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El alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena; y cinco funcionarios más de la alcaldía están formalmente bajo la lupa de la Fiscalía por, supuestamente, haber desviado al menos COP 200 millones destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en el municipio. Según el ente investigador, habrían hecho distintas movidas como la falsificación de documentos y fragmentar contrataciones.
Lo que dice la Fiscalía es que identificó posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de los comicios. "Entre ellas están el fraccionamiento de la contratación, el uso de facturas fraudulentas e inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible", de acuerdo con lo dicho por el ente investigador.
En los presuntos hechos habrían participado el alcalde Moreno Mena; el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala.
Las pruebas apuntan a que los seis funcionarios de la alcaldía, al parecer, "intervinieron de diferentes maneras en varios contratos que no se suscribieron en el marco de un proceso contractual planificado, fraccionando su objeto para evitar un mecanismo de selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificando el giro directo del dinero".
El ente investigador especifica que "el alcalde, como ordenador del gasto, conocía la cuantía total y el objeto de la contratación, pero habría dispuesto dividirla en varias resoluciones". También, lo señalan de "no incluir la necesidad presupuestal en el plan de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025″.
Dentro de las actuaciones con las que se habrían desviado los recursos, dice la Fiscalía, "fueron autorizadas cinco partidas por un total de 200 millones de pesos". Las pruebas señalarían que solo una parte del dinero fue utilizada para la logística electoral y que el dinero faltante habría sido soportado con cuentas de cobro y facturas fraudulentas.
Las cuentas habrían sido por la entrega de almuerzos, algunas sin fecha; documentos sobre suministro de combustible expedidos después de los comicios o con valores superiores a los precios reales, y constancias que buscaban simular el pago de viáticos a jurados electorales por valores elevados.
Por los presuntos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó imputó a los seis investigados los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Si embargo, ninguno aceptó los cargos.
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