Acudir al Fondo Monetario Internacional

La pregunta no es si eso puede ser útil. Bien diseñado, lo sería. La pregunta es si este gobierno, tal como se está configurando, tiene la capacidad política y comunicativa para administrar un acuerdo de ese tipo sin convertirlo en un frente de confusión.

Un acuerdo precautorio —no un salvamento dramático de última hora— puede cumplir tres funciones básicas. Primero, anclar expectativas. Para la confianza de los inversionistas y los acreedores, cuenta más una trayectoria fiscal avalada y vigilada externamente por el FMI, que la consabida sucesión de proyecciones fiscales llenas de optimismo y carentes de viabilidad.

Segundo, asegurar liquidez frente a choques externos. Con las tasas de interés al alza en los mercados internacionales, es prudente cubrirse del riesgo de cualquier otro evento desagradable —de esos que Trump es capaz de sacar de la chistera en cualquier momento— que pueda afectarnos directamente o por contagio.

Tercero, obligar a ordenar prioridades. Un marco explícito ayuda a responder preguntas que la política prefiere esquivar: ¿qué gasto se protege pase lo que pase, qué puede postergarse, qué programas merecen morir, qué reformas deben escalonarse porque simplemente no hay caja para todo al mismo tiempo?

El verdadero cuello de botella para que un acuerdo con el FMI sea beneficioso para el país es el estilo de gobierno que está tratando de imponer el presidente. Un acuerdo con el FMI no es un documento firmado en Washington que luego se guarda en un cajón. Es un instrumento para orientar proyectos de ley y decisiones de gasto y, sobre todo, para estructurar la conversación política. Pero eso requiere un mínimo de consistencia interna. Requiere que Hacienda, Planeación y los ministerios sectoriales manejen el mismo diagnóstico fiscal, con la misma aritmética. Requiere que lo que se acuerde afuera coincida con lo que se pone en el Marco Fiscal y en las reformas que se presentan adentro.

Por ejemplo, el presidente se ha declarado abiertamente a favor de un modelo económico pro‑mercado y extractivista tradicional, con fracking e infraestructura minera en primera fila. Pero la ejecución simultánea de esas promesas genera colisiones dentro de su propio gabinete, pues no es fácil balancear la austeridad fiscal inmediata con la altísima inversión inicial que requieren justamente el fracking y la expansión minera. Para los observadores dentro y fuera del país puede parecer que el gobierno se ha propuesto objetivos que no se concilian con la restricción fiscal.

En estas circunstancias, un acuerdo con el FMI es una jugada de “alto riesgo, alta recompensa”. Si el gobierno logra coordinarse, el acuerdo puede ser el marco que ayude a ordenar. Si no, el acuerdo se convierte en el caballito de batalla que unos usarán como excusa para oponerse a todo y otros como justificación para imponer medidas impopulares. El FMI puede ejercer disciplina y coherencia en el papel, pero en los hechos esa es la tarea del gobierno.

El otro problema es la comunicación. Este gobierno arranca con un presidente que acapara la palabra. En casi todo. También en temas económicos. El resultado es conocido: anuncios largos, tono épico, confrontación con enemigos reales o imaginarios, y muy poca paciencia para la explicación de restricciones, números y matices. Los equipos técnicos quedan atrás, corrigiendo, aclarando, matizando, cuando el ruido ya está instalado.

Un acuerdo con el FMI es exactamente lo contrario de lo que se puede gestionar a punta de improvisación. Para que no se convierta en caricatura, hace falta hacer unas pocas cosas sencillas y políticamente difíciles: aclarar las cuentas fiscales y cuantificar los riesgos, y explicar el objetivo y el alcance de lo acordado.

En un esquema donde el presidente habla de todo, pero no necesariamente domina estos temas, el riesgo es predecible: un día se presenta el acuerdo como prueba de responsabilidad; al siguiente, si la coyuntura política lo pide, se agita el fantasma del “poder financiero internacional” para tomar distancia. Si esto ocurre, la desconfianza quedará instalada en la mente del público, los empresarios y los acreedores de quienes dependemos.

En Colombia hay bastante gente que entiende bien estas cosas. Hay capacidad técnica en Hacienda, Planeación, la Junta del Banco de la República y varios equipos que han lidiado con mercados, calificadoras y organismos multilaterales. El Estado colombiano es más sólido de lo que nos hacen creer los malos gobiernos que hemos tenido. Los vilipendiados técnicos y expertos con que cuenta el país saben qué tipo de arreglo con el FMI vale la pena y cuál no. Saben qué condiciones perjudicarían innecesariamente la inversión o el gasto social, y saben qué márgenes pueden mantenerse si se negocia con cuidado. Pero esa experiencia solo sirve si tiene espacio para algo más que hacer diapositivas.

Eso supone dos decisiones políticas sencillas de enunciar y difíciles de tomar. Que la estrategia no se defina en discursos, sino en un equipo cohesionado en el que se escuchen unos a otros. Que la vocería no sea monopolio del presidente, sino que quienes llevan la negociación puedan explicar, responder, admitir problemas y defender decisiones. Todavía el gobierno puede apuntar en esa dirección.