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En medio de las crecientes medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos contra la población latina, las deportaciones a terceros países se han convertido en una nueva estrategia para expulsar a migrantes que no pueden ser enviados directamente a sus países de origen. Esta situación ya la han vivido cientos de personas y, entre ellas, está el colombiano Arín García Yepes, quien fue deportado a Liberia pese a contar, según su testimonio a EL PAÍS, con una protección migratoria que suspendía su expulsión.
García Yepes viajó el 20 de agosto en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)I que salió de Luisiana con otros migrantes que, como él, aseguraban tener una protección conocida como withholding of removal, una medida que suspende la expulsión cuando existe riesgo de persecución o tortura en el país de origen. Aun así, fueron trasladados a Liberia, un país al que, según su relato, ninguno sabía que sería enviado antes de abordar el avión.
García Yepes se refiere al llamado withholding of removal, una protección que puede concederse cuando una persona demuestra que podría ser perseguida o torturada si es devuelta a su país. De acuerdo con su testimonio, antes de abordar el avión los migrantes se preguntaban entre ellos si contaban con esta medida y varios respondían que sí.
A pesar de ello, fueron trasladados a África.
El caso del colombiano ocurre en medio de la ampliación de una política de la Administración de Donald Trump que permite enviar a migrantes deportados a terceros países. Es decir, personas que no son ciudadanas de los países africanos que las reciben son trasladadas allí después de haber permanecido bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
Entre julio de 2025 y agosto de 2026 se confirmaron al menos 31 vuelos de traslado desde Estados Unidos hacia 12 países africanos, con 42 entregas registradas. Entre los destinos están Liberia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Camerún, Sierra Leona, Ruanda y la República Centroafricana.
Los vuelos forman parte de acuerdos entre Washington y distintos gobiernos africanos. Según los documentos revisados por EL PAÍS, algunos de esos acuerdos contemplan compromisos para respetar las obligaciones internacionales en materia de refugiados y contra la tortura. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que esas garantías no se estarían cumpliendo en la práctica.
El problema para los migrantes es que, al llegar a estos países, algunos quedan sin un estatus migratorio definido. Por ejemplo, personas procedentes de Cuba, Honduras, Brasil y Colombia que permanecen en prisiones de máxima seguridad o en hoteles bajo vigilancia de las autoridades. Algunos no tienen pasaporte, visa, documento de viaje o una vía clara para regularizar su situación.
En el caso de García Yepes, la incertidumbre comenzó incluso antes de llegar a Liberia. Según contó, los migrantes no conocieron su destino hasta que fueron trasladados a África. Una vez allí, quedaron bajo la vigilancia de las autoridades y sin claridad sobre cuánto tiempo permanecerían en el país.
Organizaciones como Human Rights First cuestionan que Estados Unidos envíe a terceros países a personas que ya habían recibido protección frente a la deportación. Savi Arvey, directora de políticas para los derechos de los refugiados y los inmigrantes de esa organización, sostuvo que muchos de los latinoamericanos enviados a África habían sido considerados por jueces estadounidenses como personas que podrían enfrentar persecución o tortura si regresaban a sus países.
El Gobierno de Estados Unidos defiende la política. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Washington utilizará los medios legales disponibles para expulsar a las personas que no tengan derecho a permanecer en el país y reiteró el compromiso de la Administración Trump con el control de la inmigración irregular y la seguridad fronteriza.
El caso de García Yepes pone el foco en una pregunta que enfrentan los migrantes enviados bajo este mecanismo: qué ocurre cuando una deportación no termina en el país de origen, sino en un tercer territorio donde la persona tampoco tiene ciudadanía, vínculos ni un estatus migratorio definido.
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