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A la administración del presidente Gustavo Petro le quedan menos de cinco días para decidir cómo enfrentará el 2025 sin $12 billones que tenía en sus cuentas para poner en marcha o impulsar varios de sus programas y promesas. En plena época de fiestas, su equipo económico, liderado por el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, hace sumas y restas para definir cuáles serán los sectores sacrificados y así emitir, antes del 2 de enero, un decreto de recorte que deje el presupuesto del próximo año en $511 de los $523 billones que se habían solicitado.
Aunque el propio mandatario insiste en que la situación obedece a la “irresponsabilidad” del Congreso de tumbar la ley de financiamiento, desde el mismo Legislativo, el sector privado y la academia le piden apretarse el cinturón y enfrentar el panorama con un recorte a los rubros de funcionamiento. Petro ha dejado claro que no afectará a los más vulnerables, pero al mismo tiempo ha dicho, al igual que varios de sus funcionarios, que el próximo año no habrá dinero suficiente para subsidiar las tarifas de energía, la compra de vivienda de interés social, entre otros programas.
Para intentar anticiparse al golpe que recibirá la caja del Estado, desde la Casa de Nariño desplegaron una estrategia de austeridad que, precisamente, se basa en disminuir el gasto público y hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles. Los ministerios, departamentos administrativos y en general todas las entidades del Ejecutivo ya recibieron la directiva presidencial 13 que define una ruta de tres pasos para ahorrar todo cuanto sea posible.
En primer lugar, le pidió al Ministerio de Hacienda proyectar el decreto de austeridad para la vigencia 2025, para lo cual autorizó a la cartera a pedir los insumos y propuestas que considere necesarios, todo esto antes de la Navidad. De la misma manera, a todas las entidades les exigió adelantar sus estrategias internas para moderar el gasto. “El plan de austeridad deberá tomar en cuenta que el Congreso de la República no aprobó el proyecto de financiamiento para el presupuesto general, lo que obliga al Gobierno a realizar un mayor esfuerzo en la austeridad de los recursos públicos, que posibilite reducir o suprimir los gastos en aquellas actividades que así lo permitan, sin afectar el normal funcionamiento de la administración”, se lee en la directiva del jefe de Estado, en la que también insta a las otras ramas del poder a hacer lo propio.
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Aunque el documento no da más detalles, desde hace varios días el Gobierno viene dando pistas de lo que a su juicio se debe sacrificar. De hecho, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en cabeza de Laura Sarabia, dio a conocer que desde el próximo miércoles 1 de enero se limitará el uso de viáticos para todos los directivos y asesores de mayor nivel del presidente Gustavo Petro. La asignación pasará del 90 % al 75 % de la escala autorizada por decreto.
En la lista, según comentan voces del Gobierno, siguen los límites a los cambios en las plantas de personal, pues desde hace varios meses se ha pedido que estos procesos solo se lleven a cabo cuando impliquen cero costos. Así mismo, con el ajuste, las entidades tendrían que disminuir la contratación de personal por prestación de servicios, el pago de horas extras y la acumulación de períodos de vacaciones.
Entre las medidas también entrarían los frenos a las adecuaciones y compra de bienes muebles e inmuebles para las sedes de las entidades, la implementación de más reuniones virtuales y la compra de tiquetes únicamente en clase económica. Los últimos dos puntos se relacionan directamente con el recorte que desde el Ejecutivo plantean a los eventos oficiales.
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Uno de los puntos que más genera controversia es, precisamente, el gasto de esta administración en manifestaciones públicas y en los famosos “plazoletazos” para impulsar la agenda de Petro. Como lo contó El Espectador, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2024 se llevaron a cabo 362 eventos de ese tipo que costaron más de $35.000 millones y fueron protagonizados por el mandatario y su vicepresidenta, Francia Márquez.
Estos y otros datos han sido capitalizados por la oposición, desde donde varias voces cuestionan que el Gobierno se queje de no tener recursos, pero mantenga una de las cifras más altas de presupuesto para funcionamiento, lo que, según dicen, se traduce en que se prioriza la burocracia por encima de la inversión. “El gobierno del ‘cambio’ no ha sido malo, sino pésimo. Solo se ha visto derroche y falta de ejecución. En nada van quedando tantas promesas populistas, solo engaños”, dijo hace algunas semanas Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical.
Esa narrativa fue la misma con la que la oposición atacó la ley de financiamiento hasta hundirla, sin debate, en las comisiones económicas. En esa orilla no le perdonan al Gobierno casos como el del Ministerio de la Igualdad, que hasta el mes pasado había ejecutado menos del 3 % de su presupuesto de $1,8 billones que le asignaron para esta vigencia. Incluso el presidente Petro reconoció que en esa cartera faltan “hechos” y que su futuro está en vilo porque la Corte Constitucional ordenó volver a tramitar su creación en el Congreso y él no ve ambiente para esa apuesta.
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Petro también ha desplegado un discurso en torno al tema financiero y desde el archivo de la ley de financiamiento ha escalado su choque contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien ha acusado incluso de un “golpe” al Gobierno y de “votar contra el pueblo”. Según fuentes de Palacio, la estrategia es hacer que los ciudadanos entiendan que los recortes a subsidios y otras inversiones son culpa del Legislativo, en cabeza del conservador Cepeda.
En el mismo sentido, el jefe de Estado ha arremetido contra la anterior administración, del expresidente Iván Duque, a quien ha acusado de dejar endeudado al país con créditos internacionales que se deben pagar en su periodo. A todo esto se suma su férrea defensa al incremento de 9,5 % en el salario mínimo para el próximo año, lo que le llevó a pelear con políticos, economistas y hasta periodistas; truncando la propuesta de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de hacer una tregua navideña para revivir el acuerdo nacional.
Según ha insistido Petro, “la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país a los cuales se les recortará toda forma de subsidio”. Así las cosas, además de los choques en redes sociales y de los planes de austeridad, se puede esperar que en los primeros días del 2025 el mandatario responda a la coyuntura con una serie de decretos que gravarán sectores a los que tenía bajo la lupa en la ley de financiamiento, como los juegos de azar o la industria del carbón. Así las cosas, al son de los recortes obligados, también le plantará cara a quienes no lo han acompañado en sus apuestas económicas.
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