La confesión de Juliana Guerrero no es suficiente

Por esos hechos, Guerrero firmó un preacuerdo y confesó haber cometido el delito de fraude procesal, conducta mediante la cual indujo a error a la administración pública para acceder a un cargo donde se formulan y ejecutan políticas. Tras su admisión de culpabilidad, el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá le puso una condena pactada de tres años de prisión e inhabilidad administrativa y una multa de 100 salarios mínimos.

Sin embargo, el capítulo no está cerrado. Queda pendiente esclarecer el fondo de la red de corrupción institucional que permitió la expedición de estos diplomas «exprés», una trama que ya dejó condenado a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario de la institución educativa, quien usó sus credenciales para alterar el sistema académico y aprobar manualmente los títulos de Guerrero. De igual forma, sigue abierto otro proceso en la Fiscalía General de la Nación por una presunta red de coimas que la joven habría liderado junto a su hermana Verónica. ¿Quiénes más en el aparato estatal conocían del engaño? ¿Quiénes facilitaron su ascenso meteórico a pesar de las repetidas alertas?

En este expediente resalta también el papel del expresidente Gustavo Petro. Ante las denuncias iniciales presentadas por congresistas y medios de comunicación, el mandatario optó por salir en reiteradas ocasiones a la defensa pública de Guerrero, minimizando las observaciones sobre su hoja de vida como simples «trámites pendientes» o «persecución política». “Se quieren tirar a una muchacha porque es pobre”, llegó a decir. Ese cinismo presidencial descalificó el riguroso escrutinio de la prensa y de la ciudadanía, blindando con el peso del poder ejecutivo a quien hoy la propia justicia señala de mentirle al país. Con ese espaldarazo, Guerrero fue luego delegada presidencial en la Universidad Popular del Cesar y jefa de gabinete en el Ministerio del Interior. Además, radicó una denuncia formal en la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía contra la congresista Jennifer Pedraza, acusándola de calumnia, injuria y presuntos delitos informáticos por haber sido quien destapó la olla. Todo esto para luego dejarla plantada en la cita de conciliación ante el organismo judicial. Existían denuncias serias y comprobadas, pero el entonces presidente optó por premiarla.

El mensaje enviado a la juventud colombiana es nefasto. En un país donde millones de jóvenes madrugan, trabajan y se sacrifican durante años para pagar una carrera o acceder a una beca universitaria, y aún así llegan a puestos mal pagos, ver que el atajo de la falsificación conduce a los más altos despachos oficiales destruye la fe en el mérito y la transparencia.

En redes sociales, Guerrero pidió disculpas públicas y manifestó que le gustaría ser recordada por la valentía de haber reconocido lo que considera un “error”. Reconocer la culpa cuando la contundencia de las pruebas no deja alternativa es un paso procesal, pero no constituye la plenitud de la valentía. Si verdaderamente desea reparar la confianza rota con el país, Juliana Guerrero debe tener la valentía real de contar todo: revelar quiénes la ayudaron, asumir sin ambigüedades las consecuencias de sus actos y colaborar para desmantelar la red de impunidad que hizo posible este engaño. Hablar con la verdad, sin omisiones, es el cimiento mínimo de la confianza pública.

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