Contra la criminalidad se lucha dentro de las leyes

Sí, la criminalidad organizada desborda las fronteras del continente y nos tiene agobiados. El narcotráfico busca de forma pragmática los vacíos de autoridad y las geografías de menor resistencia. Por ello, la cooperación multilateral –compartir inteligencia y coordinar capacidades interinstitucionales– es el único camino viable para confrontar un fenómeno regional. Sin embargo, ese propósito no puede confundirse con el pisoteo de las normas internacionales. Tanto más cuando el desprecio del gobierno de los Estados Unidos por los derechos humanos ha sido evidente, como lo muestra su decisión, desde septiembre de 2025, de bombardear sin fórmula de juicio embarcaciones que aparentemente transportaban droga en el Caribe y en el Pacífico, acciones en las que han perdido la vida más de 200 personas. No hay debido proceso, ni constatación previa de la carga y ni certeza sobre la identidad de los tripulantes. Con ese antecedente, vale preguntarse si la entrada de Colombia a esta alianza comprende un aval a este tipo de prácticas. ¿Terminarán, además, aplicándose en nuestro propio territorio? Estas ejecuciones erosionan la autoridad moral del Estado y, a la larga, minan el respaldo de la ciudadanía en el combate al narcotráfico. Bienvenida una alianza contra el crimen, pero no otorgando una suerte de carta blanca a los Estados Unidos para pasar por encima de las normas que nos rigen.

Es comprensible que, ante la violencia que ahoga a tantas regiones, apelar al “debido proceso” parezca una abstracción irrelevante frente a la urgencia de los ciudadanos de a pie de salir a la calle sin temor a perder la vida. Con todo, ni siquiera la vía estrictamente bélica demuestra los resultados prometidos en discursos altisonantes. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., analizadas por InSight Crime, revelan que, desde que iniciaron los bombardeos a las llamadas “narcolanchas”, el precio de la cocaína en las calles estadounidenses y el volumen de incautaciones no han mostrado variaciones significativas. Estas acciones funcionan como espectáculos de intimidación, pero el crimen se adapta: han mutado rutas, sin que la producción de cocaína ceda.

No podemos ser ingenuos: Estados Unidos en sus relaciones pone por delante su interés particular sobre cualquier otro. Ya durante una cumbre del Escudo de las Américas en Panamá, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, presionó para que los miembros rompieran con la Corte Penal Internacional –una jugada que ni siquiera tiene que ver con América Latina, sino con la participación estadounidense en Medio Oriente–. Una vez más, bienvenida una alianza para combatir con mayor inteligencia y apoyo a la criminalidad que no nos deja avanzar, pero no a cambio de entregar la soberanía nacional en favor de los intereses de la potencia del norte.

El vicepresidente Restrepo prometió en entrevista con Caracol Radio que la alianza vendrá acompañada de inversión, empleo y bienestar social. Confiamos en que así sea, pues en las zonas cocaleras las comunidades recurren a economías ilícitas por falta de alternativas reales de desarrollo. Ahora que la adhesión es un hecho, el país no puede firmar un cheque en blanco que sacrifique las libertades y la soberanía a cambio de una ilusión de seguridad.

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