Procederes del nuevo gobierno

Se equivoca el nuevo gobierno pensando que armar a la población lleva hacia una sociedad más justa o más segura. Para empezar, habría que ver qué quiere decir el gobierno con la palabra “segura”. ¿Segura para quién? ¿Segura en defensa de qué? ¿Hay un bien general que se está preservando, o es una forma de asignar prerrogativas y privilegios? Y más preocupante aún, el hecho de que una minoría de “favorecidos” pueda portar y disparar armas de fuego, ¿no es justamente un factor de violencia incontenible? ¿No es una claudicación del Estado? ¿No está escurriendo el bulto el nuevo gobierno? Ármense y defiéndanse ustedes como puedan, ¿ese es el mensaje?

¿No debe ser el Estado el que brinde la seguridad y tenga el privilegio de usar armas? Porque cada persona que porte un arma puede sentir que el Estado le está otorgando el derecho de hacer justicia por su propia mano: si creo que alguien me ofendió o representa un riesgo para mí, el Estado me estaría dando el derecho de rociarlo a balazos. Y esos hechos de violencia, multiplicados por cientos o miles, ¿nos van a convertir en una sociedad más segura? Si tienen dudas, miren hacia EE. UU., país que deslumbra al nuevo presidente y que es el que tiene más ciudadanos armados en el mundo entero. Miren las balaceras y las matanzas que frecuentemente ocurren allá, en las que mueren decenas de personas, muchas de ellas niños y niñas.

Y ahora la libertad de prensa. ¿Es cierto que el nuevo presidente hizo destituir de sus cargos en los medios de comunicación a Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo y Vladdo? Si es así, es muy grave. Si toda la sociedad se doblega y renuncia a libertades como la libertad de expresión, iremos hacia una forma de totalitarismo. Poco a poco otras manifestaciones de los derechos civiles podrían ser atacadas y, como enseña la historia, sería incluso posible ver piras en que arden libros y “cruzadas” o especies de “guerras santas” en defensa de la “decencia” y el “orden”, que no serían más que persecución a quienes no piensan como determinado gobernante. No serían más que actos de represión por parte del Estado en un régimen totalitario. ¿Está Colombia en peligro de eso? ¿Es ese el camino que va a tomar el presidente De la Espriella?

Y, por último, la cooperación militar de EE. UU. en la “guerra” contra los carteles de la droga que, dicho sea de paso, tienen en ese país sus mayores mercados y sus mayores réditos. ¿Va a haber bases militares estadounidenses en Colombia? ¿Los marines van a enfrentar a esas bandas, por ejemplo, en una vereda del Guaviare? Las aeronaves de ese país, tripuladas o no, ¿van a bombardear nuestro territorio, por ejemplo, en el Catatumbo y el Cañón del Micay? ¿Y la población civil? Las comunidades entre las que se esconden los asesinos, ¿qué protección van a tener? ¿O el gobierno las va librar a su suerte?

¿Y todo esto ya está en marcha? ¿Y, además, sin pasar por el Congreso como ordena la Constitución?