
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🥗 ¿Cómo garantizar que la reforma se traduzca en mayor producción de alimentos?
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) hace parte de la iniciativa porque se encarga del desarrollo integral de las tierras entregadas a los beneficiarios, para que con ellas logren el crecimiento de la producción de alimentos.
Esta agencia debe desarrollar y ejecutar los proyectos productivos con las comunidades. “Pero no se queda allí. Tiene que pasar a la generación de redes para la transformación y la agroindustrialización, agregar valor a los productos y garantizar la logística necesaria para su comercialización”, aclara la ministra de Agricultura.
Mojica agrega que son tres las funciones de la ARD, que comprenden:
- Fomentar el desarrollo rural.
- Asegurar el riego de los cultivos y manejo del agua.
- Comercialización para que haya demanda de los productos que se ofrezcan.
La entidad es clave porque con solo la tierra el campesino no puede sostenerse, “debe ir acompañada de un esquema de producción sostenible económica y ambientalmente, que garantice que el pequeño campesino supere sus condiciones de pobreza y de desigualdad”, confirma Luis Alberto Higuera, presidente de la ADR.
Higuera reconoce que la institución va uno o dos pasos atrás en comparación con la compra de tierras, debido a que no tienen la capacidad para seguirle el ritmo a la ANT y tampoco se han coordinado con ellos para avanzar.
La apuesta del Gobierno es la producción de alimentos. Para Mojica, con esta se puede jalonar el desarrollo de la economía, pero para lograrlo detalla que las tierras en latifundios improductivos o con un uso inadecuado deberían aportar al desarrollo.
“Vamos a hacer es una reforma agraria que cumpla la legislación agraria y que se tome en serio, sobre todo, la necesidad de hacer un proceso de reforma que permita dar unas mejores condiciones a los agricultores de Colombia para que produzcan alimentos”, finalizó la ministra.
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