DIMAR: descentralizar sí, regionalizar no

La autoridad marítima no se ejerce desde Bogotá; lo hace en las Capitanías de Puerto. La Dirección regula, planea, abastece, controla, representa al Estado y es segunda instancia jurídica.

La autoridad sobre naves, navegación, puertos, gente de mar, litorales y operaciones corresponde a los Capitanes de Puerto, quienes por ley y tradición la ejercen. Ellos tienen el poder inmediato, la decisión ejecutiva, la capacidad sancionatoria y el conocimiento local.

Trasladar a DIMAR porque "las decisiones del mar se toman desde Bogotá" parte de una premisa equivocada: esas decisiones no son capitalinas, son locales. Si se quiere fortalecer la gobernanza regional, la respuesta es fortalecer a quienes ya ejercen la autoridad: los Capitanes de Puerto y sus equipos.

Colombia marítima no es solamente Caribe

La geografía colombiana es sui géneris: pocos países tienen dos océanos y algunos de los ríos más caudalosos del mundo. Por eso la autoridad marítima no puede mirarse desde un solo litoral.

Tenemos Caribe, pero también Pacífico, Archipiélago, Amazonía, Orinoquía y fronteras fluviales. Tumaco enfrenta realidades muy distintas de Santa Marta. San Andrés tiene una condición geopolítica particular, y Barranquilla es única por el río Magdalena. En la Amazonía y la Orinoquía hay responsabilidad fronteriza vital, que también es misión de DIMAR.

Trasladar la Dirección General a una ciudad puerto no descentraliza la autoridad nacional: traslada su centro de gravedad hacia una de las regiones que debe atender, con riesgo de alejamiento o detrimento de otras. No se trata de defender Bogotá frente a las ciudades puerto. Se trata de evitar que la descentralización se convierta en centralización regional.

DIMAR ya tiene la arquitectura para gobernar desde las regiones

DIMAR tiene presencia física donde se ejerce su autoridad: Capitanías distribuidas a lo largo del territorio marítimo y fluvial bajo su jurisdicción.

Si el presidente quiere gobernar temporalmente su territorio marítimo desde Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Leticia o cualquier otra región, ya tiene dónde despachar: se llaman Capitanías de Puerto. Esa fórmula permite un gobierno más presente sin sacrificar la visión integral de la autoridad para todo el territorio nacional.

Una autoridad nacional, no una autoridad caribeña

DIMAR no es solo la autoridad de un puerto. Es autoridad nacional como Estado de bandera, Estado rector del puerto y Estado ribereño. Regula y supervisa la seguridad marítima, la navegación, la gente de mar, los buques y los intereses marítimos nacionales.

Su misión tampoco termina en las fronteras. Participa en la OMI, la OHI y la IALA, entre otros organismos, donde Colombia construye y adopta estándares internacionales que hacen del comercio, las naves, las tripulaciones y el ambiente espacios cada vez más seguros. Debe relacionarse permanentemente con la Presidencia, Defensa, Cancillería, Transporte, Ambiente, Comercio, Agricultura, Trabajo y múltiples entidades nacionales e internacionales.

Una autoridad como DIMAR necesita estar cerca de su objetivo misional para ejercer autoridad, como ya ocurre, pero también cerca del Estado y del mundo para representarlo. Bogotá ofrece conectividad aérea directa con los centros de decisión y organismos internacionales, facilidades logísticas y administrativas accesorias, y equidistancia frente a todas las regiones.

El riesgo de una autoridad paralela

Un director general instalado en un puerto podría terminar involucrándose en asuntos cotidianos que no le corresponden: comités náuticos, dragados, maniobras, siniestros. El gremio y las demás autoridades tenderían naturalmente a buscar al almirante como referente, menoscabando la autoridad del capitán de Puerto.

Surgiría una autoridad paralela: la nominal en cabeza del capitán, y la percibida como más resolutiva en cabeza del director general. Eso debilitaría precisamente el modelo descentralizado que se pretende fortalecer.

Jurídicamente, el régimen de DIMAR distribuye funciones entre Capitanías y Dirección General, incluyendo su competencia como segunda instancia. Si el director interviene en una decisión operativa y luego esa acción llega a su conocimiento, quedaría llamado a revisar sus propias actuaciones. Existen mecanismos de impedimento y recusación, pero una buena arquitectura
institucional debe evitar estos conflictos. La separación entre quien ejerce la autoridad operativa y quien revisa sus actuaciones protege la imparcialidad y la legitimidad de la decisión.

El ejemplo de la Armada

La Armada Nacional mantiene su Comando en Bogotá por equidistancia, conectividad y articulación institucional. Nadie sostendría que por ello dejó de ser una institución esencialmente marítima y fluvial. La misma lógica aplica a DIMAR: la ubicación de su Dirección General no es distancia frente al mar. La autoridad operativa ya está en los mares, ríos y puertos; la Dirección General debe garantizar que funcione como un sistema nacional.

Una lección histórica

Hace ocho años, durante la campaña presidencial, en Cartagena se formularon críticas contra DIMAR. Ya en el Gobierno, tras conocer su estructura, sus funciones y su proceso de transformación, el entonces presidente Iván Duque rectificó y respaldó ese proceso. La lección no es que los presidentes no deban cambiar de opinión: gobernar también es escuchar, estudiar y cambiar el rumbo cuando la evidencia lo aconseja.

Las ciudades puerto pueden ganar sin tener la sede central

Cualquiera de los grandes puertos tiene méritos para consolidarse como capital marítima y portuaria del país. Su fortalecimiento, conectividad fluvial, cabotaje, comercio exterior y clúster marítimo le convienen a Colombia. Pero ese objetivo no depende de albergar la sede de DIMAR. Pueden recibir más capacidades técnicas, infraestructura, tecnología, formación y presupuesto. Pueden ser escenario frecuente de despacho presidencial y de reuniones de alto nivel sobre
asuntos marítimos y fluviales. Eso también es descentralizar.

Nada de esto desconoce un reclamo legítimo: durante décadas, el Caribe ha sentido que el Estado decide sobre el mar desde lejos. Pero responder a esa deuda con el traslado de una sede replicaría el mismo desequilibrio frente al Pacífico, San Andrés y la Amazonía-Orinoquía, que tienen idéntico derecho a sentirse centro de la autoridad nacional. Descentralizar no es elegir una nueva
capital del mar, sino garantizar que ninguna región quede por fuera.

DIMAR, además, se ha venido autoevaluando y modernizando, con referentes internacionales que, sin ser comparables, han sido útiles. Queda mucho por mejorar, pero ese aprendizaje es el activo más valioso y no debería sacrificarse por una discusión sobre direcciones postales.

Los temas de fondo —intereses marítimos, eficiencia portuaria, comercio internacional, empleo de la gente de mar, protección del medio marino, seguridad integral, logística y capacidad de transporte propia— no dependen de dónde quede un despacho. Es en esos temas, y no en la ubicación de una sede, donde debería concentrarse el debate sobre la infraestructura marítima estratégica nacional.

Una decisión de país

El presidente merece respaldo en su propósito de llevar el Estado a las regiones. En DIMAR, lo que se busca con un traslado de sede ya está resuelto mediante su estructura descentralizada. Tampoco sus problemas y necesidades se resuelven con esa mudanza.

El modelo del capitán de Puerto como verdadera autoridad legal y de facto funciona igual en el mundo entero. Cambian los nombres —Prefectura, Harbor Master, Havnefoged (alguacil depuerto)—, pero el concepto es el mismo, aunque tengan superiores administrativos, regulatorios y proveedores centrales.

La pregunta no debería ser dónde queda la Dirección General, sino cómo garantizamos que todas las regiones tengan una autoridad sólida, técnica, moderna, coherente con el mundo e imparcial.

No se trata de escoger entre Bogotá o un puerto, ni entre Caribe y Pacífico. Se trata de seguir erigiendo una autoridad nacional con capacidad territorial, unidad de criterio y proyección internacional.

El problema no es que DIMAR esté distante del mar. El verdadero riesgo es quedar demasiado cerca de una sola región.

Descentralizar, sí. Fortalecer las regiones, sí. Pero regionalizar la cabeza de la autoridad nacional requiere una justificación de país que vaya más allá de las necesidades de una región.