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Mientras toda la comunidad académica de la Universidad Nacional se preguntaba si este 2 de mayo habría acto de posesión en Tumaco del rector designado, Ismael Peña, él sorprendió al tomar un camino inesperado: optó por ir a la Notaría 14, en Bogotá, con siete testigos para posesionarse. Lo hizo sin aval de la ministra de Educación, Aurora Vergara, que horas después, manifestó su rechazo a lo ocurrido. Para ella, lo que pasó no respeta el procedimiento establecido ni es legal.
Vergara, como habíamos contado en este diario, se había negado a firmar el acta donde quedó consignado el proceso de elección del rector, que se llevó a cabo el 21 de marzo. A sus ojos, el documento que le enviaron de la U. Nacional no estaba acorde con la transparencia que había pedido la comunidad, pues no revelaba en qué momento habían intervenido los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU). Tan solo hacía mención a “consejeros”.
De hecho, ayer, hacia al medio día, la Universidad Nacional publicó en su página web el acta de seis páginas (sin la firma de la ministra, por supuesto), que era una síntesis de lo que había ocurrido ese día de la elección. El documento ratificó lo que ya se sabía: se usó un método que implicó que los candidatos fuesen “eliminados” por rondas. Aunque el profesor Leopoldo Múnera obtuvo más puntos en la primera, luego quedó descartado. El ganador final resultó ser Peña, que obtuvo cinco votos, de ocho. En esa última ronda, tres personas del CSU optaron por votar en blanco.
Horas después de esa publicación, el equipo de Ismael Peña dio a conocer la escritura pública 0676, firmada por la notaria Érika Andrea Macías. En ella ratifica que, ante la negativa de Vergara, él tomó posesión del cargo de rector de la U. Nacional. Pero su decisión caldeó los ánimos de esa institución que lleva varias semanas en paro. Hacia las 4:30 p.m. ya se presentaban disturbios al interior de la universidad, razón por la cual la Vicerrectoría declaró alerta roja y ordenó desalojar el campus.
Vergara, por su parte, expidió un comunicado en el que ratificó su posición: “no puede convalidarse la idea de posesionar al designado sin el cumplimiento de todos los requisitos, pues se trata de la ruptura, no solo del procedimiento, sino del principio democrático, la legalidad del proceso y la validez del acto mismo de elección”.
También, explicó, a través de X, que “convoca públicamente, y por los canales oficiales, a sesión extraordinaria del CSU”, al tiempo que hizo un llamado “a la comunidad universitaria a evitar cualquier tipo de confrontación. Rechazamos todo tipo de acción violenta en contra de las y los estudiantes, los representantes del profesorado y del cuerpo administrativo y directivo”.
El profesor Leopoldo Múnera, que había expresado en varias oportunidades su descontento, se manifestó en X: “Quienes se consideran los baluartes de la institucionalidad y la autonomía están llevando a la Universidad Nacional de Colombia por el camino de la ilegalidad y la profundización de la crisis, sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos”.
“Existen irregularidades en el proceso de su designación, y que no apruebo el acto de la sesión del 21 de marzo ni su posesión de hecho como rector”, apuntó María Alejandra Rojas, designada al CSU por Presidencia, luego de que se conociera la posesión de Peña.
Para varios profesores y exalumnos de la U. Nacional, esta situación no tiene precedentes. “Nunca ha ocurrido en la universidad, y termina de enmarcar la situación compleja que vive la comunidad universitaria”, señaló un exrepresentante estudiantil que prefiere no ser citado con su nombre.
¿Qué pasará ahora en la Universidad Nacional?
La gran pregunta que todos se hacen es ¿qué ocurrirá ahora con la rectoría de la Universidad Nacional, si la posesión se hizo en una Notaría y no, como era usual, por medio de un acta del CSU, presidida por ministra de Educación, con participación de la Secretaria General?
Para Humberto Vergara, profesor de la Facultad de Derecho de la Unal, la posesión de Ismael Peña fue legal. “Cuando un funcionario es nombrado, como fue el caso de Peña el pasado 21 de marzo, adquiere el derecho de posesionarse, incluso, ante un notario”, dice, haciendo énfasis en que así está dispuesto en el artículo 247 de la Ley 4 de 1913 (que está vigente).
En palabras del profesor Vergara, el periodo de Peña comenzaba a partir de este 2 de mayo, y la universidad no podía quedar sin rector: Dolly Montoya, la ahora exrectora, había renunciado a su cargo el pasado 30 de abril para jubilarse, y el vicerrector tampoco podía cubrir temporalmente el puesto porque su periodo también concluyó. “El ahora rector de la Unal puede ejercer todas las funciones de su cargo con regularidad a partir de este 2 de mayo. Lo más importante es que recordemos que Peña ya había sido nombrado, y también había un acta administrativa que lo corroboraba”, explica.
Sin embargo, para otra profesora de la misma facultad de Derecho, pero que prefiere no ser citada con su nombre debido a las tensiones que hay al interior de la Unal, en este momento hay más preguntas que respuestas. En sus palabras, hay una especie de limbo jurídico, pues la posesión debía generarse con un acta debidamente firmada, suscrita y publicada. También debía existir, luego, una resolución emitida por el CSU, como ocurrió con la anterior rectora, Dolly Montoya. Para esta profesora, lo problemático es que lo que sucedió este 2 de mayo “va a tener implicaciones institucionales gravísimas”. “Estamos en shock”, añade otra profesora de la U. Nacional.
Por lo pronto, añade el exrector de la Unal, Ramón Fayad, para quienes se oponen a la elección de Peña hay un camino jurídico al cual podrían acudir. “Ya se surtieron todos los trámites de ley y políticamente pareciera que el tema es insoluble”, dice. “Ahora, la decisión sobre la legitimidad de la posesión de Peña la deberá tomar un juez. También, quienes están en desacuerdo pueden poner un acto jurídico en contra de lo que hizo Peña”.
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