PISA: ¿de quién es la culpa?

Colombia continúa lejos de los promedios de la OCDE y persisten dificultades profundas en aprendizajes fundamentales. En 2025, apenas el 29% del estudiantado alcanzó por lo menos el nivel básico en matemáticas, en lectura el 46% y en ciencias el 50%. Sin embargo, entre 2022 y 2025 los resultados promedio del país se mantuvieron estadísticamente similares en las tres áreas. Estamos, entonces, ante un problema estructural y acumulado, más que frente a un desplome reciente.

PISA puede ser es una herramienta que permite comparar, identificar tendencias y formular preguntas. Su límite aparece cuando convertimos una medición estandarizada en una explicación total de la calidad educativa. Enseñar y aprender son acontecimientos mucho más complejos, intervienen el contexto social, familiar y cultural, el territorio, los currículos, las condiciones materiales de las escuelas, entre otras.

Por eso resulta problemático trasladar los resultados directamente a una supuesta falta de cualificación de las y los maestros. Los mismos datos de PISA ofrecen una señal que merece mayor atención: el 86% de los estudiantes colombianos(as) afirma que sus docentes muestran interés por el aprendizaje de cada estudiante y otro 86% señala que recibe ayuda adicional cuando la necesita. Ambos indicadores están por encima del promedio de la OCDE y han mejorado frente a 2015.

Esto no significa que la formación docente quede fuera de la discusión. Todo lo contrario, la pregunta es qué formación necesitamos. La experiencia disponible muestra la importancia del acompañamiento situado, ligado al aula, a los problemas concretos de la enseñanza, a la lectura, las matemáticas, las ciencias y al uso crítico de las tecnologías y la IA. La formación de maestros(as) requiere continuidad, investigación, reflexión sobre la práctica y diálogo con los territorios; reducirla a acumular cursos, títulos o certificaciones empobrece la discusión.

Debemos mirar las condiciones en las que ocurre la enseñanza. Según PISA, el 63% del estudiantado colombiano asiste a instituciones donde sus directivos reportan que la falta de materiales educativos afecta la enseñanza; para el 62%, las deficiencias de infraestructura constituyen una dificultad.

Además, la propia OCDE reconoce que Colombia ha incorporado a la educación secundaria a más jóvenes provenientes de poblaciones históricamente marginadas. Sin embargo, aun nos falta incorporar todos los ciclos formativos y comenzar a implementar el Plan Decenal de Educación. Democratizar el acceso ha sido un avance, nuestro desafío ahora es democratizar también el aprendizaje.

Las preguntas, entonces, deben comenzar mucho antes de que un joven de quince años se siente frente a una prueba. Los rezagos educativos rara vez aparecen de un día para otro, se acumulan silenciosamente durante años.

Necesitamos evaluar, por supuesto. Pero evaluar debe servir para comprender, retroalimentar y transformar. Cuando la evaluación se convierte únicamente en clasificación, pierde buena parte de su potencia pedagógica.

Desde la UPN tenemos la responsabilidad de aportar a esta discusión con nuestra propia autoevaluación de programas y la pertinencia, investigando, formando y acompañando a quienes sostienen cotidianamente la escuela y los formuladores de política. También debemos construir formas más integrales de comprender la excelencia educativa y reconocer aquello que una prueba estandarizada puede mostrar y aquello que inevitablemente deja por fuera como la desigualdad estructural, las brechas educativas y tegnologicas que vive en nuestro país.

Colombia no necesita educar para ascender unos lugares en una tabla internacional. Necesita garantizar que ninguna niña, niño, joven o adulto avance por el sistema educativo acumulando aquello que no pudo aprender. Ese debería ser el verdadero indicador de calidad: que el origen social, el territorio o las condiciones materiales de una escuela dejen de determinar las oportunidades de aprender.

Nota 1. La educación debe contar con plenas garantías de financiación en el Presupuesto General de la Nación 2027. Es indispensable cumplir con el Sistema Universitario Estatal y con las comunidades educativas mediante el incremento de la base presupuestal, de conformidad con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Asimismo, se debe ampliar la gratuidad en los programas de pregrado y avanzar de manera gradual hacia su extensión en los posgrados; mantener los recursos destinados a la ampliación de cobertura para garantizar el acceso a la educación en todo el territorio nacional; y materializar las vigencias futuras requeridas para la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa.

Nota 2: la autonomía es una garantía para la sociedad. Nos permite pensar, investigar, enseñar y debatir con libertad; mantener abiertas las puertas a distintas ideas, perspectivas y formas de comprender el país. Para la guerra nada…

*Rector, Universidad Pedagógica Nacional.