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Luego de que en la noche del pasado lunes, la Superintendencia Nacional de Salud anunciara que rechazó la solicitud de EPS SURA de retirarse progresivamente del sistema de salud, ayer la EPS también decidió pronunciarse. En horas de la mañana confirmó que, por solicitud de la misma Supersalud, había decidido que, juntas, trabajarían en la “búsqueda de alternativas en pro de los afiliados y del sistema de salud”.
Aunque no dio muchos detalles de cuál es el camino que seguiría, de ahora en adelante, parecía previsible esa opción. Giovanny Rubiano, que pasó de ser el director del Instituto Nacional de Salud a estar al frente de la Supersalud, ya había asegurado que establecerían unas mesas técnicas en conjunto para garantizar el derecho a la salud.
La EPS Sura es una de las más grandes del país: cuenta con más de cinco millones de afiliados, en su mayoría del régimen contributivo, pero había dejado de cumplir con uno de los indicadores financieros que le exige el sistema de salud para operar, lo que la llevó a pedir este retiro.
La solicitud se presentó el 28 de mayo de 2024, alegando una situación financiera complicada. En ese momento, Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, dijo que “el sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica. Es una problemática que nos supera como compañía”.
Aunque en este nuevo capítulo, la EPS podría presentar un recurso de reposición ante la decisión de la Supersalud, manifestaron que, por ahora, seguirán participando en las mesas técnicas “junto con diferentes actores, que permitan abordar tanto la coyuntura actual de EPS Sura, como los retos estructurales del sistema de salud en general”, se lee en el comunicado que publicaron ayer.
Mientras tanto, Rubiano, el superintendente de Salud, manifestó el compromiso de la entidad para “mejorar la atención de los usuarios en medio de las inmensas dificultades financieras y de gestión en salud acumuladas”.
Poco antes de que EPS Sura se pronunciara públicamente, la Supersalud también había hecho pública la resolución que mostraba en detalle cuáles fueron los motivos por los que rechazaron la solicitud: la cantidad de usuarios que tendrían que reubicar con la salida de Sura, y las dificultades financieras que enfrentan las EPS del país para asumir un cambio tan drástico.
Con la decisión tomada, EPS Sura recordó, además, que las condiciones que la llevaron a presentar la solicitud “no han cambiado”, por lo que será clave el trabajo que realicen para solucionarlas.
La asignación de usuarios
El plan que presentó EPS Sura para salir progresivamente del sistema de salud habría empezado en enero de 2025. La primera medida que solicitaban era que la Supersalud revocara su habilitación como Entidad Promotora de Salud, pero le permitiera seguir operando mientras trasladaba a sus usuarios. La propuesta era hacer seis fases de traslado de los 5,4 millones de afiliados, una por mes, hasta junio de 2025, y pagar sus deudas en un cronograma que se extendería hasta marzo de 2026.
Uno de los problemas que señala la Supersalud en la resolución de 134 páginas, que contiene el estudio técnico para analizar la solicitud de Sura, es que la ley no permite que los traslados de afiliados se dividan en varias fases. A pesar de esto, hacerlos en una sola operación tampoco sería una tarea viable, según la entidad.
Los 5,4 millones de afiliados de Sura representan el 20,5 % (4,6 millones) de usuarios del régimen contributivo del país, y el 4,6 (850.000) del régimen subsidiado. La Supersalud estima que hay seis EPS que podrían recibir a esos afiliados, pues son las únicas que cumplen con los indicadores financieros y de capacidad de atención en los 30 departamentos en donde hay afiliados de Sura. Serían Aliansalud, Compensar, Fundación Salud Mía, Salud Total, Salud Bolívar y Coosalud EPS.
Pero, de esas seis EPS, Compensar y Salud Bolívar también presentaron solicitudes para retirarse del sistema de salud, que no han sido resueltas por la Supersalud, mientras Coosalud fue intervenida forzosamente para administrar el pasado 22 de noviembre. Estas condiciones implican que sea riesgoso hacer traslados masivos de usuarios a estas entidades.
A esto, la Supersalud suma un dato: entre 2019 y 2023 se hicieron traslados que afectaron a 10,9 millones de afiliados. Estos estuvieron divididos en 22 procesos que contaron con entre cuatro y 22 EPS receptoras. La propuesta de Sura implicaba reasignar en solo seis meses a una cifra cercana a la mitad de los usuarios que tomó cinco años trasladar.
El riesgo financiero
El Estado tiene en cuenta cuatro indicadores financieros de obligatorio cumplimiento para que las EPS puedan operar garantizando un servicio de salud adecuado. Cuando los incumplen, la Superintendencia evalúa la posibilidad de intervenirlas, como actualmente pasa con ocho EPS del país.
Llano, la presidenta de Suramericana, había dicho durante el anuncio de la solicitud de retiro de la EPS, en mayo, que entre 2022 y 2023 la entidad presentó pérdidas netas por más de $360.000 millones, y que para este año estimaban que podrían alcanzar los $500.000 millones. Esto los llevaría a incumplir con uno de los indicadores financieros que exige el sistema de salud, que es tener un patrimonio adecuado para respaldar su operación.
Además, la Supersalud señala que estos indicadores están influenciados positivamente por unos “efectos transitorios” que se ha aplicado desde 2019. Teniendo en cuenta las deudas que las EPS no han podido cobrar por servicios de salud, se descontaron grandes sumas de dinero de los requisitos de los indicadores financieros, ayudando a que pudieran cumplirlos. Pero, esos efectos transitorios dejarán de aplicarse en 2025, lo que llevaría a que Sura no solo incumpla el indicador de patrimonio; también el de capital mínimo.
Una situación similar ocurre con Salud Total y Coosalud EPS, que en la propuesta que hizo Sura, recibirían a más del 80 % de sus afiliados. Estas EPS actualmente cumplen con los cuatro indicadores financieros, pero con la eliminación de los “efectos transitorios”, dejarían de hacerlo.
Mientras tanto, ayer, EPS Sura no desaprovechó la oportunidad para insistir en un punto sobre el que ya había advertido, como varias EPS: la plata que les gira el Gobierno no les está alcanzando. Su petición al Gobierno es que se haga un ajuste a los recursos que les asigna. El mundo de la salud está a la espera de esa noticia, pues el monto debería definirse antes del 31 de diciembre.
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