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La paradójica postura de Colombia al retroceder en derechos que ayudó a construir

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Juliana Bustamente es abogada y directora de Vértice-Política, derechos humanos y paz.

IG: verticepolexterior, @julibustamanter, X: @verticepolext

www.verticepolexterior.com

Hay decisiones de política exterior que parecen limitarse al lenguaje diplomático, pero que en realidad dan cuenta de la posición de un Estado frente a los derechos humanos. La intervención de Colombia del 7 de octubre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una de ellas.

En la sesión 43 de su 63.° periodo de sesiones, Colombia anunció que se disocia de la expresión salud y derechos sexuales y reproductivos, por considerar que no constituye lenguaje universalmente acordado ni tiene una definición en tratados vinculantes. También precisó su interpretación de expresiones como género, violencia sexual y de género, estereotipos de género y perspectiva de género. Esta postura estuvo alineada, por primera vez, con las de países como Pakistán, Indonesia, Egipto, Irak y Kuwait.

El asunto merece atención no por una disputa terminológica, sino por lo que significa que Colombia adopte hoy estas reservas después de haber contribuido durante años a consolidar ese lenguaje en el sistema internacional.

La documentación sobre la actuación colombiana en el Consejo es elocuente. Desde 2009, Colombia respaldó 61 resoluciones que utilizan la expresión salud y derechos sexuales y reproductivos o formulaciones relacionadas y fue patrocinador principal de 16 de ellas. En 2012 patrocinó la resolución 21/6 sobre mortalidad y morbilidad materna, que incorporó esa referencia; en 2018 patrocinó la resolución 38/1 sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, que incorporó la referencia al derecho a la salud sexual y reproductiva; y en 2023 patrocinó la resolución 54/16, que exhorta a los Estados a respetar, proteger y cumplir ese derecho. Como miembro del Consejo, Colombia también votó en contra de las 15 enmiendas sometidas a votación en 2025 y 2026 que buscaban eliminar o debilitar referencias a los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía corporal, la educación sexual integral y el género.

La nueva posición obliga entonces a plantear una cuestión que va más allá de la diplomacia, ¿cuáles son los límites constitucionales de un cambio de esta naturaleza en la política exterior colombiana?

La Constitución de 1991 no dejó las relaciones internacionales al margen del derecho. El artículo 9 establece que estas se fundamentan, entre otros elementos, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 93, por su parte, incorpora al orden constitucional los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.

La Corte Constitucional ha advertido que estas disposiciones imponen obligaciones a las autoridades encargadas de dirigir las relaciones exteriores. En la sentencia C-269 de 2014, sostuvo que el artículo 9 no es una simple orientación política y reconoció entre los principios relevantes para las relaciones internacionales de Colombia la buena fe y el pacta sunt servanda. También señaló que las autoridades deben armonizar el ordenamiento interno con las obligaciones internacionales y evitar situaciones de incumplimiento.

Esto resulta particularmente importante frente a la fórmula utilizada por Colombia el 7 de octubre. La declaración de la delegación señala que las expresiones cuestionadas serán interpretadas conforme a la Constitución, las obligaciones internacionales vinculantes y la legislación nacional.

Pero la Constitución no ofrece una definición aislada ni restrictiva de igualdad y autonomía. El artículo 13 proscribe la discriminación; el artículo 43 reconoce la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; y el artículo 93 exige interpretar los derechos constitucionales de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

En ese marco, la autonomía reproductiva no es una categoría puramente diplomática. La jurisprudencia constitucional la ha vinculado con la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Y en el sistema interamericano, la Corte IDH, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, vinculó expresamente la vida privada con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva.

Algo similar ocurre con el concepto de género. La declaración de Colombia señala que interpretará “género” y sus expresiones derivadas conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma. Esta disposición define el término, para los efectos del propio Estatuto, en referencia a los dos sexos, masculino y femenino; no constituye una definición general y exhaustiva para otros ámbitos del derecho internacional. La Corte Constitucional colombiana ha desarrollado, además, una comprensión más amplia de estas categorías: en la Sentencia C-804 de 2006 reconoció el papel de los estereotipos sociales y culturales en la reproducción de la discriminación por razón de sexo, mientras que en la T-099 de 2015 desarrolló el concepto de identidad de género y su relación con la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Reducir la interpretación de género a la definición del Estatuto de Roma desconoce, por tanto, el desarrollo constitucional propio de Colombia en esta materia.

Hay además una dimensión institucional que no debería perderse de vista. Una política exterior de derechos humanos no pertenece exclusivamente al gobierno que la administra. Cuando Colombia ha patrocinado durante años resoluciones sobre mortalidad materna, discriminación contra las mujeres, violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, ha contribuido a definir una posición estatal en escenarios multilaterales. Su participación internacional en estos temas ha sido consistente desde 2009 hasta 2026 e incluyó iniciativas presentadas directamente por Colombia.

Cambiar esa política es jurídicamente posible cuando existen razones para hacerlo. Sin embargo, ello exige hacerse cargo de las obligaciones internacionales vigentes, de la Constitución y de la jurisprudencia que durante décadas han delimitado el margen de actuación del Estado.

La preocupación, por tanto, no debería centrarse únicamente en las palabras que Colombia decidió retirar o reinterpretar, sino en lo que significa para su política exterior tomar distancia de estándares de igualdad y autonomía que durante años ayudó a construir y que encuentran respaldo en su propio orden constitucional y en el sistema interamericano.

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Colombia tiene derecho a modificar sus posiciones diplomáticas, pero no puede desconocer el marco jurídico que vincula al Estado. Ahí está el verdadero debate que abre la intervención del 7 de octubre, pues no se trata de simples expresiones, sino de los límites constitucionales de una política exterior que, cuando se ocupa de derechos humanos, también está obligada a actuar de buena fe y a honrar sus compromisos constitucionales y ante la comunidad internacional.

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Comentarios
  • John(ek2r0)•08 de octubre de 2026 – 08:55
    La pregunta ante los desmanes virreinales del goberno actual sería:¿ Y la Corte Constitucional es que está de vacaciones con el Min Vivienda?
  • Mar(60274)•08 de octubre de 2026 – 07:57
    Excelente columna. Ahora un payaso como lo es de la espriella nos viene a ordenar que pensar y es tan estúpido que quiere desconocer la realidad y cree que palabras negacionistas pueden ocultar los hechos.
  • Ernesto Pavel(38649)•08 de octubre de 2026 – 07:49
    Muy buena columna y muy bien sustentada en claras normas constitucionales y valiosos aportes de la jurisprudencia. Ojalá la leyeran los del alto gobierno para ver si aprenden nociones elementales de derecho constitucional. ¡Ah falta que les hace!
  • Hugo(14000)•08 de octubre de 2026 – 07:18
    Tal vez "Colombia" es un vocablo poco exacto para referirse a lo que han dicho y hecho sus gobiernos . Esto les ha gustado a muchos ,disgustado a otros y cuestionado por más de uno
  • Manuel jose(f4n5o)•08 de octubre de 2026 – 05:31
    Excelente columna, hay claridad en sus conceptos, parece que estuviéramos retrocediendo en el tiempo, estamos desfasados con respecto a los nuevos avances humanos, este nuevo gobierno no tiene argumentos científicos, solo argumentos bíblicos fuera de tiempo y de contexto, manipulan la conciencia de las iglesias, eso puede llamarse corrupción moral y ética?
  • Dionisio(cvtsc)•08 de octubre de 2026 – 05:26
    Nada paradójico: es la consecuencia de un gobierno de aficionados que creen que ser nombrado presidente equivale a ser nombrado emperador y entonces se hace lo que se les dé la gana. Excelente llamado de atención a que incluso este emperadorcillo y sus secuaces deben ajustarse a la Constitución. Quedan además muy bien documentados en esta columna todos los daños que están haciendo estos fanáticos religiiosos y que con suerte el próximo gobierno deberá enmendar.
  • Francisco(78033)•07 de octubre de 2026 – 19:21
    Los de la comunidad LGBTIQ+ nos tienen hasta la coronilla: cásense, adopten, declárense No Binarios en su CC pero no jodan más. Cada cual viva con base en su orientación sexual pero no más demagogia y chilladera.
  • luise(43869)•07 de octubre de 2026 – 17:29
    Ud. Votaron mayoritariamente por este dinosaurio, aguántese 4 años , no es hora de llorar
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