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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó priorizar una investigación sobre un posible esquema de coordinación entre las empresas Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam que, según la hipótesis de la entidad, habría buscado alterar la competencia en procesos de contratación pública. La autoridad anunció la revisión de más de 300 contratos que, en conjunto, sumarían cerca de COP 2 billones y señaló a Moisés Hernández, quien también se identifica como Moisés Garvin, como presunto líder de la estructura investigada.
La SIC sostiene que las tres organizaciones, que formalmente aparecen como empresas o entidades independientes, habrían participado de manera coordinada en procesos de selección para aumentar las probabilidades de adjudicación. La hipótesis que ahora deberá probar la investigación es que esa participación conjunta no correspondía a una competencia efectiva entre oferentes, sino a una simulación de pluralidad que habría permitido favorecer determinadas adjudicaciones.
El anuncio amplía una investigación que ya tenía antecedentes. En 2025, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia había remitido a la Fiscalía información sobre Aldesarrollo, Red Summa y Kluster, tras identificar coincidencias entre personas vinculadas a las tres organizaciones y su participación en procesos contractuales.
Para entonces, según una investigación publicada por Caracol Radio en febrero de 2026, las entidades habían obtenido más de COP 1,3 billones en contratos públicos entre 2018 y enero de 2025.
La nueva cifra puesta sobre la mesa por la SIC es mayor: cerca de COP 2 billones y más de 300 contratos que ahora serán revisados. La diferencia entre ambos montos responde a los periodos y universos contractuales examinados, por lo que no se trata necesariamente de una actualización directa de los COP 1,3 billones reportados anteriormente.
La hipótesis de la SIC
El patrón que investiga la Superintendencia incluye varios elementos. Según su informe, las empresas vinculadas a Garvin registraron un crecimiento acelerado de sus contratos desde 2022 y presentan coincidencias en juntas directivas, movimientos de directivos entre las organizaciones y vínculos personales entre estructuras que, sobre el papel, competirían entre sí.
La SIC también menciona cambios reiterados de nombres o razones sociales que, de acuerdo con su hipótesis, podrían haber servido para dificultar el seguimiento de las estructuras por parte de los organismos de control. La autoridad remitió copias de sus actuaciones a la Fiscalía General, la Contraloría y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El expediente tiene además un antecedente disciplinario que la SIC considera relevante. Según el informe divulgado por la entidad, Moisés Hernández fue sancionado por la Procuraduría por irregularidades relacionadas con la ejecución de contratos estatales y recibió una destitución y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años. Esa referencia hace parte de los antecedentes expuestos por la Superintendencia y no constituye, por sí misma, una prueba de las nuevas conductas que ahora investiga.
El caso llega después de que Aldesarrollo ya hubiera sido objeto de cuestionamientos por contratos con entidades estatales. En febrero de este año, Caracol Radio reveló que la Unidad para las Víctimas había adjudicado directamente a esa organización un contrato por COP 71.186 millones para adquirir, transportar y distribuir alimentos y otros productos destinados a población víctima o en riesgo en todo el territorio nacional.
Según aquella investigación, en los documentos del proceso también aparecía Red Summa como oferente. Caracol reportó entonces que las tres organizaciones habían sido señaladas por la Secretaría de Transparencia por compartir personas naturales en distintos roles y por participar en procesos de contratación en los que, según la denuncia, podrían haber alterado las condiciones de competencia.
La investigación periodística también señaló que sobre directivos de Aldesarrollo existían tres indagaciones activas en la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Esas actuaciones, según el reporte de febrero, se encontraban en distintas dependencias de la Fiscalía y tenían actividades de policía judicial.
El contrato con la Unidad para las Víctimas añadió otro elemento al expediente. Caracol cuestionó el mecanismo de contratación utilizado, la definición de los beneficiarios y algunos precios incluidos en la propuesta, entre ellos productos alimenticios y elementos de higiene. La Unidad para las Víctimas defendió entonces la contratación directa y aseguró que Aldesarrollo tenía un objeto social compatible con las actividades contratadas y “experiencia verificada”.
Aldesarrollo se aparta de Hernández
Tras el anuncio de la SIC, Aldesarrollo informó que contrató a la firma Mario Iguarán Abogados Asociados para asumir su representación judicial y la de su director. La entidad dijo que colaborará con las autoridades y que garantizará el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
La organización también marcó distancia de Hernández: “Moisés David Hernández no hace parte de ALDESARROLLO ni mantiene vínculo laboral, contractual o de representación con ella desde el año 2023”. Por ello, pidió diferenciar las actuaciones de las autoridades contra personas naturales de la gestión institucional de la entidad.
Aldesarrollo ya había rechazado públicamente los cuestionamientos. En junio sostuvo que “jamás, bajo ninguna circunstancia” había violado u omitido las normas de contratación pública y rechazó calificativos como “contratadero”. En abril, además, había denunciado ante la Fiscalía a un supervisor de un contrato con la Cancillería y afirmó que contaba con documentos que demostraban una ejecución contractual del 73 %.
La nueva investigación de la SIC tendrá que determinar ahora si las coincidencias entre las organizaciones descritas por la autoridad corresponden efectivamente a una estructura coordinada para manipular la competencia en la contratación estatal. También deberá establecer qué contratos estuvieron involucrados, quiénes participaron y qué conductas concretas podrían haber afectado los procesos de selección.
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