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A última hora, y entre el frenesí de final de año, un polémico expediente en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Cielo Rusinque tiene corriendo a sus funcionarios y a miembros del alto gobierno de Gustavo Petro. En el centro de la discusión está una vieja sanción que esta entidad le impuso al entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente, y a un viejo conocido de su círculo familiar y político: Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer. A toda máquina se mueven los funcionarios de la SIC y de la Casa de Nariño para terminar de resolver una estrategia que no está saliendo a su favor, al menos no por ahora.
A la movida del Gobierno y la SIC se le atravesaron dos funcionarios de la Superintendencia que alzaron la voz en contra de una movida que parecía totalmente hecha: tumbar la sanción contra Merlano para, al parecer, despejar su nombramiento como presidente de Ecopetrol. Se trata de una medida que tiene su origen en una solicitud de nulidad de sanción iniciada por el propio Merlano, durante los últimos días de noviembre pasado, y que fue incluida para discusión el 4 de diciembre por el Comité de Conciliación de la SIC. Al tratarse de un asunto delicado, dos miembros de ese Comité pidieron suspender la sesión para poder estudiar mejor la petición de Merlano.
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Lo que el tío de la primera dama sostuvo, al menos en un primer momento, es que esa sanción de la SIC iba en contra de la Constitución y, por eso, debía revocarse. Ahora bien, para que eso suceda, la SIC debe pedir primero el visto bueno del Comité de Conciliación para, solo después de tener la luz verde, pedirle a la justicia administrativa que tumbe la sanción. Un escenario que, según expertos, nunca ha ocurrido. Y una posibilidad poco probable en el caso que involucra a Petro y a Merlano, pues el caso ya estaba cerrado, al menos desde 2015, cuando el entonces superintendente “ad hoc”, Luis Guillermo Vélez, le dio la estocada final al proceso cuando mantuvo la sanción.
El 9 de diciembre, el Comité de Conciliación volvió a reunirse y dos delegados dejaron claro el asunto: la petición de Merlano no tenía ningún mérito, pues era un tema que ya había cerrado la SIC. En síntesis, porque la ley no le permite a nadie volver a revisar un proceso, luego de agotar la segunda instancia. Los autores de esa tesis fueron Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra, el primero delegado para asuntos jurisdiccionales, y el segundo, delegado para la Protección de Datos Personales de la SIC. En todo caso, Sánchez dejó claro en esa sesión que la única posibilidad de revisar la sanción que pedía Merlano Alcocer era si el peticionario alegaba un “agravio injustificado”.
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Sin que todavía haya una explicación de lo sucedido, al día siguiente de esa sesión, el 10 de diciembre, en la SIC apareció una nueva petición justamente con el argumento que habían explicado Sánchez y Sierra. Lo que alegó en esa segunda oportunidad Alberto Merlano Alcocer es que la sanción de 2014 de la SIC en su contra había resultado en un agravio injustificado. Lo que investigó la Superintendencia fue que, cuando el entonces alcalde Petro quiso cambiar el modelo de basuras en Bogotá, lo hizo de tal manera que no dejó que empresas privadas participaran de él, violando el régimen de la libre competencia.
Además de sancionar a Petro y a la Alcaldía con una multa, la SIC encontró responsable al Acueducto de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y a varios funcionarios de la Alcaldía y del círculo cercano del entonces alcalde, como María Mercedes Maldonado, Gerardo Ardila y Alberto Merlano Alcocer. Diez años después, y a punto de que se acabe el año, el tema revivió en la SIC por cuenta de la petición de Merlano. Sin embargo, las cuentas les salieron mal a los funcionarios de la SIC y del alto gobierno que creían resuelto el asunto en el Comité de Conciliación, pues sabían que solo necesitaban la luz verde de sus miembros para pedirle oficialmente a la justicia que tumbara la sanción.
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Sin embargo, los delegados Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra no solo no estuvieron de acuerdo con la petición de Merlano, sino que el pasado 18 de diciembre presentaron impedimentos para no seguir participando de la discusión. Primero, porque ya habían conocido el primer recurso de Merlano, y no podían ser juez y parte de un asunto en el que ya habían emitido su concepto. Y segundo, porque el mismo peticionario ya había activado otros mecanismos para evitar la sanción: una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca desde 2015. Así las cosas, dejaron en evaluación de la SIC sus impedimentos que, de paso, ponían en duda a los otros miembros del Comité.
Esos funcionarios tenían hasta el pasado 18 de diciembre para presentar sus impedimentos, pues también habían evaluado la primera petición de Merlano. Sin embargo, a la presidencia del Comité, en cabeza de Alexander Sánchez, solo llegaron este 23 de diciembre. Los funcionarios que presentaron el impedimento por fuera del plazo fueron: Beatriz Sánchez Gómez, Diego Romero Rivera y Gabriel Turbay Velandia. Al rechazar los impedimentos, el presidente del Comité fue claro: “En caso de que, en gracia de discusión, se llegara a aceptar algún impedimento en el futuro, se consideraría eventualmente bajo la causal de que los miembros en cuestión tienen un interés directo en el caso objeto del asunto”.
La sanción de la SIC llegó en 2014, justamente cuando el debate político seguía encendido por cuenta de la decisión del entonces alcalde de sacar a las empresas privadas del sistema de recolección de basuras. Para cuando la Superintendencia emitió su decisión, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez ya había suspendido al hoy presidente, orden que desató un terremoto político que tendría consecuencias directas en la carrera del presidente. No solo esa decisión quedó sin piso jurídico, sino prácticamente todas las demás. Por ejemplo, la decisión fiscal que emitió la Contraloría fue anulada este año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues encontró que el ente de control no justificó de manera correcta las razones por las que, supuestamente, la administración Petro habría violado a la libre competencia económica.
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Volviendo al caso actual, en medio de la polémica, y de no encontrar los mínimos de transparencia, Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra presentaron su renuncia voluntaria e irrevocable a la SIC. Reconocidos como dos de los mejores funcionarios (el primero recibió una mención de honor por su gestión hace unas semanas) dejan su cargo en la SIC a días de acabar el año. Quienes los conocen aseguran que la decisión de salir de la entidad obedece a que no quieren ser parte de ninguna “jugadita” que pueda beneficiar de manera ilícita los cálculos de este ni de ningún gobierno. Fuentes del alto gobierno señalaron que ese movimiento no es menor y que en la Casa de Nariño tenían todo listo para que este año se resolviera el “asunto” de Merlano.
La movida era la siguiente: sin sanción de la SIC, al presidente Petro le queda el camino libre para nombrar a su familiar en la presidencia de Ecopetrol, en reemplazo de Ricardo Roa, justamente en momentos en que está rodeado por el cerco de las investigaciones judiciales, no solo de la Fiscalía, sino también del Consejo Nacional Electoral por violación de topes en la campaña del presidente. Además, la llegada de Merlano a la empresa petrolera y la salida de Roa también tendría en la mira otro movimiento de filigrana política: llevarlo al Ministerio de Minas, en reemplazo de Andrés Camacho, quien saldría entre finales de 2024 o primeros días de 2025.
Un nombramiento que, de paso, podría servir para “enfriar” las pesquisas de la Fiscalía, pues el juez de Roa, siendo ministro, pasaría a ser la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, al menos por ahora, el tema en la SIC quedó congelado por cuenta de las advertencias de los delegados Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra, quienes decidieron renunciar ante las alertas que encendieron en el Comité de Conciliación. No obstante, la superintendente Cielo Rusinque y su entidad ya estudian cómo solucionar el tema: si nombrando a otros miembros en el Comité o si deja a los tres que no presentaron el impedimento. En todo caso, la palabra final solo la tiene la justicia, que estará en vacancia judicial hasta el 10 de enero de 2025.
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