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Antes de entrar a votar la ponencia que busca formularle cargos al presidente Gustavo Petro por supuesta violación del tope de gasto, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) deberán resolver este lunes en sala plena tres asuntos que pueden dilatar el caso.
El primero es la presencia del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal), quien este fin de semana envió un correo a la presidencia del CNE pidiendo su reintegro. El togado asegura que la justicia ya rectificó que cuenta con la experiencia para ejercer su labor. Sin embargo, la decisión ya se resolvió, al menos de momento, en contra de la solicitud de Baquero, quien no será reintegrado.
En todo caso, hay que decir que se reabrió el debate, por lo que la naturaleza de la decisión podría cambiar.
Los magistrados optaron por decir que la decisión es del resorte de la presidenta del CNE, Maritza Martínez. Según fuentes cercanas, las relaciones entre Baquero y sus compañeros no estarían en su mejor momento.
Pese a la decisión, Baquero dijo que veía que “sería muy difícil” que se dé una decisión contraria a reintegrarlo, porque “los comunicados de la Corte Constitucional son obligatorio cumplimiento”, en referencia a la decisión que amparó sus derechos al acceso a cargos públicos y al debido proceso. Y sobre si pediría el expediente en rotación, explicó que este “es voluminoso. Cerca de mil páginas en prueba que requieren un estudio”.
Baquero se retiró a su despacho en el sexto piso del CNE mientras los ocho magistrados deliberan.
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Otro de los temas claves es la petición de Héctor Carvajal, abogado del presidente en este proceso, para que el CNE pare sus discusiones mientras el Consejo de Estado resuelva una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado respecto al fallo en el que ratificó la competencia del CNE para investigar a Petro -administrativamente y sin poner en riesgo la gobernabilidad del presidente-. “Ya pedimos que abstenga hasta que se resuelva la nulidad”, apuntó Carvajal.
Así se conoció la semana pasada con una solicitud presentada por el apoderado de Petro al CNE para “se abstenga de ejecutar la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, hasta tanto no se resuelva el incidente de nulidad, en subsidio de aclaración, en razón a que la ejecutoria material de dicha decisión, solo podría ser ejercida, hasta tanto se resuelvan los argumentos planteados”.
El tercer asunto por resolver es la petición que tiene sobre la mesa la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) de pedir la ponencia por quince días, pues cuando sus compañeros lo hicieron hace dos semanas ella estaba con incapacidad médica.
Algunos de los togados estarían molestos con esta solicitud, pues afirman que la magistrada pudo hacerlo antes virtualmente o incluso el pasado jueves, cuando regresó a la entidad. Esto dilataría nuevamente la votación.
En el interín de estas discusiones, además, la sala plena del Consejo Nacional Electoral aplazó la discusión de la ponencia de Alfonso Campo, que pide abrir una investigación formal por campaña anticipada en 2022 cuando Petro era candidato. Es un expediente distinto al de los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, por financiación irregular.
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