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En no pocas oportunidades me he referido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pues, no solo le ha costado al país más de cuatro billones de pesos, sino que ha proferido pocas sentencias en contra del secretariado de las FARC. Además, las “condenas” son irrisorias y tampoco ha habido reparación a las víctimas. Este monumento a la inoperancia tiene algunos defensores de oficio, pero se convirtió en un costoso esperpento, como terminó siendo el acuerdo de paz suscrito con las antiguas FARC.
Esta semana, el expresidente Santos y Humberto de la Calle afirmaron que la JEP tiene deudas pendientes con el país y que su permanencia debe ser solo hasta el 2028, es decir acabar con ella en los plazos que estableció el inaplicable proceso de paz.
La JEP se llenó, vaya sorpresa, de burócratas de izquierda, incluyendo a la esposa del senador Iván Cepeda. Solo ha proferido 2 sentencias en firme en contra del secretariado de las FARC, ¿Y para eso necesitan 730 mil millones de pesos por cada año transcurrido desde su creación en el 2016?
Debemos recordar que el origen de la JEP es espurio, pues nació a la vida jurídica a pesar de que los colombianos le dijeron No al plebiscito que le daba validez al acuerdo de paz. Además, llegaron al Congreso los miembros del secretariado a pesar de que nos dijeron que eso no pasaría si no se hacían elegir.
Esta semana, el país se enteró de que algunos magistrados de este tribunal se han gastado 55.000 millones de pesos en viajes al exterior. ¿Para qué han servido? Para absolutamente nada.
Recordemos, además, decir que la inoperancia en contra del secretariado contrasta con la diligencia que la JEP ha tenido para condenar a algunos miembros de nuestras fuerzas militares. Si eso no es un sesgo ideológico, ¿qué es entonces?
De otro lado, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, en unas desafortunadas declaraciones, dijo que ellos no tenían que rendirle cuentas a nadie. Alega la separación de poderes para decir semejante despropósito. Es decir que la plata del erario se puede gastar como la personal, quedando claro que el magistrado Ramelli de verdad cree que los magistrados de la JEP son intocables. ¿Pueden hacer con el billonario presupuesto de la entidad lo que se les dé la gana?
La impunidad con las sentencias de la JEP es total, y resulta muy difícil explicarle a la opinión pública que, frente a delitos de lesa humanidad, los miembros de las FARC no paguen ni un solo día de cárcel.
La JEP, además, genera una burocracia costosa y paralela al sistema judicial ordinario, es decir, a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ha reeditado investigaciones para concederle impunidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad.
No habrá una reconciliación real entre los victimarios y las víctimas, cuando los procesos duran años, generando una incertidumbre jurídica prolongada.
La JEP es la muestra palpable de la imposibilidad de que el Estado cumpla el flamante acuerdo de paz.
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