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En medio de la confusión generada por la reciente inundación en la autopista del norte, surge claridad. La gestión del riesgo fue reemplazada por la atención limitada de desastres. Es parte del mundo de las consecuencias. Buscar culpable aguas abajo es rendición de cuentas del ejercicio del poder. Pero en medio de una emergencia que deviene estructural, el conflicto debe pasar al espacio de construcción de acuerdos. No es despolitizar el debate: es repolitizarlo frente al bien común. El futuro debe empezar a pesar más que el pasado. Implica diseñar una “transición socio ecológica hacia la sostenibilidad”, según lo propuesto en términos generales por el Instituto Humboldt desde el 2018. Un posible y por ahora improbable acuerdo podría surgir de un dialogo entre los “análisis parciales” que propone el alcalde Galán y los “temas estructurales” de la ministra Muhamad. Actuar sinérgicamente entre dos escalas espaciales y temporales, que resultan inseparables para construir un territorio resiliente.
Tratamiento complejo, en el borde de una ciudad capital y una región que deviene regional. Se trata de reconformar y armonizar conectividades hidroecológicas y viales. Sería un primer paso en una operación de cateterismo que no debe mermar la urgencia de tratar el infarto con una operación de corazón abierto. En el corto plazo parece indispensable liberar la adecuación de la autopista con drenajes y generosos box culverts. Pero elevar la autopsita del norte en el tramo que nunca se debió construir sobre el humedal Torca Guaymaral no parecería viable por la red matriz del acueducto Tibitoc–Casablanca, según lo ha señalado el gerente de la concesión. Los contenidos del licenciamiento ambiental que se van a solicitar de nuevo al fin de este año presentan algunas oportunidades parciales. La aplicación de un plan de manejo del humedal Torca Guaymaral, la rehabilitación de quebradas y la infraestructura verde, frente a un impacto por ahora irreversible, daría paso a su mínima mitigación. Sería espacio, además, para que el sector de vivienda repare su parte en el problema y las empresas formulen acciones de biodiversidad dentro de sus prácticas de sostenibilidad. Por ahora, las obligaciones ambientales de la carga urbanística asociada con los planes parciales quedarían en vilo hasta que se consolide una decisión que ya no depende de las autoridades ambientales, sino del Consejo de Estado.
Con resultados en un plazo mayor, que se debe atender desde ya, estamos frente a la necesidad de reparar impactos acumulados por el mal uso del territorio y umbrales de seguridad hídrica sobrepasados. Debemos pasar a un redesarrollo regenerativo que implica rediseñar toda la movilidad, como resultado del diagnóstico ambiental de alternativas; además, con una proyección cruzada entre los espacios del futuro del agua como determinante y los del flujo inercial del tráfico como determinado.
Así las cosas, se requiere un acuerdo político inmediato para toda la intervención de cirugía territorial como algo integrado. Hacer de forma sinérgica la mitigación del daño causado en el pasado y pasar a la planificación correctiva del territorio futuro. Sería no solo el resultado de poner las piezas en su adecuado lugar, sino repensar la imagen que emerge en el nuevo rompecabezas.
Es claro que la urbanización en la Sabana se debe contener y reorientar para construir un nuevo equilibrio territorial. En este punto se esperan los lineamientos del Ministerio del Ambiente. Para resultados en un plazo aun mayor se requiere la planificación integral del poblamiento del territorio, más allá de la Sabana, algo imposible sin innovación técnica y normativa. Corregir la contra adaptación no es asunto incorporado en los manuales. Se esperan nuevos estándares para la responsabilidad privada corporativa y renovadas alianzas con lo público, por el bien común. Tema en evolución en la evaluación global negocios y biodiversidad de la Plataforma Científico Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes) de la cual Colombia hace parte. Una solución que integre lo local y lo regional, lo urgente y lo importante, es un proceso complejo que vincula el pasado con el futuro y que tiene riesgos de ser capturado por la política electoral. Transformar este conflicto hacia una nueva política pública requiere acompañamiento en la vigilancia centrada en el bien común, veedurías ciudadanas y gestión del conocimiento.
Urge un acuerdo político para destaponar las aguas y el debate, y reorientar las intervenciones hacia un futuro regional resiliente. Oportunidad para alinearlo con los objetivos de gestión de biodiversidad y adaptación al cambio climático. Para ello la lucha política electoral, que ya es parte del problema, debería dar paso a una paz política que poner a la sociedad del lado de la solución.
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