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Continúan las maniobras del Gobierno para enfrentar los desafíos financieros. Recientemente se conoció que el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso un proyecto de ley con el que se busca una serie de ajustes al Presupuesto General de la Nación del año en curso.
El Ejecutivo argumenta que estos ajustes, los cuales incluyen una adición de recursos, son necesarios para enfrentar los retos que ha implicado la atención tras el sismo del 10 de agosto, así como la crisis energética en el marco del fenómeno de El Niño.
El proyecto en cuestión solicita una adición al presupuesto por COP 2,7 billones, los cuales serían encaminados a atender los efectos ocasionados por el terremoto.
“Este movimiento presupuestal pretende dirigir recursos al Fondo Milagro a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Legislativo 1379 de 2026, y que tiene objeto atender las necesidades de recursos destinados a conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos ocasionados por el sismo del 10 de agosto de 2026”, se lee en el documento radicado.
El Gobierno señala que estos recursos vendrían de los alivios creados en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, mediante el cual se permite que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones.
“En efecto, esta adición pretende en últimas darle herramientas al Fondo Milagro, cuya creación es específicamente la de financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo”, se precisa en el documento.
A esto se suma un traslado presupuestal de COP 1,2 billones para el sector energético. Estos recursos serían dirigidos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las obligaciones pendientes que los prestadores del servicio de energía eléctrica mantienen con los agentes del Mercado de Energía Mayorista.
En suma, con estas medidas se busca evitar que las dificultades financieras de las empresas de energía se trasladen al Mercado de Energía Mayorista y terminen afectando la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
“La necesidad de los recursos por COP 1,2 billones para atender una creciente crisis energética, no incrementa el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026 aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2559 de 2025, sino que busca reorientar apropiaciones existentes mediante contracréditos (disminuyendo rubros) en secciones presupuestales con saldos disponibles no comprometidos, y créditos (aumentando rubros) en la sección de la superintendencia”, explica el Gobierno.
En el proyecto de ley se aclara que los recursos no ingresarán a la libre disposición de los prestadores que resulten beneficiarios, sino que se aplicarán mediante pagos directos a sus acreedores.
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