Viva Colombia, viva Israel 

A solo siete semanas de posesionado como presidente, el Gobierno de De la Espriella ha anunciado una serie de decisiones que suponen un giro radical en la relación con Israel. Entre ellas están el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, el anuncio del traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y, la más reciente, el retiro de Colombia de su intervención en el proceso que adelanta Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. En ese proceso, Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención del Genocidio, adoptada en 1948.

A las decisiones en política exterior emprendidas por el canciller Omar Bula se ha unido un discurso, a mi parecer, confuso: la lucha contra el antisemitismo. En reuniones sostenidas con miembros del Gobierno israelí en Estados Unidos, Bula dijo que rechazaba inequívocamente la persecución a judíos y adhirió a nuestro país a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. La pregunta es: ¿Dónde termina la lucha necesaria contra el antisemitismo y dónde empieza a utilizarse ese concepto para descalificar críticas legítimas a Israel?

El antisemitismo existe y hay que combatirlo. Pero una cosa es perseguir a alguien por su creencia religiosa y otra, muy diferente, cuestionar las actuaciones de un Estado contra un pueblo.

Para la muestra del genocidio, varios botones. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel era responsable de actos definidos como genocidio por la Convención de 1948. La Comisión concluyó, además, que existía la intención específica de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza. Israel rechazó esas conclusiones.

La Corte Internacional de Justicia aún no tiene una sentencia sobre el caso, pero sí ordenó a Israel medidas provisionales vinculantes para prevenir actos comprendidos en la Convención contra el Genocidio.

Ahora, si se busca más allá de informes internacionales, basta ver documentales como Naza, que, a través del testimonio de 24 militares israelíes, presenta cómo se hacen las operaciones en Gaza y los sistemas utilizados para seleccionar objetivos y realizar ataques. Uno de sus directores es Yuval Abraham, el mismo joven que codirigió No Other Land, el documental que mostraba cómo colonos israelíes sacaban de sus tierras a palestinos de la Cisjordania ocupada, apoyados por el ejército y la justicia de Israel. O basta con ver al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, mostrando orgulloso los palcos donde ahorcarán a aquellos que sean condenados por terrorismo.

Todo esto importa porque la relación entre Colombia e Israel no sólo se basa en comercio y cooperación tecnológica. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha dicho que su socio es clave en temas de seguridad, inteligencia y lucha contra organizaciones criminales. Pero que eso no nos quite la libertad de cuestionar las políticas de un Estado acusado de genocidio, que ha matado a miles palestinos, bombardeado escuelas y hospitales, bloqueado la entrega de ayuda humanitaria y generado un desplazamiento masivo y continuo. Un Estado que se apropia de tierras ajenas con maromas jurídicas y la fuerza de un ejército.

Israel puede ser un aliado estratégico de Colombia, pero ser aliados no significa ser acríticos. Tampoco apoyar sus banderas violatorias de soberanía o del Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué damos, qué recibimos y qué estamos dispuestos a sacrificar por esa alianza? Son preguntas que debe responder nuestro Gobierno.

Porque una cosa es decir “¡Viva Israel!” y otra muy distinta es preguntarnos qué parte de Israel queremos traer a Colombia.