“Abaratar la comida chatarra no es la solución”, advierte directora de la ONG Red Papaz

Creemos que los ataques a medidas como los impuestos “saludables”, responden a dinámicas de presión corporativa, a argumentos económicos de la industria y al aprovechamiento de coyunturas políticas. La incidencia de esas tres acciones está ampliamente documentada, tanto en el caso colombiano como en el marco global: la empresas del gremio de alimentos ultraprocesados ejercen resistencia constante en contra de los impuestos saludables para proteger sus intereses. En Colombia, desde cuando se inició el trámite de la aprobación legislativa y la entrada en vigencia de los impuestos, criticaron la medida, intentaron, con sus influencias, retrasar su implementación, lograron exenciones para ciertos productos y promovieron demandas judiciales. Usted pregunta a qué se debe esta nueva andanada. Suele ocurrir que, particularmente, la instalación de una nueva legislatura o el inicio de periodos congresionales, son identificados por los interesados como momentos idóneos para impulsar sus estrategias de freno, dilación o derogación de medidas aprobadas.

Ustedes, en Red Papaz han luchado, durante años, por controlar el consumo de los alimentos ultraprocesados y azucarados mediante medidas como la imposición de los impuestos que hoy rigen y la obligación de poner etiquetas de advertencia sobre los riesgos de su consumo. ¿Cuánto hace que iniciaron esta campaña y cuánto que se convirtió en ley?

Nuestra lucha por las políticas de alimentación saludable empezó hace varios años. En 2017 comenzamos a promover mensajes para concientizar a las personas sobre el daño que causan los ultraprocesados. Logramos la primera política, la del etiquetado frontal de advertencia en cada empaque, en el año 2021, que únicamente se implementó en el 100%, en 2024. Tomó todo ese tiempo mientras se hacía la transición entre los sellos circulares y los octogonales. La segunda política pública, o sea, la de los impuestos saludables, se activó a partir de noviembre de 2023, pero la tasa impositiva del 20% entró, en plena vigencia, solo en enero de 2025 porque se estableció que sería impuesto progresivo. Es decir, una tasa del 10% para el primer año, una del 15% para el segundo, y su punto máximo del 20% en 2025.

Pero en los textos de los proyectos de ley en contra del impuesto se afirma que el gravamen que encarece esos comestibles se está cobrando hace 3 años y que ha tenido un efecto negativo sobre los hogares más pobres porque les subió el valor de la canasta familiar.

En primer lugar, afirmar que los impuestos a los ultraprocesados llevan vigentes tres años es impreciso porque, como dije, aunque fueron creados en la reforma tributaria de 2022, empezaron a cobrarse, solo en el 10%, en noviembre de 2023, y el gravamen del 20% se aplicó a partir de enero de 2025, es decir, hace un año y 8 meses. Este es un tiempo muy corto para tener evidencia seria sobre si una medida de salud pública de largo aliento, como es esta, funciona o no. En segundo lugar, y sobre la afectación económica a los hogares en situación de vulnerabilidad hay varios puntos relevantes: primero, los alimentos básicos de la canasta familiar no se impactan porque el gravamen no recae sobre comestibles frescos, no procesados o mínimamente procesados. Además, la ley incluyó exenciones explícitas para varios productos de consumo popular como el salchichón, el bocadillo o el arequipe. La medida sí sube el precio de los ultraprocesados con exceso de azúcares libres, sodio o grasas saturadas y aditivos, pero porque son nocivos para la salud.

Sin embargo, los opositores de estas medidas intentan demostrar que las familias de bajos ingresos destinan un mayor porcentaje de sus escasos recursos, a la alimentación por lo que el resto de sus necesidades se afectarían. ¿Eso es cierto?

No. Según informes científicos internacionales, las comunidades de bajos ingresos tienen la mayor elasticidad-precio, lo que quiere decir que son las más sensibles a los aumentos de precio. Significa que reaccionan al mayor precio reduciendo la compra de productos que, en todo caso, son nocivos para su salud. Como consecuencia, son estos hogares los que, de otro lado, reciben los mayores beneficios en prevención de enfermedades, como diabetes tipo 2 e hipertensión, reduciendo, además, los gastos médicos que muchas veces tienen que salir de su propio bolsillo.

En uno de los proyectos de ley que cursan en el Congreso, se lee que su “iniciativa se concentra en aliviar la carga económica que enfrentan los hogares… de los estratos 1, 2 y 3…”, porque pese a que los paquetes de papas, otros fritos y embutidos sean más caros, seguirían siendo la comida predilecta de las capas populares.

Es falso que sea una “comida predilecta e inmodificable” como se lee en algunos textos. Los datos empíricos desmienten la idea de que las familias de estratos 1, 2 y 3 seguirían comprando la misma cantidad de ultraprocesados sin importar su costo. Cuando estos comestibles aumentan de precio, como acabo de comentar, las familias de estratos bajos son las que más reducen su compra. Es lo mismo que ocurre en otros países. En Colombia, la reducción efectiva del consumo de estos comestibles se constata en la Encuesta de Calidad de Vida. Allí se indica que la compra de bebidas azucaradas disminuyó 2,9 puntos porcentuales; y la de ultraprocesados se redujo 4,3 puntos porcentuales. Además, hay que señalar que se trata de una trampa del entorno alimentario: El consumo de fritos, paquetes o embutidos, en sectores populares, no responde a una preferencia cultural intrínseca, sino a entornos alimentarios desequilibrados, impulsados por las grandes industrias del sector.

¿Qué quiere decir con “entornos desequilibrados”?

Que en los entornos populares hay una alta disponibilidad de ese tipo de comestibles por su publicidad agresiva y por sus precios bajos en comparación con el acceso a alimentos reales. El impuesto a los ultraprocesados corrige esa distorsión y hace que la opción saludable sea comparativamente más atractiva.

Entonces, ¿podría decirse que la verdadera ganancia para las clases populares está en el mejoramiento del estado de salud de sus consumidores o en impedir que les lleguen las enfermedades derivadas de los excesos de grasa, sodio, azúcares etc.?

Exactamente. Presentar la eliminación del impuesto como un “alivio económico” ignora que las enfermedades no transmisibles (como la diabetes, la hipertensión o los eventos cardiovasculares) causan gastos médicos de bolsillo catastróficos, discapacidad laboral y empobrecimiento familiar, en los estratos vulnerables. Dado que los sectores de menores ingresos sufren con mayor severidad estas patologías, y reaccionan más al incremento de precios, los impuestos saludables son progresivos en términos de salud, generando, para ellos, el mayor beneficio en prevención de enfermedades. La solución equitativa es subsidiar los alimentos reales, no abaratar la comida chatarra. Si la preocupación de los congresistas fuera, realmente, la carga económica de las familias pobres, la estrategia no sería la de derogar el impuesto a los productos nocivos, sino la de destinar su recaudo a financiar subsidios y alivios de precio para los alimentos frescos o mínimamente procesados.

¿Por qué los alimentos ultraprocesados y azucarados producen efectos negativos en la salud humana?

Los alimentos ultraprocesados y azucarados le producen daños profundos a la salud humana debido a la transformación industrial que sufren y que altera su estructura natural cuando introduce componentes sintéticos. La evidencia médica demuestra que sus impactos negativos no se limitan a un mal perfil nutricional, sino que abarcan mecanismos metabólicos, neurobiológicos y químicos. El procesamiento industrial destruye la arquitectura física y química natural de los alimentos. Esto acelera la digestión y la absorción de nutrientes como azúcares refinados y grasas, provocando picos glucémicos elevados y alterando las señales hormonales de saciedad.

Foto: Getty Images - Kwangmoozaa

Esos procesos industriales, ¿cómo alteran la naturaleza de la comida sana? ¿Cómo se elaboran para hacer atractivo su consumo, de tal modo, que muchas personas se vuelven adictas?

Combinan azúcares, grasas y sal en proporciones no encontradas en la naturaleza, junto con aditivos cosméticos. Esta combinación estimula los circuitos de recompensa del cerebro y reduce la necesidad de masticación, promoviendo un consumo compulsivo y una conducta adictiva similar a la observada con el tabaco. Contienen aditivos industriales que deterioran la microbiota intestinal (digestión), dañan la barrera intestinal y desencadenan inflamación sistémica de bajo grado. Durante la cocción industrial a altas temperaturas, se generan compuestos tóxicos. Además, debido a sus envases plásticos, sufren la pérdida de nutrientes. Y aportan, desproporcionadamente, calorías vacías, azúcares libres, sodio y grasas trans o saturadas, al tiempo que desplazan el consumo de fibra dietética, micronutrientes esenciales y fitoquímicos protectores.

¿Cuáles son los efectos negativos para la salud humana?

De nuevo, de acuerdo con una amplia jerarquía de evidencia científica, los efectos pueden ser: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, niveles elevados de triglicéridos y colesterol, síndrome metabólico, infartos y accidentes cerebrovasculares.Incremento en el riesgo de depresión y ansiedad. Se ha comprobado incidencia en enfermedades gastrointestinales, renales y hepática. También se ha hallado correlación con el riesgo de contraer cánceres específicos (colorrectal y de mama), así como caries dentales masivas en niños y adolescentes. Al final, todo conduce a una mortalidad prematura.

En el año y medio de existencia de los impuestos “saludables” en Colombia, ¿hubo cambios en el consumo de ese tipo de alimentos?

En cuanto a si estos comestibles empaquetados fueron sustituidos por opciones más naturales, la evidencia disponible identifica dos dinámicas principales de respuesta: 1. Reformulación de la oferta industrial: como reacción directa al impuesto y al etiquetado frontal de advertencia, las empresas reformularon una porción significativa de sus productos a reducir los contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas, logrando así quedar exentas del gravamen o poder eliminar los sellos. 2. Sustitución, en la demanda, de los consumidores: la evidencia internacional muestra que la disminución en la compra de ultraprocesados suele ir acompañada de un aumento en la adquisición de alimentos frescos. En Colombia, las cifras aún no permiten afirmar que los consumidores hayan trasladado su consumo a alimentos reales. Para lograrlo, es fundamental que los impuestos saludables se acompañen de subsidios directos a alimentos mínimamente procesados.

En uno de los proyectos se insiste en que los comestibles gravados con impuestos saludables “(son) alimentos de bajo costo de los que la población vulnerable obtiene buena parte de sus cereales y de su proteína…” Y concluye que, por eso, es un grave error encarecerlos. ¿Cómo entiende usted ese argumento? ¿Se estaría sugiriendo que no hay que controlar la calidad de la comida que consume la población vulnerable con tal de que tenga que comer, o interpreto mal el texto?

La interpretación es acertada y toca el centro del debate ético y de salud pública. Ese argumento presentado en los proyectos de ley, se basa en la aceptación implícita de una premisa peligrosa: que la calidad nutricional de lo que consumen las poblaciones vulnerables es secundaria, y que deben resignarse a consumir ultraprocesados de baja calidad con tal de satisfacer los requerimientos calóricos básicos. A la luz de la evidencia científica y los marcos de derechos humanos, ese argumento se basa en una falsa equivalencia entre “cereales/proteínas” y nutrición a través de los ultraprocesados: calificar la comida chatarra como una fuente de cereales o proteínas, invisibiliza su verdadera composición. Aunque contengan derivados de cereales o soya, vienen acompañados de elevadas concentraciones de azúcares, sodio, grasas saturadas y aditivos industriales que dañan la salud metabólica de las personas. Defender la exención impositiva porque estos productos son “el alimento de los pobres” también perpetúa un entorno alimentario desigual. La verdadera solución es la accesibilidad a alimentación real.

Los cuatro proyectos, ¿están siendo impulsados por cuáles congresistas y estos, a cuáles partidos pertenecen?

El primer proyecto fue presentado en la Cámara y pretende, según su título, “corregir el impacto inflacionario y derogar el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados… o con alto contenido de azúcares añadidos” supuestamente para “proteger el poder adquisitivo de la población vulnerable”. Sus autores son el representante Nicolás Barguil Cubillos y su primo, el senador David Barguil Assis, ambos del partido Conservador. El segundo proyecto fue presentado en la Cámara para “proteger el comercio popular”. Lo firman los representantes Daniel Briceño, David Cote Rodríguez, Jesús Armando Bedoya; así como los senadores Carlos Meisel, Honorio Henríquez, presidente del Congreso, y Juan Fernando Caicedo, (además de otras firmas), todos ellos del Centro Democrático. Entre los autores del tercer proyecto están, de nuevo, los representantes Briceño y Cote, junto con Carol Borda y otros, del Centro Democrático. Y el cuarto fue presentado por los representantes Jesús Salim Lorduy y los senadores Enrique Cabrales y Juan Fernando Espinal, también del Centro Democrático.

Con lo cual uno puede deducir que la eliminación del impuesto saludable es un propósito, no solo de unos parlamentarios sino de todo el partido del expresidente Uribe y de los conservadores. ¿Cuáles sectores económicos que producen esos comestibles, se beneficiarían con la eliminación de esos gravámenes?

Se beneficiarían las industrias que fabrican y comercializan masivamente, tanto los productos sólidos como los bebibles ultraprocesados, y tanto las firmas nacionales como las internacionales que operan en Colombia. Aunque algunas de esas empresas son conocidas por su capacidad de lobby directo en el Congreso, la mayoría no actúa de manera directa, sino que lo hacen a través de sus gremios.

El medio digital "Vorágine" denunció que algunos de los parlamentarios que impulsan la eliminación del impuesto saludable, por ejemplo, el representante Daniel Briceño, han recibido dineros de las empresas que producen los ultraprocesados. ¿Ustedes han constatado la veracidad de esa información?

La financiación de las campañas políticas por parte de las grandes industrias de ultraprocesados es una realidad y la hemos podido constatar desde hace varios años. ¿Qué hemos visto? Que, muchas veces, quienes toman las decisiones de política pública, en este caso, los congresistas, se convierten en un vehículo para materializar los intereses particulares de las industrias. Se ha constatado que las industrias de ultraprocesados que financian los partidos o las campañas de los candidatos, generan una tensión a la hora de legislar. Por supuesto, en democracia, antes que intereses comerciales o compromisos por financiación, lo que debería guiar la toma de decisiones en el Congreso, es la decisión de proteger los derechos de la sociedad; en este caso particular, los de los consumidores, en especial, los de la niñas, niños y adolescentes.

Esta discusión no se da solo en Colombia. Muchos otros países la enfrentan. ¿Con cuáles resultados?

A nivel internacional, la implementación de impuestos saludables a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados o con alto contenido de grasas, sodio o azúcares, cuenta con un volumen creciente de evidencia científica y evaluaciones de impacto. Actualmente, más de 50 países aplican impuestos a bebidas azucaradas y, al menos, 21 países han implementado gravámenes especiales a categorías de ultraprocesados. Una revisión sistemática de 20 estudios internacionales concluyó que el 90% de las evaluaciones registraron reducciones estadísticamente significativas en las ventas, compras o consumo de los productos gravados y que los impuestos saludables tienen una recaudación e impacto proyectado en salud, a largo plazo.

Impuesto a la comida ultraprocesada: 11 demandas, 4 proyectos para eliminarlo

Aquí estamos hablando de un problema de moral pública: los congresistas que impulsan proyectos de ley (en contra del impuesto a los comestibles ultraprocesados) y que están intentando favorecer a sus financiadores, se “venden” y “venden” los votos de sus electores. ¿Qué piensa?

Que estoy de acuerdo con usted, y que ese modo de operar ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con las tabacaleras y las empresas productoras de bebidas azucaradas, entre otras. Obstaculizar las medidas de salud pública que protegen a la población mediante las tácticas de frenar la toma de decisiones favorables a la salud, o con el objeto de dilatarlas o de lograr que, si se aprueban, sean muy débiles, es una conducta reprochable. Como la medida ya es un hecho en Colombia, lo que pretenden ahora es eliminarla. Pero este intento no es nuevo: viene desde cuando fue aprobada, en noviembre de 2022. La norma que logró los votos suficientes para que se convirtiera en una obligación impositiva, ha superado 11 demandas y ahora estamos enfrentando cuatro proyectos de ley.