Caso Lezo: se inicia el primer juicio en España por compra de empresa colombiana Inassa

En el caso, por el que son juzgados dos exconsejeros del equipo de Ruiz, se investiga si la firma fue adquirida, en medio de una expansión más amplia en Latinoamérica, por cerca de 73 millones de euros, con un sobreprecio de cerca de 19 millones de euros por medio de una firma panameña.

El caso ha expuesto sobornos, contratos ficticios y favorecimientos a miembros del Partido Popular (PP) de ese país.

Ruiz dijo este martes que la compra por parte del Canal de Isabel II tuvo informes "favorables", lo que indicaría que no tuvo ninguna razón para sospechar de la legalidad o conveniencia del negocio. Defendió, además, que este no causó "absolutamente" ningún perjuicio ni para el ente ni para la región.

Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid cuando se realizó la operación, respondió a la fiscal que, en ese momento, no conocía el plan de expansión de la empresa pública de aguas, si bien sabía que "había un propósito de expansión que venía de cinco años antes, cuando todavía gobernaba el presidente Joaquín Leguina".

Así, señaló que la primera noticia sobre la compra la tuvieron a través de los medios de comunicación pocos días antes de que se celebrase el Consejo de Gobierno que aprobaría la mencionada operación.

En Colombia, el caso tuvo repercusiones en octubre de 2018, cuando la Fiscalía anunció el embargo de acciones de la Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a la Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y activó un mecanismo de “enajenación temprana”, es decir, de expropiación. Por eso mismo, también fueron proferidas sanciones disciplinarias contra exgerentes de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla.

El canal, un servicio "modélico"

En este punto, Ruiz que el acuerdo del Consejo tenía tres puntos: "El primer punto era la autorización de la constitución de la sociedad Canal Extensia. El segundo punto era la autorización a esta sociedad para la adquisición de unos activos, que son los activos que se buscaba gestionar, que era el 75 % por ciento de Inassa. Y el tercer acuerdo era una autorización de endeudamiento para poder realizar esa operación".

Cabe recordar que la Fiscalía identificó en su escrito de acusación a Canal Extensia como "una sociedad vehículo de nueva creación" para llevar a cabo la compra. Ante ello, Ruiz-Gallardón ha señalado que, "en el tráfico mercantil, la adquisición de activos a través de vehículos es algo absolutamente usual".

De este modo, ha defendido que los informes de legalidad de la operación fueron "favorables" y relataban que "no había objeción alguna para realizar la operación", por lo que entendió que si los responsables de dichos informes "tuvieron acceso a esa información y vieron que la adquisición de los activos, en lugar de por adquisición directa, se hacía a través de un vehículo, no le dieron ningún tipo de trascendencia jurídica".

Por otro lado, la abogada de uno de los acusados preguntó al expresidente regional "si se vio alterado el día a día del Canal de Isabel II como consecuencia de la compra de Inassa" o si hubo algún tipo de "perjuicio para los ciudadanos de Madrid".

"Absolutamente ninguno", ha espetado Ruiz-Gallardón, para añadir que el Canal de Isabel II "ha seguido prestando con la eficiencia de siempre un servicio que, por otro lado, ha sido modélico".

No tenía competencias fiscalizadoras

Así las cosas, Ruiz-Gallardón defendió que en el Consejo de Gobierno en el que se aprobó la operación "no se realizaba un estudio pormenorizado de cada uno de los distintos puntos" y señaló que no recuerda "que hubiese debate sobre este punto del día". No fue hasta el momento en el que comenzó la instrucción, indicó, que tuvo "un conocimiento más extenso" de los detalles.

En este punto, la fiscal preguntó si "como presidente o al Consejo del Gobierno" les correspondía fiscalizar, a lo que el exministro ha respondido negativamente.

"De acuerdo con la normativa de la Comunidad, que en este caso es semejante a la del Estado", realtó, la fiscalización de los entes y sociedades públicas "no corresponde" al órgano de Gobierno, "sino que corresponde a la Cámara de Cuentas".

Además, negó que en ese momento tuviera motivos para dudar del consejo del ente: "En ningún momento pude tener la más mínima duda porque nunca, nada que nos había elevado el Consejo de Administración del Canal de Isabel II había tenido la más mínima tacha, ni de legalidad, ni siquiera de ineficiencia".

Tal y como ha declarado, en dicho Consejo de Administración se encontraban dos dirigentes socialistas, de quienes ha trasladado que tenía "plena tranquilidad de que lo que ellos" le elevaban "iba a ser absolutamente acorde al máximo grado de fiscalización política que se podía hacer".

Un extremo que ha compartido su exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo, que también declaró como testigo para señalar que "no tenía ninguna duda" de la profesionalidad del Consejo del canal, porque se trata de una empresa "muy prestigiosa" en la que querían trabajar "los mejores técnicos".

"Una conversación"

El abogado de uno de los acusados preguntó a Cobo si escuchó "alguna posible queja, tacha o reproche de esta operación" antes de 2017, a lo que ha respondido que hay "una conversación" entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ambos del PP.

"Los dos eran personas de mi partido, pero los dos tenían intereses que no voy a calificar, en la que sabiendo que ya estaban siendo grabados por las fuerzas de seguridad del Estado, dicen ‘menudo pelotazo el que metió Gallardón'", ha indicado.

A todo esto, Cobo señaló que González "y el propio gerente del canal Isabel II" encargaron cuatro o cinco años después de que se realice la compra una serie de informes "en los que en cada uno de los informes sucesivos iban empeorando la valoración sobre esta operación y además se encuentra en el registro". "Es decir, hay una operación política que es donde nace esta historia", ha concluido.

Hasta siete años de prisión

Este juicio es el primero que se celebra del ‘caso Lezo’, que empezó a investigarse hace diez años. Se centra en determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un "sobreprecio" en la compra de Inassa a costa de las arcas públicas.

Para los exconsejeros del Ejecutivo de Ruiz Gallardón Pedro Calvo y Juan Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, según su escrito.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

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