Alarma, sí; asombro, no

La reciente descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos, junto con la nota de aprobado que sí recibió Venezuela, no causó el revuelo que se hubiera esperado. Es una decisión que sigue afectando a nuestro país en muchos sentidos, aunque sus efectos económicos queden suspendidos por razones de “seguridad nacional”. Puede ser que toda la cantidad de comentaristas que se hacían cruces con el triste espantajo del “Cartel de los Soles” venezolano —que sigue intacto, salvo uno de sus miembros— haya preferido mirar para otro lado. Una hipótesis más benévola sería que el país y el mundo están tan sobrecargados de horrores y absurdos que su capacidad de procesamiento está seriamente mermada. O quizás sea una combinación de las anteriores.

Como fuere, es una lástima, pues la susodicha descertificación trae consigo cuatro lecciones simples pero importantes. La primera es que la guerra contra las drogas es, claro, una política criminal militarizada, pero constituye, sobre todo, un programa de control social y transnacional. Lo que ha hecho Trump es revelar, con su lógica salvaje, lo que estaba cubierto tras delgadas hojas de parra. Una cosa es enfrentar a las mafias, y otra permitir el control de nuestro país por parte de otros, o de sectores amplios de nuestra población (productores, consumidores) por toda clase de abusones.

La segunda es que esa guerra articula a los tomadores de decisiones estatales con la ilegalidad y la criminalidad organizada. Ese vínculo constituye un patrón. Aparece repetidamente: en Colombia, pero también en Ecuador, Filipinas, Afganistán, Myanmar, México y, naturalmente, los Estados Unidos (¿recuerdan a los Pepes? ¿Recuerdan el escándalo Irán-Contras? ¿Recuerdan las ofensivas homicidas de Duterte?). Añadan todos los etcéteras que se les ocurran.

Tercero: la guerra contra las drogas involucra medidas que transfieren los costos del mercado global ilegal a los hombros de campesinos y habitantes de los barrios, tomadas a menudo por fuera de cualquier proceso democrático, por personas que han estado envueltas hasta el cogote en el entorno, sólo que en los eslabones altos de la cadena. Aquí también hay un patrón; claro: solamente nosotros, los colombianos, hemos sido tan estúpidos como para fumigar repetidamente con veneno a poblaciones enteras, desde al menos la década de 1980. La historia completa de la devastación económica y humana de medidas como estas está aún por contarse. Ellas fueron posibles sólo gracias a la deshumanización e invisibilización de sus víctimas. Recuerden: ni siquiera el Afganistán bajo la ocupación occidental lo hizo. La razón: no quería terminar de deslegitimar el Estado. Que esto no se entienda aquí, y solamente aquí, es tremendamente diciente.

La cuarta es la más simple de todas. Con los Estados Unidos, y menos aún con estos, la sumisión no basta. Tampoco detiene el alud de exigencias (comenzando por la fumigación, pero no terminando allí). Pueden sentirse muy cómodos dejando a una figura en el poder, pero sometida al chantaje, como ya nos sucedió. Las relaciones pueden resultar amabilísimas ahora, pero la delegación enviada por ese país a la posesión del presidente De la Espriella no deja de ser ominosa: el fiscal Todd Blanche, el director de la DEA, otros personajes de ese mundo. El peligro principal, claro, es para nuestra ciudadanía. No lo olviden: siempre querrán más. Es como cuando adquieres un préstamo a intereses de usura.

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Cambio de tercio. El IEPRI de la Universidad Nacional cumple 40 años. Organiza el evento “Colombia en el Mundo: Violencia, Democracia y Paz”, que tendrá lugar entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre en el Auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad. En el primer panel (lunes, 2 p. m.) participarán pesos pesados globales (Elisabeth Wood, Jenny Pearce, James Putzel). A las 4 p. m. habrá una mesa con la perspectiva colombiana, en la que expondrán las destacadas profesoras Clara Rodríguez y Jenniffer Vargas. También estaré ahí. Cordialmente invitados.