Existe el racismo y en la Policía resulta letal

El 20 de septiembre, Donovan Balanta Paz regresaba a su casa en el barrio Caracolí –que ha sido destino de familias afrodescendientes desplazadas por la violencia del Pacífico colombiano– de la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, cuando se encontró con un procedimiento policial relacionado, según la versión oficial, con una riña. “Negro hijueputa”, afirma su cuñado, Elisair Viveros, que le gritaron uniformados de la Policía, mientras lo golpeaban. Horas después estaba muerto. La Policía sostiene que utilizó un táser para inmovilizarlo, que fue trasladado a la Estación de Policía de Cazucá y que allí sufrió una afectación repentina de salud que motivó su traslado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

La familia cuenta otra historia. Afirma que Donovan ni siquiera participaba en la riña, que fue perseguido después de romper una botella, que los policías profirieron múltiples insultos racistas y que recibió golpes y descargas eléctricas cuando ya estaba reducido, esposado y tendido en el suelo. Videos grabados por los vecinos lo confirman. Si las imágenes no bastan para probar un homicidio, sí bastan para reiterar preguntas serias sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada. ¿Por qué continuar utilizando descargas eléctricas sobre alguien que ya no representaba una amenaza evidente?

La muerte de Donovan inevitablemente recuerda a Javier Ordóñez. Un grupo de policías en Bogotá, en septiembre de 2020, lo asesinó también mediante una golpiza y descargas eléctricas cuando estaba reducido en un CAI. Pero existe otro antecedente que Colombia parece recordar menos. En mayo de ese mismo año, a Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente de 24 años que vivía en Puerto Tejada, Cauca, policías lo asesinaron a golpes por –al igual de Ordóñez– violar la cuarentena del COVID-19. Sin embargo, su nombre nunca alcanzó la misma visibilidad nacional. Esa diferencia merece reflexión. Cuando las víctimas son afrodescendientes y los hechos ocurren en territorios históricamente marginados, la indignación pública suele ser menor y más fugaz. Eso también es una expresión del racismo estructural.

El fenómeno está bastante documentado pero no domina la conversación pública. ILEX Acción Jurídica encontró que en Bogotá las personas con tonalidades de piel más oscuras tenían 2,57 veces más probabilidades de ser detenidas, llevadas a áreas restringidas, multadas o requisadas por la Policía. La organización ha advertido además sobre fenómenos de hipervigilancia policial en territorios con alta presencia afrodescendiente, como el barrio Caracolí. Las preocupaciones coinciden con lo señalado en agosto de este año por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de Naciones Unidas. Tras su visita a Colombia, el organismo identificó perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados.

Por eso, la investigación sobre la muerte de Donovan debe ir más allá de la reconstrucción forense y establecer si el racismo influyó en las decisiones de los uniformados. La Defensoría del Pueblo ya pidió a la Fiscalía avanzar en esa dirección y exhortó a la Policía a revisar sus actuaciones conforme a los estándares de derechos humanos. No se trata de un hecho aislado. El racismo es un problema que lleva demasiado tiempo a plena vista. Debemos llamarlo en voz alta y por su nombre.

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