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Es frecuente escuchar de jefes de Estado y ciudadanos del común esta crítica: “las Naciones Unidas no sirven para nada”. También, una fácil conclusión: ¿para qué mantener tanta burocracia internacional si esta no ha cumplido su propósito de detener la guerra y el hambre? La impotencia es apenas entendible, pero a menudo proviene de una mala comprensión de la naturaleza del organismo. Esta semana, cuando 193 países se vuelven a dar cita en Nueva York para la Asamblea General, vale la pena recordar su utilidad y por qué resulta tan mala idea que el Gobierno de Colombia se plantee tomar distancia de ella.
La Carta fundacional de las Naciones Unidas se firmó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las lecciones de la guerra estaban recién aprendidas. Los autoritarismos de la época estaban de salida, llevándose consigo incontables vidas humanas: se estima que más de 80 millones de personas murieron durante la llamada “Gran Guerra”; eso es, más de un 2 % de la población mundial. En ese contexto, la ONU surgió como una alternativa diplomática en la cual ya no primaba la ley del más fuerte, sino los principios de igualdad soberana entre sus miembros y el arreglo pacífico de las controversias.
Desde entonces, las Naciones Unidas han hecho presencia en decenas de conflictos alrededor del mundo. Por mencionar solo dos ejemplos, a través de sus cascos azules, la ONU acompañó la restauración de paz en Sierra Leona entre 1999 y 2005 o supervisó la desmovilización de la guerrilla del FMLN en El Salvador entre 1991 y 1995. Nuestro país es también claro ejemplo del servicio de Naciones Unidas, con una misión de verificación creada específicamente para el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, además del apoyo con personal y recursos para atender otros desafíos como desastres climáticos, la atención a desplazados y migrantes o la sustitución de cultivos ilícitos.
En términos monetarios, Colombia aporta anualmente cerca de 7,7 millones de dólares al presupuesto de la ONU. En retorno, el país gana la gestión de apoyos para el desarrollo en varias de sus regiones, como el recibido en marzo por 50 millones de dólares para el Pacífico nariñense; en resumen, un beneficio evidente para nuestros intereses.
Sin embargo, las críticas han sido crecientes tanto en Colombia como en otros países. El propio presidente Abelardo de la Espriella ha sido tajante: “La ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada”, le decía a Semana siendo aún candidato presidencial, en noviembre de 2025. A él se suman los reparos de otros jefes de Estado como Donald Trump: “Parece que lo único que hacen [las Naciones Unidas] es escribir una carta con un tono muy enérgico y luego no darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra”. También desde la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha advertido de sus limitaciones actuales: “La ONU está fallando en una de sus principales misiones, la de librar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca estuvo tan baja y su capacidad para proteger a los más vulnerables nunca fue tan pequeña”.
Es claro que el contexto actual es adverso a la búsqueda de la paz que concibió la Carta de las Naciones Unidas: coinciden en los titulares la criminal ofensiva en Gaza, la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión alrededor del estrecho de Ormuz, los enfrentamientos entre hutíes y Emiratos Árabes Unidos, el interminable conflicto en la República Democrática del Congo, y más. Sin embargo, la ONU es el único escenario intergubernamental en el que existen reglas claras y un esquema democrático que permiten superar los conflictos de forma pacífica, y es deber de los líderes mundiales defender su continuidad y fortalecer sus instituciones.
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